Una escena que parece llegada desde el pasado: la topadora demoliendo una casilla en medio de una villa. Se trata del derribo de bunkers de droga –así se denomina a los puntos de venta de estupefacientes fraccionados–una práctica llevada adelante de manera integral y persistente algunos años atrás por los distintos niveles del Estado. Ahora, de la mano de la recientemente sancionada Ley de narcomenudeo, se retoma esta acción cuyo objetivo es terminar con las bocas de expendio ilegales que promueven condiciones inseguras en las zonas en las que se radican.
A 13 días de que la normativa provincial vea la luz, el gobierno provincial procedió este jueves al derribo de un bunker en Riobamba al 5000, que de acuerdo a lo que indican fuentes oficiales está vinculado a una causa que investiga la venta de drogas a las órdenes del “clan Riquelme”, y las amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro. Con una máquina, se procedió a tirar abajo una construcción precaria en la que, de acuerdo a una investigación judicial, era sede de narcomenudeo o microtráfico. “Es la primera muestra pública de la aplicación concreta de la ley, más allá de la faceta investigativa y judicial que lleva adelante la Fiscalía, en coordinación con la PDI y demás fuerzas investigativas. Lo que esta ley permite es la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefaciente en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, la ley permite el derribo o demolición forzosa”. , explicó el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
El funcionario, quien brindó una conferencia de prensa en el lugar, explicó que“esta Ley pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y nos enfocamos en la desactivación del punto de venta en concreto. La justicia federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta”.
Cococcioni apuntó que “estamos trabajando en un programa de intervenciones focalizadas para sostener la convivencia en el territorio; sostener la presencia policial disuasiva y evitar que la actividad ilícita vuelva a instalarse. Los vecinos pueden denunciar acciones irregulares o venta de droga en los Centros Territoriales de Denuncia o al propio MPA que incluso tiene una página web para hacer denuncia online”.
Cococioni confió que dada la rapidez con la que se puso en marca la ley, “se arrancó con lo que hay”, pero aseguró que se continuará profundizando las tareas con nuevos recursos que permitan también trabajar en la prevención y en la inteligencia criminal. “Se van a ir diseñando estrategias”, dijo.
Por su parte, la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich explicó: “Quiero aclarar que este búnker que ustedes ven precario, nosotros lo hemos priorizado porque es lo que técnicamente llamamos "un mercado abierto de drogas" que genera violencia altamente lesiva”.
La fiscal general fue contundente: “Este búnker fue generador de la muerte de una persona; y si damos una vuelta por el barrio vemos que hay una escuela primaria a unos pocos metros y otra escuela a tres cuadras, entonces claramente para nosotros fue uno de los ejercicios prioritarios de la gestión, que como lo dijo el ministro empezó hace 13 días con los mismos recursos”, exclamó la funcionaria.
Allanamientos por narcomenudeo y amenazas al gobernador
Fuentes provinciales informaron que la Policía de Investigaciones realizó 10 allanamientos el pasado fin de semana en barrio Ludueña, Empalmes y Rosario por una causa que investiga narcomenudeo y amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro.
A partir del análisis de los teléfonos celulares de los imputados Carlos Román Moreno y Tiziano Díaz surgió información de relevancia sobre la comercialización de drogas vinculadas al “clan Riquelme”, por lo que la Fiscalía, a cargo de Franco Carbone, ordenó tareas de campo necesarias para identificar los “búnkeres” vinculados al grupo.
Es así que, el viernes 5 y la madrugada del 6 de enero personal de la PDI allanó un total de 10 domicilios. Como resultado detuvieron a cuatro personas (tres hombres y una mujer) y secuestraron 9 celulares, 3 armas de fuego, municiones y marihuana. Este jueves se realizó la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal.
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