En los primeros días de gobierno del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Congreso de la Nación debatió la llamada ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, que muchos intentaron minimizar con el rótulo de “Ley de Emergencia”. Esa ley, entre otros importantes objetivos, le otorgó facultades al Poder Ejecutivo para “crear condiciones que aseguren la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”, según indicó el texto aprobado.

Se buscaba de esta manera poner en marcha un proceso de renegociación de una deuda externa que creció abruptamente durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri. Prat Gay, Sturzenegger, Caputo, Dujovne –y otros– habían transformado a la deuda externa – nuevamente– en el principal condicionante del desarrollo nacional. Esa deuda tenía, además, un cronograma de vencimientos que hacía imposible su pago, sin que ello dañara aún más a una economía que entró en caída libre sobre finales del primer cuatrimestre de 2018, cuando los mercados internacionales le dijeron “basta” a la fiesta de emisiones de deuda macristas, y el gobierno anterior terminó en pocos meses abrazándose desesperado a un endeudamiento inédito con el FMI, por la rapidez del proceso y el volumen de su monto.

Entre fines de enero y principio de febrero pasado, el Congreso de la Nación aprobó también la llamada ley de “Sustentabilidad de la deuda”, donde se fijaron los parámetros fundamentales que debían guiar al gobierno argentino en el proceso de renegociación con los bonistas. Esta ley fue aprobada por amplísima mayoría en ambas cámaras, lo que significó un importante espaldarazo para las gestiones que debía realizar el Ministro de Economía Martín Guzmán y su equipo.

Desde el mes de abril, al mismo tiempo que enfrentaba las consecuencias sanitarias y económicas de una pandemia brutal, el gobierno argentino ofreció formalmente cuatro ofertas a los tenedores de deuda emitida en dólares, bajo legislación extranjera. Y en un último esfuerzo de negociación, se llegó al acuerdo. 

En la madrugada del pasado martes 4 de agosto el gobierno argentino anunció que había llegado a un entendimiento con los tres principales grupos de bonistas. Se aseguraba así el éxito del proceso de reestructuración.

A última hora del mismo martes, la Cámara de Diputados de la Nación transformó en ley el proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se le aplica a la deuda emitida en dólares, bajo legislación argentina, los mismos parámetros de la renegociación que horas antes había cerrado Martín Guzmán con los tenedores de bonos en dólares bajo legislación extranjera.

De esta manera, en una sola jornada, el gobierno de Alberto Fernández dio un enorme paso hacia el objetivo trazado en diciembre de 2019: tener un perfil de deuda sostenible con las posibilidades reales de pago del país y que no asfixie las posibilidades de crecimiento económico e inclusión social de las y los argentinos.

El acuerdo alcanzado fue doblemente exitoso.

En primer lugar, permitió cerrar un complejo proceso de negociación, donde los acreedores se aseguran cobrar, pero mucho menos de lo esperado. Y, al mismo tiempo, la Argentina se compromete a pagar, pero con un ritmo de vencimientos que oxigenan enormemente el corto plazo, haciendo compatible el cronograma de pago con las posibilidades de crecimiento económico del país.

Pero hay un segundo éxito: el acuerdo llega en el momento justo, cuando la economía argentina, que ya venía enormemente golpeada por la gestión de Macri, sufre las consecuencias de una pandemia inédita en la historia reciente.

¿Y ahora? ¿Cómo sigue la historia? El gobierno nacional deberá redoblar la aplicación de políticas públicas que estimulen la reactivación económica y productiva. Ese esfuerzo estará centrado, principalmente, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, con Matías Kulfas a la cabeza.

Pero requerirá del aporte de otras áreas de gobierno: Obras Públicas, Vivienda, Agricultura, Defensa, Ciencia y Tecnología, deberán tener un rol clave para dinamizar el aparato productivo y generar empleo genuino.

Al mismo tiempo, los Ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Salud, tendrán que responder a las urgencias sociales provocadas por el neoliberalismo macrista y el Covid-19.

Mientras todo esto suceda, Guzmán y equipo enfrentarán el desafío de renegociar, con una espalda fortalecida, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.  

El Presidente de la Nación está a punto de cumplir 8 meses de gestión, donde la mayoría de ese tiempo el país estuvo enfrentando a la pandemia y sus consecuencia. En esta semana, el gobierno se anotó un triunfo importante. Pero los desafíos futuros tienen una envergadura tal que requieren un fuerte espíritu de transformación, una gran innovación en las políticas públicas y un fuerte consenso de las fuerzas políticas. Desde el Congreso de la Nación, seguiremos poniendo lo mejor de nosotros y nosotras para generar las leyes necesarias que ayuden a Alberto Fernández a poner a la Argentina definitivamente de pie.