Con fuertes audios y declaraciones testimoniales de policías, comenzó la segunda jornada del juicio por atentados contra domicilios de jueces, policías y edificios judiciales entre mayo y agosto de 2018. Sin Ariel Máximo "Guille" Cantero, líder de Los Monos, por la visita de su esposa en la cárcel de Marcos Paz, lo relevante pasó por el contenido de llamados telefónicos de miembros de la banda al 911 después de los dos primeros ataques.
La segunda jornada se desarrolló sin el jefe de la organización, cuya celda del penal de Marcos Paz fue requisada este lunes por estar sospechado de tener relación con la balacera al Centro de Justicia Penal del miércoles pasado por la noche. Para sorpresa de los fiscales intervinientes Franco Carbone y Federico Rébola, "Guille" tenía un teléfono de línea que fue incautado.
Ese teléfono fijo fue encontrado en un contexto en el que el preso está condenado por amenazar a un juez (Edgardo Fertitta) y por planificar balaceras a domicilios vinculados a cuatro jueces (Ismael Manfrin, Marisol Usandizaga, Gabriela Sansó y Carolina Hernández) y edificios judiciales, motivo por el que se analiza informalmente modificar la arquitectura del Centro de Justicia Penal, que está vidriado casi por completo.
Los primeros pasos del juicio
Los dos primeros atentados fueron contra la casas del juez Ismael Manfrin. Fueron en simultáneo en la noche del 29 de mayo de 2018 y se realizaron con la misma mecánica, de acuerdo a los testimonios de este lunes: pasó una moto con dos ocupantes y el que iba como acompañante abrió fuego en reiteradas oportunidades. Los disparos impactaron en las fachadas de inmuebles de Italia al 2100 y Montevideo al 1000.
Casi todas las personas citadas a declarar este martes de forma testimonial fueron policías que participaron en tareas realizadas previas y posteriores a los atentados. También testigos de esas balaceras y el dueño de uno de los domicilios baleados, que ya no era el magistrado provincial.
Tiempo después de esas balaceras, personas no identificadas llamaron al 911 e indicaron ser parte de la banda y dijeron: “Suelten a todos Los Monos porque los matamos a todos". Los fragmentos de los audios fueron reproducidos al comienzo de la segunda audiencia del juicio por las balaceras. Luego fueron atacados los domicilios de tres juezas, dos edificios judiciales y casas de dos policías.
Manfrin no era cualquier juez. Era el presidente del tribunal de primera instancia que había condenado a Los Monos en la famosa "Megacausa". En esa resolución, "Guille" Cantero había recibido 22 años de prisión por la jefatura de una asociación ilícita y por la autoría por el crimen de Diego Demarre, dueño del boliche de Villa Gobernador Gálvez frente al que mataron a su hermano, Claudio "Pájaro" Cantero.
La estrategia de Fausto Yrure, abogado de "Guille" Cantero, pasó por sugerir que algunos atentados los pudo haber instigado Esteban Alvarado, líder de otra banda. Es que ese presunto jefe de otra asociación ilícita está imputado por balaceras a los Tribunales provinciales y al Centro de Justicia Penal en diciembre de 2018 con un sello característico: carteles que decían "Con la mafia no se jode. Atte: Esteban Alvarado".
En la causa contra Alvarado están condenados dos ex altos mandos de la ex Policía de Investigaciones (PDI), Marcelo y Martín Rey. Ambos estuvieron en la escena del atentado de Italia al 2100, según la declaración de uno de los policías que se presentó este lunes. Por ese motivo, Yrure enfatizó que al instante esos agentes –años después condenados por la causa Alvarado– recibieron toda la información.
Intimidaciones a los jueces
El tribunal de primera instancia que condenó a Los Monos seguía constituído –también en la actualidad– porque es quien debe intervenir en el decomiso de los bienes de Los Monos. Y es ese mismo tribunal el que recibió la notificación el 27 de mayo de 2018 por parte de la Justicia federal de que se había decidido trasladar a "Guille" Cantero al penal federal de Resistencia, Chaco, en el marco de la causa por narcotráfico denominada "Los Patrones".
Ese tribunal también estaba integrado por las juezas Marisol Usandizaga y María Isabel Más Varela. Después de los ataques a Manfrin, Usandizaga fue el blanco más elegido por Los Monos, ya que balearon cuatro domicilios que los que vivió: Zeballos al 2500; Dorrego al 1600; Libertad al 300; y Buenos Aires al 1700.
Las otras integrantes del Poder Judicial que fueron blanco de balaceras fueron las camaristas Gabriela Sansó y Carolina Hernández. Los ataques ocurrieron, según el alegato de apertura de la Fiscalía, ni bien fueron designadas como integrantes del tribunal de segunda instancia que iba a revisar el fallo por asociación ilícita y homicidios de Los Monos. La primera fue en Tarragona al 700 bis (5/8/18) y la segunda en San Luis al 1400 (13/8/18).
La sede de PDI y edificios judiciales
El primer edificio judicial en ser baleado fue el Centro de Justicia Penal. Fue el 4 de agosto de 2018, cuando en simultáneo también atacaron a tiros un edificio de Libertad al 300 que había habitado la jueza Usandizaga.
El segundo fue la sede de Fiscalía, el 14 de agosto de ese año. Por ese atentado hubo una persecución policial que terminó con detenidos y un condenado: José Alberto Castillo, a 5 años y 6 meses de cárcel.
El último fue el 26 de agosto de 2018 contra la sede de la ex Policía de Investigaciones (PDI), actualmente llamada Agencia de Investigación Criminal, situada en Lamadrid al 500 bis. Allí, arrojaron una granada de gas lacrimógeno, hecho por el que están imputados Lucía Uberti y Damián Chávez, y está condenada a 3 años de prisión Aldana Mazzeo.
Los dos ataques no esclarecidos
Hay dos balaceras que fueron alcanzadas en la investigación, pero que no fueron esclarecidas. Se trata de los ataques a la casa del padre del juez Juan Carlos Vienna (Laprida al 3600) y el domicilio del policía de la División Judiciales Luis Quevertoque (Gálvez al 5900).
Los dos hechos ocurrieron entre el 1° y el 13 de julio, todo de 2018. Se presume que fueron incluidos en el juicio a pesar de no tener imputados porque se dieron en el marco de una seguidilla de atentados contra funcionarios judiciales, policías y edificios judiciales.