El juez Alejandro Negroni dispuso prisión preventiva sin plazos para siete de los nueve imputados por fraude automotor en Rosario al cabo de dos extensas audiencias en la que los fiscales Pablo Lanza y Fernando Dalmau expusieron evidencias de los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas por abuso de confianza, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y amenazas simples. Hasta el momento, se analizaron unas 37 denuncias de damnificados, pero se prevé que el número aumente. Calculan el fraude en un total de 600 millones de pesos actuales.
Como ya publicó Rosario3, el presunto jefe de la organización dedicada a las estafas, Alexis Guarda, se encuentra prófugo. En Rosario, este hombre se hacía llamar Rodrigo Dipp, puesto que desde diciembre de 2022 tenía pedido de captura a pedido de la Fiscalía de Santa Fe, donde protagonizó una causa similar, conocida como “Vendo tu auto”, por la que fueron detenidos todos sus empleados.
Entre los imputados por el escándalo local se encuentra el ex empleado judicial Nelson “Coqui” Ugolini (37), quien fue secretario del destituido fiscal Gustavo Ponce Asahad, y aún debe ser llevado a juicio –con pedido de pena de cinco años de prisión– en una causa por asociación ilícita relacionado con el juego clandestino junto con el ex fiscal regional Patricio Serjal.
El celular de Ugolini, quien permanecía alojado en la Comisaría 2ª, podrá ser objeto de un eventual peritaje por parte de los investigadores, según resolvió el juez Negroni, que tuvo presente la petición del penalista José Luis Giacometti con relación a que el análisis se circunscriba sólo a aquella información relacionada con la causa en investigación.
Entre otros delitos, a Ugolini –que ya en 2010 había sido apartado de su cargo judicial en Venado Tuerto por irregularidades– le atribuyen, como abogado de las concesionarias de Alexis Guarda, haber intentado desviar reclamos y haber amenazado, amedrentado, intimidado y atemorizado a víctimas que reclamaban a la concesionaria de autos de Pellegrini 3100, que el 24 de julio fue escenario de un encendido reclamo de damnificados, ocasión en que fueron detenidos los empleados Camila Mendoza, Walter Ríos, Roberto Pereyra y Andrés Alarcón, todos ahora en prisión preventiva.
Los otros acusados que seguirán detenidos sin plazos son Maxilimiano Alarcón y Leandro Jaquet, señalados como cómplices de las estafas pergeñadas por Guarda. Mientras que los identificados como Diego Ceferino Gordillo y Fernando Ortellado Rodríguez, vendedores de vehículos, seguirán detenidos por un mes. Una imputada, identificada como Camila Dávila, se encuentra prófuga.
En la audiencia, el magistrado autorizó la constitución de cinco querellantes y escuchó a las víctimas. Trascendió, a partir del relato de abogados a Telenoche Rosario, que el fraude se calcularía en 600 millones de pesos.
La imputación señala que la asociación ilícita del prófugo Guarda operó desde diciembre de 2023 y estaba destinada a obtener un provecho patrimonial ilícito e injusto mediante el abuso de confianza que generaban las fachadas de los locales comerciales que utilizaban en Pellegrini al 3100 y 4800 e Independencia al 3200.
Los fiscales dijeron que las víctimas, unas 37 al momento, confiaron en que se destinaría su dinero a la concreción de adquisiciones de automotores, pero fueron defraudadas.
Algunos imputados se contactaron por Marketplace u otras redes con interesados en vender su auto usado, pidiéndoles que se apersonen en la concesionaria a negociar el precio y aduciendo que tenían compradores y con ello les hacían suscribir contratos de consignación y le solicitaban la entrega del rodado con su documentación y fotocopia del DNI, suscripción del formulario 08.
En ocasiones, los imputados retiraban rodados de la concesionaria sin autorización de los propietarios e infringían normas de tránsito, llegando en ocasiones a que personal de Tránsito secuestrara el rodado, lo que generaba una importante deuda de dinero por la multa en cabeza de la víctima.
En otros casos, las víctimas compraban en la concesionaria un rodado usado, suscribiendo un contrato de compraventa automotor, en el que se establecía el rodado y la forma de pago. Así entregaban una suma de dinero a cuenta en efectivo por la adquisición del coche y el plan de pago, siendo que posteriormente no cumplían con lo pactado y con la entrega del rodado.
Otras víctimas entregaban el auto suscribiendo un contrato de compraventa en el que se detalla la forma de pago con el rodado que entrega, y se establecía una suma en un crédito prendario y el resto por entrega por transferencia bancaria, pero el auto pactado no se le entregaba ni tampoco se le devolvía el rodado entregado.