La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), criticó la decisión de la Justicia Federal de obligar al Sanatorio Otamendi de Buenos Aires a suministrarle dióxido de cloro intravenoso a un paciente que se encuentra internado y en grave estado a causa del coronavirus.
Mediante un comunicado, desde la asociación que nuclea a los médicos intensivistas sostuvo que “la justicia no debe obligar a los médicos a indicar un producto o una medicación que no tiene el respaldo científico y que no está autorizada por los entes de regulación nacionales e internacionales”.
“Solicitamos que las autoridades competentes, den seguridad profesional y garantía jurídica a los profesionales para que puedan actuar con la libertad que otorga la medicina basada en la evidencia científica”, remarcaron en el escrito que lleva la firma de la presidenta de la Sati, Rosa Reina.
Además, los especialistas pidieron también que “se frene la judicialización de la medicina” ya que, según sostienen, la decisión de la justicia obliga a los profesionales del Sanatorio Otamendi a “poner en riesgo la salud del paciente”.
Cabe recordar que el dióxido de cloro es una sustancia que no tiene eficacia para tratar la enfermedad y que tampoco posee la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para su comercialización.
El 15 de agosto del año pasado, un nene de cinco años murió en el Hospital de Plottier de Neuquén después de que sus padres le suministraran esta sustancia con la intención de evitar que contrajera la enfermedad.