El retorno de las clases presenciales sólo se dará en escuelas de administración privada y recién el miércoles en las públicas. El rechazo a la oferta salarial por parte de Amsafe sorprendió a todos, incluida la secretaria general Sonia Alesso, a quien se le presenta el desafío de conducir un conflicto que no eligió. Objetivamente la propuesta salarial de Santa Fe no es mala en el contexto general y es superior a Buenos Aires, CABA y Córdoba, por ejemplo; incluye componentes no salariales no menores, como el transporte sin costo para el docente y la vacunación que trocó temor en sonrisas –dicho sea de paso un logro de la Ctera y su secretaria general Sonia Alesso–.
Ese dato objetivo sobre la propuesta salarial no niega el derecho de los docentes a ir por una mejor oferta. El análisis sería incompleto si no se tiene en cuenta que lo que perdieron en poder adquisitivo durante 2020 contribuyó a que el gobierno con el que están pulseando acumule un superávit de más de 18.000 millones, según los números finales que publicó esta semana el Ministerio de Economía. Y eso en un contexto de caída del 10% del PBI y 37% de inflación.
El resultado de la votación docente permite concluir que dentro de la conducción de Amsafe no se llegó a una síntesis sobre la propuesta del gobierno y que eso se tradujo en la votación dividida y pareja.
Parte del rechazo a la oferta salarial tiene su raíz en marzo de 2020 cuando desde Buenos Aires, y ante la inminencia del DNU que decretaría el Aspo por la incipiente pandemia, el gobernador Perotti ordenó suspender la reunión donde se haría la oferta salarial de ese año. Una decisión comprensible. No así el destrato de no volver a hablar de salarios hasta septiembre pasado cuando empezaron aparecer sumas fijas no remunerativas. Esa actitud resultó en un caldo de enojo y rencor que formó el fondo de cocción de las medidas de fuerzas que se inician este lunes.
El regreso presencial
A eso se agrega que la preparación del regreso a clases presencial está resultando muy conflictiva en las escuelas. A la diversidad de actores, situaciones y circunstancias propias del sistema, se suma la rigidez ministerial en la aplicación de protocolos. Muchas escuelas de Rosario debieron dar marcha atrás con su organización para disciplinarse a la última directiva de hace 8 días. Entonces, lo que los directivos resolvían con sentido práctico o el conocimiento de su realidad escolar, ahora está puesto en duda y motiva una y otra vez consultas con instancias superiores.
Esta situación en la que el protocolo no encaja con la realidad de las escuelas casi sin margen para adaptarse, tiene a directores, supervisores y funcionarios buscando clubes e instituciones barriales donde alojar burbujas de alumnos que no entran en el edificio escolar. Eso obliga a resolver la responsabilidad de la limpieza y la sanitización de esos lugares extraescolares, el traslado de alumnos y porteros, el consentimiento de las familias.
Hasta ahí, algunas de las situaciones que condimentan el clima de los docentes. Cómo continúa el conflicto es difícil aventurar. La primera reacción de la Casa Gris fue ratificar la oferta –fortalecido por la aceptación de ATE, UPCN y los docentes privados– y dejar que el contexto y la opinión pública hagan lo suyo. Amsafe necesita antes que nada garantizar un fuerte acatamiento al paro. Comienza así una carrera por ver quién se desgasta más. El gobierno porque es su responsabilidad que haya clases; el gremio porque el aislamiento podría debilitar el reclamo y porque necesita que exista una proporcionalidad entre lo que se pretende y el costo interno y externo de sostener el conflicto.
Foto judicial
El gobierno provincial generó dos hechos políticos que vale mencionar. La primera fue la foto que construyó el secretario de Justicia Gabriel Somaglia en ocasión de la apertura del año judicial. La foto reunió a Perotti, Lifschitz, Rodenas y los ministros de la Corte motivada por la firma de un convenio para avanzar en reformas pendientes. Como juzgados de pequeñas causas, códigos Civil y Comercial y Penal Juvenil, Justicia electoral y ampliación del fuero contencioso administrativo entre otros. Una buena iniciativa condenada a durar poco si persiste el actual nivel de confrontación oficialismo-oposición, Ejecutivo-Legislatura, Legislatura-Fiscales.
Verdes por los biocombustibles
Otro hecho político fue el pronunciamiento de la provincia en relación al incierto futuro del régimen de promoción fiscal para la industria de los biocombustibles. El documento lleva las firmas de la Federación de Industriales, las cámaras del sector, centros comerciales y distintas entidades productivas. El articulador fue el secretario de Industria Claudio Mossuz, quien además calificó como “nefasto” para Santa Fe el anteproyecto de reforma del régimen de biocombustibles que se elaboró en el Ministerio de Desarrollo Productivo nacional y que no hace más que alimentar las sospechas sobre el silencio que el presidente de la Nación mantiene sobre el tema a solo dos meses de que caiga la ley que Néstor Kirchner impulsara en 2006 y que en 10 años generó 54 plantas industriales en 10 provincias. Queda ahora en el gobernador Perotti darle volumen político al reclamo para que no muera en un comunicado.
La deuda histórica
Un último hecho trascendente de la semana fue el pago de Nación a San Luis en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema nacional de 2015 por los descuentos indebidos de coparticipación. Esa noticia repercute en Santa Fe, que fue pionera en demandar al Estado nacional por decisión política de Hermes Binner y el acompañamiento de los ex gobernadores Carlos Reutemann y Jorge Obeid (éste último dio de baja los pactos fiscales de 1992 por los cuales la provincia cedía el 15% a favor de Ansés y Afip).
Santa Fe está a la espera que la Corte Suprema resuelva la ejecución de aquel fallo, como ya hizo con San Luis, que en la práctica significa determinar cómo se calcula la deuda histórica y el monto final.
San Luis y Santa Fe volvieron a la Corte después de dos años de promesas incumplidas por parte del gobierno de Mauricio Macri. En octubre de 2017 Alberto Rodríguez Saá hizo su presentación. El ex gobernador Lifschitz por su parte aceptó, por pedido personal del presidente, dilatar la de Santa Fe cinco meses. Compromiso que incluso quedó por escrito en el Consenso Fiscal de 2017 a requerimiento de la provincia, a pesar de lo cual llegó el 31 de marzo de 2018 y Macri faltó a su palabra y a su obligación con la provincia.
Probablemente la mirada más lúcida sobre el tema sea la que hace unas hora hizo el ex secretario de Ingresos Públicos de la provincia, Pablo Olivares. “El pago a San Luis es una excelente noticia para Santa Fe”, escribió. Recordó que en el caso de los puntanos la Corte Suprema definió que para la actualización de la deuda se debe “aplicar tasa promedio pasiva del BCRA no capitalizable”. Concluye que siendo un caso análogo al de Santa Fe “debería allanarse el camino del procedimiento para acuerdo de pago”. Y el remate es jugoso: “Teniendo certeza en el punto donde había disenso entre Nación y provincia ¿con qué sentido los gobiernos de Santa Fe y Nación esperarían que la Corte resuelva lo mismo para el caso santafesino?”. En definitiva, según esta línea de interpretación, la cancelación está más cerca que nunca porque depende de la voluntad política de dos gobiernos del mismo signo político.
Señales de un país
Señales preocupantes llegan desde Buenos Aires. Un presidente que se muestra cándido y titubeante ante el daño autoinfligido por la renuncia de su ministra amiga, que todavía no fue reemplazada pero ya tiene asegurado un relajado cargo en el exterior; dato de inflación de febrero de 3,6%; y los incidentes de este sábado en Chubut, adonde el presidente concurre para ver el daño ocasionado por el fuego sin medir adecuadamente que esa provincia atraviesa un turbulento debate social sobre proyectos de megaminería.
Enfrente, un dispositivo opositor –va mucho más allá de partidos y dirigentes– que escala la agresividad discursiva y simbólica a niveles preocupantes, inclusive hasta forzar relatos sin el más mínimo apego a los hechos concretos –la manipulación en torno al caso de Beatriz Sarlo por la vacunación, por ejemplo–. Sería un error tomar con ligereza esas señales en un mundo en el que las centroderechas tradicionales pierden terreno ante fuerzas de derecha dura, ya sean de carácter nacionalista, religioso o populista, pero en cualquier caso menos democráticas y con algún componente de violencia. Habrá que ver cómo asimilan (y se posicionan) esos procesos en Argentina los sectores más moderados y los más duros.