Resumen Ejecutivo
- Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales enfrentan mayores exigencias de supervisión e información ante la CNV, la ARCA y la UIF.
- La CNV implementó un nuevo formulario mensual mediante la AIF para relevar volúmenes de custodia, operaciones y cantidad de usuarios de las plataformas.
- La ARCA estableció un régimen de información individual para operaciones que superen los $50 millones mensuales en el mercado de criptomonedas.
- La UIF profundiza los controles preventivos exigiendo protocolos de conozca a su cliente y sistemas de custodia con billeteras frías.
El mercado de criptomonedas argentino avanza hacia una etapa de mayor formalización y supervisión. Las billeteras digitales y los exchanges que operan en el país deben cumplir con obligaciones de información, custodia y prevención de delitos financieros ante tres organismos centrales: la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El cambio no es menor para una industria que durante años construyó buena parte de su atractivo alrededor de la descentralización y la facilidad para transferir activos digitales. Hoy, las empresas que prestan servicios con criptomonedas deben responder a exigencias regulatorias que buscan mejorar la trazabilidad de los fondos, conocer el volumen de actividad y fortalecer los mecanismos de control.
Uno de los últimos cambios comenzó a regir el 1 de noviembre de 2026, cuando la CNV modificó el mecanismo de presentación de información mensual de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). El organismo reemplazó el formulario anterior por una planilla estructurada y más detallada que debe presentarse a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF).
CNV: qué información entregan las billeteras de criptomonedas
El nuevo esquema apunta a construir un mapa más preciso del mercado argentino de activos digitales.
Entre los datos que deben presentar las plataformas se encuentran:
- Cantidad y volumen de activos virtuales bajo custodia de los usuarios.
- Información discriminada por redes y activos, como Bitcoin, Ethereum y Solana.
- Volúmenes negociados en los libros de órdenes.
- Cantidad de usuarios activos.
- Altas y bajas de clientes respecto de los períodos anteriores.
- Distribución de los fondos entre las distintas modalidades de almacenamiento y custodia.
La información permite a la CNV conocer la dimensión operativa de cada plataforma y evaluar su capacidad patrimonial y operativa.
Sin embargo, existe una distinción importante: este reporte mensual no implica que el organismo reciba un detalle de cada operación individual de cada cliente. Según explicó Carlos Peralta, director de Asuntos Corporativos de Bitso, la información requerida por la CNV no incluye movimientos individuales ni datos desagregados por usuario.
ARCA: el umbral de $50 millones y los movimientos de los usuarios
El frente tributario tiene otra lógica.
Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales también están alcanzados por un régimen de información ante ARCA, comparable al que involucra a bancos y proveedores de servicios de pago.
De acuerdo con la explicación brindada por Peralta a iProUP, el detalle individual de las operaciones de personas humanas se informa cuando el monto total acumulado durante el mes supera los $50 millones.
Este punto resulta especialmente relevante para quienes utilizan criptomonedas como herramienta de cobro, inversión o administración de sus ingresos.
Entre los perfiles que utilizan estas plataformas aparecen freelancers, profesionales del sector tecnológico y pequeños exportadores de servicios que reciben honorarios del exterior y convierten parte de esos ingresos para afrontar sus gastos cotidianos.
El umbral mencionado no debe confundirse con una autorización para operar sin obligaciones fiscales por debajo de ese importe. Tampoco significa que las operaciones inferiores sean invisibles para los organismos de control: existen otras obligaciones de información y mecanismos de supervisión.
La diferencia está en el nivel de detalle individual que se comunica bajo ese régimen.
UIF: el control no depende solamente del monto de una operación
La tercera pata del esquema es la Unidad de Información Financiera.
A diferencia del régimen tributario, los controles vinculados con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo no dependen exclusivamente de superar un determinado monto.
Los exchanges alcanzados deben implementar procedimientos de identificación y conocimiento del cliente (KYC), establecer perfiles de riesgo y monitorear el comportamiento transaccional.
Cuando detectan movimientos que pueden resultar sospechosos, deben activar los mecanismos de reporte correspondientes.
Entre las señales que pueden generar alertas figuran:
- Operaciones fraccionadas para intentar evitar umbrales de información.
- Movimientos que no guardan relación con la capacidad económica declarada.
- Transacciones vinculadas con direcciones o plataformas de riesgo.
- Falta de respuesta ante requerimientos de información.
Además, las empresas utilizan herramientas de análisis de blockchain para rastrear movimientos y detectar interacciones con billeteras o plataformas asociadas a actividades ilícitas.
Por eso, el control no se limita a cuánto dinero mueve un usuario: también importa cómo, cuándo y hacia dónde circulan los activos digitales.
Cold wallets: qué pasa con fondos depositados en los exchanges
La regulación también alcanza a la seguridad y la custodia de los activos.
Según explicó Peralta, las plataformas deben presentar documentación técnica sobre sus sistemas de protección, los procedimientos para autorizar movimientos y los mecanismos utilizados para resguardar los fondos.
Una de las principales herramientas son las denominadas cold wallets o billeteras frías, que permanecen desconectadas de Internet.
De acuerdo con el ejecutivo, aproximadamente el 98% de los fondos cripto se mantiene bajo esta modalidad, con el objetivo de reducir la exposición a ataques informáticos.
El resto se distribuye entre billeteras calientes (hot wallets), conectadas permanentemente para atender los retiros y movimientos cotidianos, y billeteras tibias (warm wallets), que se conectan según las necesidades operativas.
También se utilizan esquemas de autorización conjunta, en los que intervienen varias personas para validar el movimiento de los activos. De esta manera, se busca evitar que un único operador tenga capacidad de disponer unilateralmente de los fondos.
Otro principio central es la separación entre los activos de los clientes y los recursos propios de las plataformas. Los exchanges no pueden disponer libremente de los fondos de sus usuarios ni reutilizarlos sin una instrucción expresa del titular.
Más transparencia, pero también nuevas obligaciones
El avance regulatorio modifica las condiciones de funcionamiento de una industria que busca consolidarse como parte del sistema financiero.
Para los exchanges, cumplir con las exigencias de la CNV, ARCA y UIF implica invertir en tecnología, infraestructura de seguridad, controles internos y procedimientos de identificación de clientes.
Para los usuarios, el principal cambio es comprender que operar con criptomonedas a través de una plataforma registrada no significa quedar fuera de los mecanismos de información y fiscalización del Estado.
También es importante distinguir entre la información que recibe cada organismo. La CNV busca supervisar el funcionamiento y la solvencia operativa de las plataformas; ARCA recibe información con fines tributarios; y la UIF monitorea operaciones que pueden presentar riesgos vinculados con el lavado de activos y otros delitos financieros.
El resultado es un ecosistema donde la actividad con activos digitales tiene cada vez más obligaciones de trazabilidad y cumplimiento normativo.
La discusión de fondo ya no pasa solamente por el crecimiento de las criptomonedas, sino por cómo integrar este mercado al sistema financiero formal sin perder de vista la seguridad, la transparencia y la protección de los usuarios.
El mercado de criptomonedas argentino avanza hacia una etapa de mayor formalización y supervisión. Las billeteras digitales y los exchanges que operan en el país deben cumplir con obligaciones de información, custodia y prevención de delitos financieros ante tres organismos centrales: la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El cambio no es menor para una industria que durante años construyó buena parte de su atractivo alrededor de la descentralización y la facilidad para transferir activos digitales. Hoy, las empresas que prestan servicios con criptomonedas deben responder a exigencias regulatorias que buscan mejorar la trazabilidad de los fondos, conocer el volumen de actividad y fortalecer los mecanismos de control.
Uno de los últimos cambios comenzó a regir el 1 de noviembre de 2026, cuando la CNV modificó el mecanismo de presentación de información mensual de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). El organismo reemplazó el formulario anterior por una planilla estructurada y más detallada que debe presentarse a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF).
CNV: qué información entregan las billeteras de criptomonedas
El nuevo esquema apunta a construir un mapa más preciso del mercado argentino de activos digitales.
Entre los datos que deben presentar las plataformas se encuentran:
* Cantidad y volumen de activos virtuales bajo custodia de los usuarios.
* Información discriminada por redes y activos, como Bitcoin, Ethereum y Solana.
* Volúmenes negociados en los libros de órdenes.
* Cantidad de usuarios activos.
* Altas y bajas de clientes respecto de los períodos anteriores.
* Distribución de los fondos entre las distintas modalidades de almacenamiento y custodia.
La información permite a la CNV conocer la dimensión operativa de cada plataforma y evaluar su capacidad patrimonial y operativa.
Sin embargo, existe una distinción importante: este reporte mensual no implica que el organismo reciba un detalle de cada operación individual de cada cliente. Según explicó Carlos Peralta, director de Asuntos Corporativos de Bitso, la información requerida por la CNV no incluye movimientos individuales ni datos desagregados por usuario.
ARCA: el umbral de $50 millones y los movimientos de los usuarios
El frente tributario tiene otra lógica.
Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales también están alcanzados por un régimen de información ante ARCA, comparable al que involucra a bancos y proveedores de servicios de pago.
De acuerdo con la explicación brindada por Peralta a iProUP, el detalle individual de las operaciones de personas humanas se informa cuando el monto total acumulado durante el mes supera los $50 millones.
Este punto resulta especialmente relevante para quienes utilizan criptomonedas como herramienta de cobro, inversión o administración de sus ingresos.
Entre los perfiles que utilizan estas plataformas aparecen freelancers, profesionales del sector tecnológico y pequeños exportadores de servicios que reciben honorarios del exterior y convierten parte de esos ingresos para afrontar sus gastos cotidianos.
El umbral mencionado no debe confundirse con una autorización para operar sin obligaciones fiscales por debajo de ese importe. Tampoco significa que las operaciones inferiores sean invisibles para los organismos de control: existen otras obligaciones de información y mecanismos de supervisión.
La diferencia está en el nivel de detalle individual que se comunica bajo ese régimen.
UIF: el control no depende solamente del monto de una operación
La tercera pata del esquema es la Unidad de Información Financiera.
A diferencia del régimen tributario, los controles vinculados con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo no dependen exclusivamente de superar un determinado monto.
Los exchanges alcanzados deben implementar procedimientos de identificación y conocimiento del cliente (KYC), establecer perfiles de riesgo y monitorear el comportamiento transaccional.
Cuando detectan movimientos que pueden resultar sospechosos, deben activar los mecanismos de reporte correspondientes.
Entre las señales que pueden generar alertas figuran:
* Operaciones fraccionadas para intentar evitar umbrales de información.
* Movimientos que no guardan relación con la capacidad económica declarada.
* Transacciones vinculadas con direcciones o plataformas de riesgo.
* Falta de respuesta ante requerimientos de información.
Además, las empresas utilizan herramientas de análisis de blockchain para rastrear movimientos y detectar interacciones con billeteras o plataformas asociadas a actividades ilícitas.
Por eso, el control no se limita a cuánto dinero mueve un usuario: también importa cómo, cuándo y hacia dónde circulan los activos digitales.
Cold wallets: qué pasa con fondos depositados en los exchanges
La regulación también alcanza a la seguridad y la custodia de los activos.
Según explicó Peralta, las plataformas deben presentar documentación técnica sobre sus sistemas de protección, los procedimientos para autorizar movimientos y los mecanismos utilizados para resguardar los fondos.
Una de las principales herramientas son las denominadas cold wallets o billeteras frías, que permanecen desconectadas de Internet.
De acuerdo con el ejecutivo, aproximadamente el 98% de los fondos cripto se mantiene bajo esta modalidad, con el objetivo de reducir la exposición a ataques informáticos.
El resto se distribuye entre billeteras calientes (hot wallets), conectadas permanentemente para atender los retiros y movimientos cotidianos, y billeteras tibias (warm wallets), que se conectan según las necesidades operativas.
También se utilizan esquemas de autorización conjunta, en los que intervienen varias personas para validar el movimiento de los activos. De esta manera, se busca evitar que un único operador tenga capacidad de disponer unilateralmente de los fondos.
Otro principio central es la separación entre los activos de los clientes y los recursos propios de las plataformas. Los exchanges no pueden disponer libremente de los fondos de sus usuarios ni reutilizarlos sin una instrucción expresa del titular.
Más transparencia, pero también nuevas obligaciones
El avance regulatorio modifica las condiciones de funcionamiento de una industria que busca consolidarse como parte del sistema financiero.
Para los exchanges, cumplir con las exigencias de la CNV, ARCA y UIF implica invertir en tecnología, infraestructura de seguridad, controles internos y procedimientos de identificación de clientes.
Para los usuarios, el principal cambio es comprender que operar con criptomonedas a través de una plataforma registrada no significa quedar fuera de los mecanismos de información y fiscalización del Estado.
También es importante distinguir entre la información que recibe cada organismo. La CNV busca supervisar el funcionamiento y la solvencia operativa de las plataformas; ARCA recibe información con fines tributarios; y la UIF monitorea operaciones que pueden presentar riesgos vinculados con el lavado de activos y otros delitos financieros.
El resultado es un ecosistema donde la actividad con activos digitales tiene cada vez más obligaciones de trazabilidad y cumplimiento normativo.
La discusión de fondo ya no pasa solamente por el crecimiento de las criptomonedas, sino por cómo integrar este mercado al sistema financiero formal sin perder de vista la seguridad, la transparencia y la protección de los usuarios.
