Un fiscal salteño amplió hoy la imputación al médico investigado por la supuesta venta de plasma de convaleciente para pacientes con coronavirus, acusado inicialmente de tentativa de fraude a la administración pública, y le agregó el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, informaron fuentes judiciales.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, amplió la acusación contra el médico Matín de la Arena, quien se negó a declarar.
El 5 de octubre, el profesional fue acusado por tentativa de fraude a la administración pública en dos hechos, en perjuicio del Estado Provincial, y hoy lo amplió como autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función.
De la Arena, al igual que en la primera audiencia, optó hoy por no declarar y dejó una presentación por escrito.
Los voceros indicaron que el fiscal entendió que debe ampliarse la imputación contra el médico porque, en su carácter de director del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, no cumplió normativas sobre incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos políticos
Flores agregó que De la Arena, como director del Centro perteneciente a la provincia de Salta, habría intervenido simultáneamente como socio gerente de la empresa Hemosalta SRL, entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario, en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público que dirigía para la ejecución del servicio.
El CRH se creó en 2009 y De la Arena fue designado director en julio de 2010, mientras que, en abril de 2013, el Ministerio de Salud Pública aprobó el convenio de Suministro de Sangre Humana y Componentes Sanguíneos con la empresa Hemosalta SRL.
Sucesivamente, en diciembre de 2013 y en 2016, el imputado fue designado nuevamente en el cargo.
Del informe remitido por el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), surgió que la empresa Hemosalta SRL es prestadora de esa obra social y que De la Arena es su titular desde 2002.
El IPSS adjuntó al informe el detalle de las prestaciones facturadas por la empresa Hemosalta SRL de 2019 a 2020, con los códigos facturados de prácticas de hemoterapia por transfusión de plasma, glóbulos rojos, sangre sin leucocitos, plaquetas o leucocitos y crioprecipitados.
El fiscal consideró que se violentó el bien jurídico protegido, es decir la "administración pública", y que se comprobó, a prima facie, la existencia de una situación simultánea de parte y de funcionario, a sabiendas de que estaba interviniendo en un contrato u operación como funcionario público y la voluntad de tomar intervención en ellos, a la vez, de forma privada.
En relación a su imputación anterior, su condición de socio gerente de Hemosalta SRL, dedicada a la realización de servicio transfusional hospitalario, y siendo prestador de la obra social provincial Instituto Provincial de Seguros de la Salud de Salta (IPS), De la Arena habría solicitado en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC-plasma (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado.
La primera presentación fue rechazada por la obra social, porque pretendía el pago de 69.000 pesos, y asimilaba la práctica como la de plaquetoferésis.
Posteriormente solicitó, a través de una nota a sanatorios y clínicas privadas, el cobro de 30.000 pesos a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPSS.
En otra causa, pero también relacionada a la investigación de la supuesta venta de plasma de convaleciente para pacientes de coronavirus, la directora del CRH, Betina Saracino, fue imputada el 8 de octubre pasado, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, en carácter de autora.
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