A dos meses del operativo en que se demoró a 145 personas tras frenar una carrera de galgos clandestina en una zona rural de Sauce Viejo (Santa Fe), esta semana se conoció que la justicia santafesina ordenó que 28 de los 61 perros encontrados sean restituidos, nuevamente, a las protectoras, luego de que el fiscal Omar De Pedro dictaminara lo contrario el pasado 21 de octubre y fueran devueltos a sus dueños, acusados de maltrato animal.
En el operativo del 2 de octubre, se halló a una gran cantidad de perros en mal estado y eso propició la intervención de la Policía Ecológica, por lo cual agrupaciones proteccionistas se hicieron cargo de los animales, en primera instancia.
Sin embargo, pocos días después, De Pedro indicó que había que restituir los animales a los galgueros porque, según explicó, hubo irregularidades en el procedimiento de la captura e hizo polémicas declaraciones. Defendió su accionar, cuestionó con dureza a quienes forman parte de Galgos Libres y sostuvo que hay perros que, luego de estar en la protectora, terminaron “con 19 kilos menos”.
Esta decisión generó polémica e indignación entre quienes forman parte de las protectoras. "No doy crédito a muchas de las cosas que acabo de escuchar. Destinamos nuestro tiempo, nuestro amor y nuestra vida a cuidar a los animales y tenemos una trayectoria como agrupaciones", aseguró una manifestante en Telenoche (El Tres).
El fiscal acusó a los proteccionistas por la pérdida de peso de los galgos y presuntas heridas que observó por fotografías: "Los animales que nosotros atendimos tenían un 'hiperdesarrollo' muscular que es imposible que sea natural. Hacía pis de color fosforescente. Tienen menos peso porque están en un proceso de desintoxicación", respondieron desde la movilización.
Tras las manifestaciones de organizaciones proteccionistas de animales, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, abrió una investigación para conocer si el funcionario judicial actuó correctamente.
“Tomamos intervención ante el reclamo público y en los próximos días se tomará una determinación. Se abrió una investigación administrativa para determinar si la decisión es correcta”, detalló el fiscal general el último 25 de octubre.
Finalmente, dos meses después de la intervención policial en la carrera clandestina y tras los idas y vueltas entre la Justicia y las protectoras, esta semana se conoció que se ordenó que 28 perros regresen con las organizaciones proteccionistas, que este viernes, pese a estar conformes con la nueva decisión, expresaron su preocupación en El Tres porque, según denunciaron, algunos dueños intentaron “cambiar” a los galgos maltratados por otros de similares características y engañarlos.
“Apoyados por distintas organizaciones y personas, las autoridades máximas del MPA no pudieron evitar tomar conocimiento de la gravedad de la situación en torno a la causa, se tomó intervención y arbitró los medios para que se cite a los galgueros y poder recuperar a estos animales”, explicó este viernes una integrante de Galgos Libres.