El proyecto de ley impositiva de Santa Fe para 2025 trae consigo una transformación en la tributación de locaciones de inmuebles, apuntando a una distribución más equitativa de las cargas fiscales entre los propietarios. Bajo la nueva normativa, las exenciones de impuestos se vinculan directamente a la capacidad contributiva, estableciendo límites anuales de $24.000.000 ($2 millones mensuales) para inmuebles urbanos y $50.000.000 ($4.166.666 mensuales) para inmuebles rurales. El argumento oficial es que este enfoque representa un giro hacia un sistema tributario progresivo, que busca corregir desigualdades donde propietarios de alto valor, particularmente en zonas urbanas, gozaban de beneficios fiscales sin que se reflejara su verdadera capacidad económica.
Anteriormente, la exención se basaba en la cantidad de inmuebles en alquiler, permitiendo a propietarios de hasta cinco unidades quedar fuera del alcance del impuesto, independientemente de los ingresos generados. Este esquema beneficiaba a propietarios con inmuebles de alto valor, mientras que aquellos con múltiples unidades de menor valor, como pequeños departamentos, debían tributar.
La reforma plantea un cambio fundamental: ahora la base para la exención se determina por los ingresos totales anuales percibidos, estableciendo umbrales claros que definen quiénes deben contribuir.
Además, el proyecto incluye ajustes en la facturación requerida para el pago de impuestos sobre los ingresos brutos, con límites que exigen a propietarios urbanos y rurales declarar ingresos mensuales superiores a $2 millones y $4 millones respectivamente, para mantener la exención. Este cambio cierra la puerta a prácticas evasivas y asegura que quienes generen ingresos significativos por alquileres contribuyan de manera justa al sistema fiscal.
En paralelo, la nueva ley impositiva busca aliviar a los pequeños propietarios y arrendatarios de vivienda única y locales comerciales de micro y pequeñas empresas, eximiéndolos de impuestos de sellos. Esta medida responde a demandas de largo tiempo y amplía beneficios fiscales a sectores más vulnerables, incluidos los estudiantes que alquilan su primera vivienda.
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