“Sin controles técnicos previos, podrían ingresar bienes usados obsoletos, lo cual contradice la idea de modernización y sostenibilidad. Perjudicando a las empresas”. Así de contudente fue la respuesta de Rafael Catalano, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM), sobre el decreto del Gobierno nacional que elimina la necesidad de tramitar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para el ingreso de maquinaria al país encendió todas las alarmas en el sector metalúrgico.

Catalano fue tajante: “Es una medida que impacta negativamente y de lleno al sector industrial que produce bienes de capital. Este tipo de decisiones las toman los países que no tienen industria".

En ese marco, el presidente de AIM dijo que "decisiones como esta pueden terminar desalentando a los pocos industriales que todavía apuestan por invertir y producir en el país".

El eje del reclamo no es nuevo: la industria nacional viene exigiendo desde hace años un marco de reglas claras y previsibles para invertir, producir y competir. En un contexto de caída de la actividad, encarecimiento del crédito y un sistema tributario asfixiante, la apertura sin control técnico previo al ingreso de equipamiento extranjero genera un desequilibrio grave para las PyMEs industriales.

"Sin controles técnicos previos, podrían ingresar bienes usados obsoletos, lo cual contradice la idea de modernización y sostenibilidad que necesita la Argentina", explicó Catalano. “Podrán beneficiarse unas pocas empresas en el corto plazo, pero el riesgo es frenar la competitividad en lugar de impulsarla”, agregó.

Desde AIM plantean que esta desregulación erosiona el tejido productivo nacional y desalienta a quienes todavía apuestan por sostener fábricas y generar empleo. “Necesitamos una política industrial a largo plazo. No se puede ir de un lado para otro cada seis meses”, insistió Catalano.

Pero el reclamo no termina en esta medida puntual. El titular de AIM puso sobre la mesa temas de fondo que hacen a la competitividad estructural del sector: bajar la presión fiscal en los tres niveles del Estado, revisar el costo laboral no salarial (como ART y cargas sociales), mejorar la logística y facilitar el acceso a financiamiento a tasas razonables.

El debate queda abierto: ¿apertura o precarización? ¿Modernización o atraso disfrazado? La industria nacional exige respuestas… y sobre todo, decisiones con estrategia.