Una nueva falsa amenaza de bomba alteró este lunes por la mañana el normal funcionamiento de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. Sin embargo, la situación obligó a activar el protocolo de evacuación y al despliegue de diferentes recursos públicos para abordar un eventual peligro real, una película que se viene repitiendo con cierta frecuencia en lo que va del año en Rosario. El fiscal Franco Carbone se refirió en Radio 2 a las penas que afrontan quienes hacen estas llamadas y cómo se investigan.
Carbone, fiscal de la Unidad de Flagrancia y de la Unidad de Balaceras de Rosario, partió de un caso particular para explicar los problemas legales a los que se exponen quienes deciden hacer una “falsa amenaza” de bomba y recordó el caso de Cintia Batres, de 32 años, hallada culpable de efectuar cuatro llamados con advertencias falsas a distintos bancos de la ciudad, el pasado 31 de mayo.
“Se activaron los protocolos, más de mil personas fueron evacuadas, un montón de fuerzas de seguridad trabajaron en conjunto, tres comisarías, policía de la provincia y agentes de la Agencia de Control de Proximidad de la Municipalidad, fiscalía, y también tuvimos que comunicarnos con la sede de intervenciones telefónicas en Buenos Aires”, explicó en el programa El Conteador sobre aquel caso que generó agitación en el microcentro de la ciudad.
En un juicio abreviado, fue condenada a principio de julio a 3 años de prisión de ejecución condicional y también tuvo que donar dinero para compensar lo que costaron los operativos policiales causados por sus llamadas telefónicas a dos sedes del Banco Municipal, una del Banco de Santa Fe y otra del Galicia.
Según la investigación, argumentó que hizo las llamadas porque ese día tenía que pagar una deuda y buscó frenar el normal funcionamiento de las entidades bancarias.
Antes de recibir la condena, estuvo durante un mes en prisión preventiva, aunque no tenía antecedentes penales. El delito que cometió fue de “falsa denuncia en concurso ideal con intimidación pública”, que establece penas de dos a seis años de prisión.
Aunque la prisión de ejecución condicional significa que no estará en la cárcel, somete su estado de “libertad” al cumplimiento de una serie de reglas de conducta que debe seguir por un período de cuatro años y bajo el riesgo de, ante cualquier hecho menor, como un accidente de tránsito con lesionados leves, que se revoque esa condicionalidad y que pase a ser efectiva.
A su vez, Carbone mencionó otro ejemplo que tuvo lugar este año e involucró a un joven de “menos de 20 años” que hizo llamados al 911 con amenazas de muerte a un fiscal. “Fue condenado a tres años de prisión efectiva, por tomar el celular y hacer un llamado”, explicó con el objetivo de evidenciar la gravedad de las penas que pueden aplicarse.
Durante 2022, los casos de falsas amenazas de bomba se replicaron: contra la terminal -en varias oportunidades-, el aeropuerto Islas Malvinas de Fisherton, el Concejo Municipal, el Palacio de los Leones, la Sala Lavardén y diferentes bancos.
Acerca de cómo se investigan estos casos, el funcionario judicial detalló que los llamados y motivos “son de lo más variado” y aseguró que la central operativa del 911 trabaja “de manera muy rápida y se articula bien con la Justicia, con tecnología aplicada” que les permite lograr resultados positivos en poco tiempo.