Casi en paralelo a la decisión de desplazar al funcionario que estuvo a cargo de la compra de alimentos con sobreprecios, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ordenó este martes anular la compra de aceite y azúcar que generó un fuerte escándalo en el Gobierno por las irregularidades detectadas.
Arroyo ya firmó una resolución interna en la que determinó la “anulación completa” de la partida de azúcar y aceite que se había hecho con sobreprecios. Así, dispuso también llamar de inmediato a elaborar el nuevo proceso de compra directa con precios máximos establecidos por el Gobierno.
“Vamos a hacer todo lo que corresponda para que la compra sea transparente, sin objeciones y con los precios máximos correspondientes”, dijo un allegado al ministro de Desarrollo Social.
De esta manera, se confirmó que el Gobierno sólo dispondrá de un nuevo proceso de compra de aceite y azúcar porque entiende que el resto de las partidas de alimentos que se hicieron para los sectores vulnerables estaban “dentro de los parámetros aceptados” por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
El ministerio que encabeza Arroyo publicó las compras autorizadas de alimentos de primera necesidad (aceite, fideos, azúcar, arroz y lentejas) en el marco de la emergencia sanitaria para abastecer a las familias más vulnerables en medio de la cuarentena obligatoria. Se trató de “contrataciones directas”, que no están sujetas al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional. Pero hubo casos llamativos de sobreprecios acordados.
Por ejemplo, por la Resolución 156/2020, se adjudicó la compra de envases de aceite comestible mezcla por 1,5 litros cada uno de marca Indigo a la empresa Teylem, por un precio unitario de $166,58. Esto es un 14% más que el precio que se paga en las cadenas de supermercados de ciudad de Buenos Aires, donde el envase de 1,5 litros de aceite de girasol Cocinero, de primera marca, se vende a $145,79.
Por la Resolución 158/2020, se adjudicó la compra de azúcar común en presentación de un kilo marca La Muñeca por $74,97. En los supermercados, el paquete de un kilo de azúcar Ledesma cuesta $59,95. La diferencia es de 25 por ciento. En tanto, por la Resolución 158/2020, se adjudicó la compra de arroz en paquetes de un kilo de las marcas Monarca, Don Bernardo, Chajarí, Valderey o Castellón por un precio unitario de $68,77. En los supermercados, el arroz Lucchetti —primera marca— cuesta incluso unos centavos menos: $68,49.
En el caso de la compra de fideos, en el texto de la resolución se expresaron precios de $84 por unidades de paquetes de 500 gramos, una diferencia de 51% con los precios de los supermercados. Sin embargo, Arroyo destacó que, solo en el caso de los fideos, la diferencia de precios se debe a que los precios autorizados están expresados en kilos, mientras que los paquetes comprados son de 500 gramos. Y que debieron realizar una corrección. Pero admitió el sobreprecio en la compra de aceite y azúcar.
Por este motivo, la compra de fideos no quedará anulada como si ocurrirá con la de aceites y azúcar.
Arroyo tomó esta definición casi en paralelo a la que tomó más temprano de expulsar de su ministerio a Gonzalo Calvo, el responsable de la Secretaría de Asistencia Crítica que había estado a cargo de la polémica compra de alimentos con sobreprecios para los sectores vulnerables en medio de la pandemia del coronavirus.
El Ministerio de Desarrollo Social inició una investigación interna a pedido del presidente Alberto Fernández y hoy el ministro Arroyo le pidió la renuncia a Calvo.
“Estamos ante una situación de investigación interna y no descartamos que en lo sucesivo haya más pedidos de renuncias”, agregaron las fuentes consultadas.
Calvo fue quien realizó toda la operatoria de la compra del aceite, el azúcar y los fideos por los que se pagaron sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social. Este funcionario había sido investigado por corrupción hace un año y fue expulsado mientras era funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown a cargo del intendente Mariano Cascallares.
En aquel momento Calvo renunció a la Secretaría de Seguridad del municipio luego de que se difundiera por Facebook un video filmado por una cámara oculta donde presuntamente le cobraba coimas a una empresa de seguridad privada.
Amparado en el amplio respaldo que le dio ayer el Presidente, quien dijo “no apañaré a corruptos en mi gobierno”, Arroyo avanzó hoy con el desplazamiento de Calvo, que había estado a cargo de las millonarias compras de fideos, aceite y azúcar con sobreprecios.
De hecho, antes de tomar esta decisión el ministro de Desarrollo Social le comunicó al Presidente los pasos que iba a seguir. Es decir que además de la expulsión de Calvo se optó por abrir un sumario interno para revisar todo el circuito administrativo por el que se hizo la compra de alimentos con sobreprecios.
Con la salida de Calvo se concreta la primera baja en el gobierno de Alberto Fernández. Aseguran los funcionarios que anoche estuvieron con el Presidente que estaba muy molesto con este escándalo de la compra de alimentos con sobreprecios. “Por un lado le da bronca que algunos empresarios se aprovechen en una situación crítica del país y por otra parte no entiende cómo es que haya funcionarios que no hayan visto todo esto”, dijo un secretario de Estado consultado.
Por otra parte, el Presidente le pidió a Arroyo que haya una “profunda investigación” de todo lo sucedido y firmó una resolución para frenar el pago de la compra de alimentos con sobreprecios.
Disposiciones sobre precios máximos para compras durante la emergencia
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La jefatura de gabinete emitió una decisión administrativa que apunta a hacer respetar los valores establecidos. Entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial
La norma establece:
No podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los Precios Máximos establecidos.
Esto será de aplicación a los procesos de compra regidos por la Decisión Administrativa N° 409/20 que se encuentren en curso y que a la fecha de vigencia de la presente no hubieran sido adjudicados.
Asimismo, instrúyese a los titulares de los ministerios y de los organismos descentralizados a realizar, en aquellos procesos que no se encontraren concluidos, las diligencias necesarias para que se respeten, en todos los casos, los precios máximos.
Se procederá a pagar exclusivamente hasta el monto correspondiente a la aplicación de la mencionada Resolución, respetando los precios máximos allí previstos.
Facúltase a la Oficina nacional de contrataciones a dictar las normas aclaratorias y complementarias de la presente medida.
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