Este martes se cumplen cinco años del hundimiento del submarino ARA San Juan, la tragedia que conmovió a todo un país que se cobró la vida de 44 tripulantes y que todavía anhela justicia. La causa que investiga el hundimiento sigue en desarrollo.
El ARA San Juan partió desde la base naval de Ushuaia el 8 de noviembre del 2017 en el marco de una misión de patrullaje por el litoral marítimo argentino. La última comunicación del comandante a cargo fue el 15 de noviembre al reportar "un desperfecto eléctrico y un principio de incendio en la sala de máquinas".
Conforme a la investigación del caso, ese ha sido el último contacto que tuvo el submarino con la base naval de Mar del Plata. En ese entonces, la misma se encontraba a 432 kilómetros de la costa patagónica, a la altura del Golfo San Jorge.
La búsqueda
Por la noche del día 16 del mismo mes, los medios de comunicación informaron que las autoridades habían perdido contacto con el submarino. Horas más tarde, el Ministerio de Defensa a cargo de Oscar Aguad reconoció el extravío de la nave, y activó el protocolo SAR para la búsqueda y rescate de embarcaciones.
Desde Gobierno, solicitaron ayuda internacional y navíos de Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Perú, Uruguay y Rusia. Sin embargo, días más tarde, Elisa Carrió —diputada nacional de la Coalición Cívica— aseguró en un programa de televisión que los tripulantes del ARA San Juan estaban "muertos", y el 30 de noviembre Defensa admitió que no había posibilidades de encontrar con vida a los marinos.
En 2018, los familiares iniciaron una campaña en reclamo de "búsqueda, verdad y justicia" y reclamaban que el Gobierno licitara la contratación de un buque que realizara un rastrillaje en la zona en la cual el submarino se había perdido. Después de 50 días de acampe en Plaza de Mayo, lograron que las autoridades aceleraran el proceso de contratación de una empresa para iniciar la búsqueda y finalmente el Estado contrató a la empresa con sede en Estados Unidos, Ocean Infinity, que movilizó hasta la zona al buque Seabed Constructor, que inició la búsqueda con familiares de la tripulación del ARA San Juan a bordo.
El hallazgo
El 17 de noviembre de 2018, la Armada confirmó que el Seabed había detectado al submarino a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica, a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Los restos del ARA San Juan estaban muy cerca de la posición donde el buque oceanográfico chileno "Cabo de Hornos" había indicado que podía encontrarse, una información aportada en diciembre de 2017.
Según detallaron, la embarcación tenía el casco "totalmente deformado, colapsado e implosionado" y sin "aberturas de consideración", partes de la hélice enterradas y restos desperdigados en un radio de 70 metros. En julio de 2019, la Comisión Bicameral estableció en un dictamen que hubo "una clara responsabilidad política y administrativa" de Aguad y sus funcionarios en el hundimiento del submarino.
Las causas judiciales
La causa está en manos de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y está caratulada como "estrago culposo agravado por muerte de 44 personas". En tal sentido, explican y estiman que es muy poco probable que alguno de los procesados en la causa, en caso de ser considerados culpables, sea privado de su libertad, como piden los familiares de las víctimas.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos del ex comandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; del ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; del ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso y del ex jefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.
Todos ellos se encuentran procesados por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, por el hundimiento del ARA San Juan".
En septiembre de 2020, en las instalaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se hallaron materiales que documentaban actividades de seguimiento y espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan por parte de agentes de ese organismo.
Cristina Caamaño, interventora de la AFI cuando se produjo este hallazgo, denunció el hecho ante la Justicia, y en diciembre de 2021 Martín Bava dictó el procesamiento de Macri en una causa en la que también estaban procesados los jefes de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
En julio de este año, los jueces de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia dictaron el sobreseimiento de Macri, Arribas y Majdalani, al entender que las actividades realizadas por agentes de la AFI para recabar información sobre los familiares tenían como propósito preservar la seguridad presidencial, una decisión que las querellas que representan a los familiares apelaron ante la Cámara de Casación.
