Un nuevo capítulo se abre en el conflicto del predio de 3,6 hectáreas ubicado en avenida Francia, entre Caseros y Junín. Allí residen unas 70 familias en un terreno público que pertenece a Ferrocarriles Argentinos Infraestructura. La Agencia de Administración de Bienes del Estado está nuevamente analizando la situación. El municipio rosarino y varios privados también miran con atención una toma de terrenos que ya tiene dos fallos judiciales a favor del Estado nacional, así se lo confirmaron a Ecos365 varias fuentes gubernamentales y empresarios.  

Por su cercanía a los proyectos de desarrollo inmobiliarios de Puerto Norte la zona se revalorizó y es ampliamente codiciada. Incluso el Estado ya ganó en dos instancias el litigio en la Justicia Federal que sostiene con un privado, que se presentó como propietario de las tierras en 2016. Ahora se espera una resolución de la Corte Suprema.

Desde hace años las familias comenzaron progresivamente a instalarse en el lugar y se formó allí un barrio popular, al lado de la planta de la cooperativa Linares Trechel. Al igual que el Estado, los trabajadores necesitan que el máximo tribunal se expida en la cuestión. Las posibilidades son dos: o se ratifica el control estatal del terreno o se le entrega la propiedad al empresario gastronómico Gabriel Mana.

Si el terreno queda en manos del Estado podría vender las tierras a un privado, quien deberá acordar con el Municipio el destino que le da pero con la condición de relocalizar a las familias. La otra alternativa es que sean cedidas al municipio local.

Conflicto judicial

El empresario Gabriel Mana, titular del emprendimiento El Tortero, se presentó a través del Fideicomiso del Alto en 2016 como el dueño de esos terrenos. El titular del primer delivery de tortas de Rosario aseguró ser el legítimo propietario al contar con la firma de 50 habitantes de la zona y le reclamó al Estado Nacional la “prescripción adquisitiva”. 

Hasta el momento hay dos fallos judiciales que van en contra del empresario. El primero data del 2017, en el que la juez de primera instancia, Sylvia Aramberri rechazó la demanda. Un año después la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el fallo. Tras los dos reveses Mana apeló ante la Corte Suprema de Justicia y se espera una tercera sentencia a favor del Estado. 

Según pudo confirmar Ecos365, funcionarios y privados esperan que la Corte Suprema confirme los fallos en el corto plazo. De allí los sigilosos pasos de algunos actores interesados en la resolución de un asentamiento que fue creciendo desde que comenzó el conflicto. Los vecinos linderos de Puerto Norte vienen reclamando una regularización de la situación y en los últimos días por el tema de inseguridad. Al punto que algunos analizan conformar un agrupación de vecinos para llevar este reclamo y otros adelante frente a distintos nvieles de Estado.

Iniciativas en el Concejo Municipal

La concejala Fernanda Gigliani presentó en 2014 un proyecto que apuntaba a construir viviendas públicas a través del Plan Procrear. El 10 por ciento de las tierras eran destinadas a programas públicos, además del 50 por ciento que los urbanizadores deberían donar al municipio para espacios públicos y calles. 

Dos años después el entonces concejal Eduardo Toniolli presentó otro proyecto solicitando que el Ejecutivo elabore un plan de urbanización para dicho predio, que incluya viviendas, servicios y regularización dominial para las familias que lo habitan. Su objetivo era que se incorpore y respetara a las familias en esa urbanización, generando las condiciones necesarias. “Es necesario detener el proceso de gentrificación, esto significa que las viviendas de este tradicional barrio obrero de la ciudad, sean reemplazadas por edificios de lujo destinados a la especulación inmobiliaria, o a viviendas de sectores de alto poder adquisitivo, desplazando a los tradicionales habitantes del barrio a la periferia de la ciudad”, había explicado en los considerandos.

Ese mismo año el presidente de la Comisión de Planeamiento del Palacio Vasallo, Horacio Ghirardi, ingresó otro proyecto similar para la formulación del plan de detalle en los terrenos de Puerto Norte. El objetivo era que el Departamento Ejecutivo lo tuviera en cuenta a la hora de negociar el acuerdo con Nación priorizando un 50 por ciento para espacios públicos y equipamiento comunitario. El resto sería destinado a la realización de viviendas financiadas a través de planes nacionales, provinciales o municipales, apuntadas a sectores medios. “Planteamos que tenemos interés de que allí se produzca un proceso de urbanización con una mixtura de usos: una edificación en altura y solución para las familias allí afincadas, además de propuestas comerciales y de servicios”, había señalado.

En esos años la AABE, durante la gestión de Mauricio Macri, analizó vender las tierras con la condición de que el nuevo propietario a construir debía construir viviendas en otro lado para esas familias. En paralelo los concejales Alejandro Rosselló y Martín Rosúa acompañaron la propuesta en el Concejo. "Al licitar parte de las tierras para la posterior construcción de unidades habitacionales, se podrían obtener fondos para hacer 150 viviendas sociales. Así podríamos relocalizar a las 70 familias de la zona y sumar a otros ciudadanos a esta posibilidad", explicó Rosselló en una entrevista y agregó: "A esas familias queremos transmitirles el compromiso de trabajar en forma coordinada, en pos de brindarles una solución habitacional que les garantice vivir en mejores condiciones". 

En su apertura de sesiones legislativas del Concejo, la exintendenta Mónica Fein solicitó que se determinen nuevos indicadores urbanísticos para la construcción de viviendas. "Queremos terminar con la especulación de unos pocos que intentan lucrar con la necesidad de las familias y darle dignidad a quienes allí viven", dijo. Además había solicitado que Trechel se traslade y se destine ese inmueble para un centro cultural.

El bloque de Ciudad Futura propuso por su parte que la zona pueda transformarse en la primera inmobiliaria pública de la ciudad. Allí el Estado no solamente podría regular los usos del suelo y la norma urbanística sino que además podría hacer experiencias de desarrollo urbano concreto. En este formato el Estado sería un actor más donde también formen parte cooperativas, organizaciones sociales, mutuales e incluso privados de escala pequeña.