Organismos de derechos humanos de Santa Fe denunciaron que el ex sargento del ejército Jorge Balla viola las condiciones exigidas por el régimen de prisión domiciliaria. Se trata de un represor condenado a prisión perpetua por homicidios agravados como crímenes de lesa humanidad, dada su autoría de los asesinatos cometidos en la masacre de Ituizangó y Las Heras de la ciudad de Santa Fe en 1977. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó medidas para revertir la situación.
De acuerdo al comunicado de los organismos de derechos humanos de Santa Fe, Balla viola las condiciones exigidas por el régimen de prisión domiciliaria del que se viene beneficiando desde 2017.
“El genocida viene hostigando cotidianamente a una familia vecina a partir de simples pedidos de respeto hacia quienes habitan la casa contigua a la que Balla eligió para que se le conceda la domiciliaria. La familia atacada es la joven pareja que componen Daiana Ruscitti y Juan Schumacher, con su hija de sólo 6 meses de vida. Esta situación que se hace presente día a día, tiene muy atemorizada a la familia, quienes ni siquiera se animan a salir a su patio temiendo la violenta reacción de Balla si los escucha o si se trepa al tapial o a los techos para observarlos, como lo ha hecho en varias oportunidades”, indicó el texto difundido.
La denuncia fue presentada tanto por la familia como por los organismos de derechos humanos de la ciudad de Santa Fe y los de la ciudad de Rafaela, junto con el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, contando con la asistencia profesional del abogado Guillermo Munné.
Según los fundamentos expuestos en la denuncia, corresponde el cese inmediato del privilegio de prisión domiciliaria con que cuenta Balla quien debe cumplir la prisión perpetua a la que fue condenado en establecimiento penitenciario donde también se puede garantizar su derecho a una adecuada atención de la salud.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y la Fiscalía federal con un dictamen técnico acerca de la necesidad del cese del beneficio de domiciliaria para el condenado por crímenes de lesa humanidad Jorge Balla por “las múltiples violaciones a sus obligaciones y la grave situación a la que somete a la familia Ruscitti-Schumacher”, concluyó el comunicado.
