Barrio Ludueña: tras los allanamientos y entre los tiros, el Estado intenta recuperar terreno

Llegar en auto desde Puerto Norte hasta Solís y Casilda, corazón de barrio Ludueña, lleva ocho minutos. Esa es la distancia entre la zona de mayor poder adquisitivo y una de las más pobres de esta ciudad fragmentada, de contrastes, sacudida por una ola de violencia que, lejos de bajar, no termina nunca de crecer. 

Los contrastes se ven también al interior de este barrio de origen obrero y ferroviario, en el que –según datos de la Municipalidad– conviven 48 mil personas en casi 13 mil hogares: hay familias de clase media con mucha historia en el lugar, complejos de viviendas construidos por el Estado, más asentamientos irregulares que brotaron sin pausa –sobre todo alrededor de las dos vías que lo cruzan como venas abiertas– a la par del deterioro económico social y los procesos migratorios internos que superpoblaron todo el cordón de pobreza de Rosario.

Sin embargo, hay algo en lo que todos –quienes viven en las zonas de casas bajas y enrejadas y quienes habitan casillas de chapa rodeadas de basurales– parecen coincidir: por la inseguridad, por las balas, no se puede salir después de las seis de la tarde.

Ludueña ha sido en los últimos tiempos epicentro de las batallas por el narcomenudeo que llevó el número de homicidios a un nivel récord. En lo que va del año se produjeron allí 25 asesinatos, lo que lo ubica como el barrio más violento de la ciudad más violenta del país. De las víctimas fatales que hubo en el primer semestre del año, el 27,7 por ciento eran mujeres. En la mayoría de los hechos participaron jóvenes de entre 15 y 19 años.  

Dos grupos aparecen como protagonistas de las disputas sangrientas: el de Francisco Riquelme, preso en Coronda y vinculado al capo narco Esteban Alvarado, y el del también detenido Mauro Gerez, que responde a Los Monos y cuya banda fue desmembrada a partir de la captura de 30 personas –en su mayoría muy jóvenes– en un megaoperativo que cerró el barrio e incluyó 57 allanamientos simultáneos el 22 de agosto. 

Desde entonces fueron once días en los que no se reportaron nuevos asesinatos en Ludueña. Hasta el último lunes, cuando mataron a una mujer de 27 años en barrio Industrial, que está pegado, y un rato después a un hombre a cinco cuadras, en Esquiú y Larrea, ya en el borde de Ludueña.

Coordinación, divino tesoro

 

La investigación que permitió desbaratar la banda de Gerez, encabezada por el fiscal Pablo Socca, pudo avanzar en el contexto de una estrategia conjunta de distintos estamentos del Estado reunidos en una mesa de coordinación que desde hace cerca de un año, de manera silenciosa, reúne a la provincia, la Municipalidad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en torno a la problemática de la violencia en los barrios, con foco fundamentalmente en Ludueña. 

Los allanamientos estuvieron precedidos de un hecho clave, a la vez que se avanzaba en acciones de intervención urbana y de seguridad con los que, relataron fuentes de los gobiernos provincial y municipal, el Estado buscó recuperar la confianza perdida de los vecinos: el descabezamiento de la seccional 12ª, a partir de la detención del segundo jefe por circular con autos robados y el posterior cambio del jefe que se produjo en mayo.

Esa seccional, que fue varias veces baleada, era un verdadero antro de corrupción, señalada por vecinos y organizaciones sociales como cómplice de los vendedores de droga, al punto que funcionaban dos búnkeres enfrente y algunos más en la misma manzana. El propio Socca la allanó, también en mayo pasado, por la sospecha de que poco antes Mauro Gerez había sido detenido allí y luego liberado a cambio de una coima. Finalmente cayó en la casa de su novia algunos días después.  

El Ministerio de Seguridad de la provincia sostiene que las 30 detenciones fueron un paso fundamental para iniciar un proceso de pacificación del área. Los vecinos coinciden a medias: aceptan que parece frenada la saga de homicidios diarios, pero también advierten que no se dejan de escuchar tiros y más tiros cuando caen las tardes.

Para la mesa de coordinación de la que participan la provincia, la Municipalidad y el MPA, en tanto, el megaoperativo policial fue el punto de inflexión para poner en marcha la segunda etapa del plan y acaso la más importante: un desembarco integral del Estado con un operativo multiagencial que busca abordar las distintas aristas de la compleja problemática de la violencia, en la que confluyen factores económicos, sociales, culturales y urbanos, entre otros.

Si bien ya habían empezado algunas acciones –limpieza de basurales, mejoramiento de espacios públicos e infraestructura urbana, fortalecimiento de la presencia y la coordinación de las fuerzas de seguridad, entre otros–, pocos días después de los allanamientos comenzaron a instalarse en el playón que está detrás de la comisaría 12ª carpas y vehículos de distintas dependencias del Estado para “escuchar a los vecinos y vincular con el área correspondiente situaciones que requieran resolución”, según la descripción de Fernando Mazziotta, secretario de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. 

Paralelamente, el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin firmaron el convenio para el proyecto “Incluir Ludueña”, que contempla la realización de obras viales, aperturas e iluminación de calles, e intervenciones en diferentes espacios públicos. La provincia invertirá 726 millones de pesos para obras que llevará adelante la Municipalidad. Fuentes de la Intendencia sostienen que el objetivo es cambiar “la morfología urbana del barrio”, algo que entienden fundamental para convertirlo en un lugar más seguro.

El operativo multiagencial

 

Los contrastes vuelven a ser visibles desde esa especie de campamento gitano de gazebos azules de las distintas dependencias de la provincia y el de la Municipalidad, donde sobresalen un camión sanitario –donde se colocan vacunas contra el covid y también del calendario obligatorio– y la tecnologizada Trafic del Registro Civil donde se realizan documentos de identidad. Es que diez metros al sur está el rancherío que rodea la vía, desde donde un joven sentado de espaldas a su casa de chapa mira entre desafiante y extrañado el movimiento en el playón, y unos metros al norte el damero donde se erigen las casas históricas de ese barrio de trabajadores. 

Al lado de la vía también se ve un minibasural que llama la atención de los funcionarios no porque no haya otros –de hecho, se ven en varios sectores del barrio– sino porque apenas una semana antes, cuando llegaron al lugar, lo habían limpiado.

De acuerdo a un informe de la provincia, las distintas áreas dispuestas en el playón atendieron hasta este jueves, en total, 300 personas en cada uno de los siete días de trabajo que llevaban en el lugar.

A la par, representantes de cada una de esas dependencias realizan un barrido casa por casa en los que buscan escuchar a los vecinos y vincular con el área correspondiente situaciones que requieran resolución, además de, justamente, comunicar la presencia de las oficinas del Estado en el playón de Solís y Casilda. El objetivo, explica Mazziotta, es rastrillar todo el barrio.

Los jóvenes que realizan los recorridos por las cuadrillas previamente seleccionadas se encuentran muchas veces con el rechazo –no les abren la puerta– o la indiferencia de los vecinos. Tienen orden de insistir, de hacer saber que el Estado está allí.

En realidad, la mayoría de la gente que se acerca al operativo multiagencial lo hace a través de las organizaciones sociales del barrio, que son muchas, muy fuertes, hacen un gran trabajo de contención social y formación (ver nota aparte), y tienen vínculos aceitados con algunas de las áreas estatales allí presentes. Incluso centros comunitarios de otros barrios cercanos llegan con vecinos para resolver distintas cuestiones. Por ejemplo de Empalme Graneros, de donde es Gabriela, referente del Centro Cultural Basilio. “Cuando se corrió la bola de que había vacunas antigripales y que se podía hacer trámites de DNI un montón de gente nos pidió venir”, cuenta. 

Justamente en esas dos cuestiones –vacunas y DNIs– se concentra la mayor demanda. En segundo orden aparecen los pedidos de boleto educativo gratuito, asesoramiento por consumo problemático de sustancias –hay una fuerte presencia de la agencia provincial que está a cargo del tema, Aprecod, con su propia titular, Camila Bettanin, en el lugar– y Billetera Santa Fe. El tema violencia de género es otro que surge con fuerza.

A partir de la escucha de los vecinos, también se definieron acciones concretas por problemas de electricidad y cloacas. De hecho, luego de un reclamo específico, el jueves Aguas Santafesinas destapaba cañerías –un problema recurrente, según refieren los vecinos– en la zona de Junín y Larrea. Aunque la empresa ya tiene el diagnóstico de que se necesita realizar un tendido nuevo en varios tramos, mientras los vecinos dicen que por un problema en el caño maestro esas cloacas están colapsadas y las aguas no bajan, algo que se refleja en el olor en algunos sectores.

Una fuente de la gestión local explica que la Municipalidad, en tanto, está en el territorio con el Plan Cuidar, que corresponde a Desarrollo Social, más equipos de Salud y Deportes. También con el Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa), cuya intervención es muy requerida. Pero la gestión Javkin cree que el aporte clave en el marco actual es el de las obras de infraestructura –pavimento, apertura de calles, iluminación, transformación de plazas y otros espacios públicos que en parte se hicieron y en parte están ya planificadas–, porque entiende que eso, que entre otras cosas permitirá que se pueda cruzar de un lado al otro del barrio, es fundamental para “una convivencia territorial aceptable”, dice el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago.

“Las mejoras urbanas como iluminar, abrir calles, relocalizar familias en espacios dignos y habitables, mejorar la higiene; sumado a tejer un entramado social virtuoso con un Estado cercano y presente, es el camino para disminuir las violencias y mejorar la vida de los territorios”, remarca el funcionario municipal.

Dónde se realizan esas intervenciones se resolvió en la mesa de coordinación, de acuerdo al mapeo de las necesidades y los hechos de violencia de los últimos meses. Allí también se definieron los corredores seguros y las zonas donde, bajo las órdenes del comandante de Gendamería Ricardo Castillo, refuerzan los patrullajes las fuerzas de seguridad federales.

El operativo no tiene plazos, dice Mazziotta: “No venimos con tiempos prefijados”. Pero se analiza, una vez terminado, llevarlo a Empalme Graneros, otro barrio que ha concentrado homicidios y otros hechos de violencia extrema en los últimos meses. En Ludueña “podríamos dejar algo permanente”, anticipa el funcionario provincial. 

Sobre las recorridas al interior del barrio, sostiene que el objetivo que considera más importante es revincular con la escuela a chicos de entre 13 y 15 años que dejaron las aulas, en muchos casos para convertirse en soldaditos de las bandas dedicadas al narcomenudeo y la extorsión. “Necesitamos rearmar el tejido social con las instituciones, las escuelas, los clubes. Un chico revinculado ya es un éxito”, enfatiza. 

"La violencia es un fenómeno complejo en el que todos vivimos con una particular vulnerabilidad, que se ve más expuesta en ciertas condiciones sociales y políticas, especialmente cuando es una forma de vida. Estamos convencidos de que el Estado debe innovar en sus prácticas e intervenciones, ajustarlas al nuevo entramado social que es más complejo de abordar y que presenta características que nos obligan a replantearnos lo que venimos haciendo", plantea por su parte, en clave autocrítica, Zignago.

Fuegos artificiales

 

“Ludueña está en llamas, un Estado presente es fundamental”, remarca Graciela, una de las tantas referentes de organizaciones sociales presente en el lugar. 

En tanto Elena, que llegó a acompañar a su hija mayor para inscribirse en un taller de capacitación en costura, dice que tiene otros dos chicos, de 9 y 13 años, que ya no salen a jugar afuera por los tiroteos y robos.

Llegan otras dos mujeres jóvenes, piden trabajo, las derivan a la carpa donde se asesora sobre el programa Primer Empleo.

Ana, referente del centro comunitario Juan Diego Tupac Amarú, plantea contradicciones frente al operativo: por un lado celebra que “provincia y municipio no están peleando” porque "hay que trabajar juntos". Por el otro manifiesta escepticismo: dice que la violencia continúa, teme que el Estado vuelva a retirarse, que la problemática que atormenta al barrio –habla de las muertes, de los ataques armados, de las usurpaciones de casas– se haya instalado allí para siempre.

Eduardo, que está a su lado, la interrumpe y se pone firme: “No, no. Yo quiero pensar que la cosa va a cambiar. No hay que acostumbrarse, tiene que haber un punto final a todo esto”.

En medio de la discusión, Susana, una joven que forma parte del grupo, mete el ingrediente tragicómico: “Sí, sí, de noche las balas cruzan de un lado a otro. Pero yo pienso que son fuegos artificiales, así después me puedo dormir”.

La bomba, las bombas

Hay otro testimonio. "Se roba y se mata por la droga cotidiana. Hay chicos de 10 años trabajando como soldaditos en los búnkeres. Donde había canchitas de fútbol ahora hay cocinas de drogas, o quiosquitos que se tiran abajo y a los pocos días los vuelven a montar".

Esas palabras, aunque parecen tener una actualidad absoluta, fueron pronunciadas –y publicadas en el diario La Capital– hace más de 9 años, en enero de 2013, por un vecinalista luego de un crimen resonante en barrio Ludueña: el de la militante social Mercedes Delgado.

Leerlas llama a prender todas las alarmas. La violencia se instaló entre nosotros hace demasiado tiempo y el Estado, por impotencia, incompetencia, probablemente ambas, es protagonista de un fracaso sistemático en la tarea de ponerle freno.

“Llegamos tarde y mal, es cierto. Así, dejamos que se armara la bomba”, lamenta, off the record, un funcionario con recorrido por los territorios más complejos. La mecha se consumió y el estallido hizo que se multiplicaran las bombas. Desactivarlas es imperioso, pero también cada día más difícil.

Que el Estado vuelva a mostrarse presente es imprescindible para hacerlo. Pero no alcanzará si sus acciones, por más intensivas que sean, no perduran en el tiempo –más allá de si quien gobierna hoy no es el mismo que lo hará mañana, algo que en la provincia ya pasó con el cambio de color político tras las elecciones de 2019–, y si no se extienden a todos los sectores atravesados por el cóctel de frustración, desamparo y violencia que sufren sobre todo los jóvenes de los barrios más humildes.

La constancia es fundamental. Lo muestra la metáfora del basural que está junto a las vías, a apenas unos metros de donde se instaló el dispositivo multiagencial: lo limpiaron cuando llegaron, pero enseguida volvió a brotar ante la mirada –y acaso la frustración– de los funcionarios.  

Ojalá dentro de 9 años estas palabras hayan perdido toda vigencia.