Organizaciones de inquilinos de todo el país rechazaron la decisión del Gobierno nacional de no extender el congelamiento de los alquileres desde el 1° de abril y expresaron su preocupación por el futuro del sector. Propusieron medidas para amortiguar la actualización de tarifas y el cobro de deudas.
De acuerdo a la normativa vigente, los inquilinos tendrán doce meses para pagar las deudas pendientes, entre las que figuran las de aquellos que debían abonar un aumento en este tiempo que había quedado sin efecto. Esa diferencia deberá ser saldada ahora. Si se cumple con este plan de pagos, no se ejecutarán las garantías.
El problema es que muchos no tienen resto para cumplir con eso, y por ello están pidiendo al Gobierno algún tipo de ayuda para poder hacer frente a estos importantes gastos que empezarán a correr desde el 1° de abril por el fin del congelamiento, a los que se suman los incrementos en la renovación de contratos que empezaron a imponerse con la sanción de la Ley de Alquileres, y los nuevos gastos derivados de la presentación de contratos ante la AFIP, que propietarios trasladan a inquilinos.
Ante semejante panorama, locatarios pidieron avanzar con la figura del alquiler social, contemplada en la nueva ley. A través de la misma, se pretende otorgar un subsidio a sectores más vulnerables para que puedan alquilar, además de algún plan de desendeudamiento.
Por su parte, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina (Cofeci) presentó una serie de propuestas al respecto:
- Que los inquilinos que no puedan pagar el alquiler, sean asistidos por el Estado Nacional a través de una “tarjeta AlquilAR”, de la misma manera que se hace con las familias en sus necesidades alimenticias.
- Aplicar los programas de financiamiento Ahora 18 y 24 para aquellos inquilinos que hayan generado deudas durante la prórroga del DNU.
- Eximición de impuestos nacionales y provinciales a las unidades habitacionales de hasta 60 metros cuadrados destinadas para alquiler, que se construyan por el término de 9 años.
- Reactivar la entrega de las viviendas de los distintos programas nacionales (como por ejemplo Procrear o similares), que posee unidades habitacionales construidas listas o a terminar para ser habitadas.
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