El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, fue imputado este martes en la causa conocida como espionaje ilegal en la que se lo investiga junto a parte de su equipo de trabajo. En total son ocho los acusados que fueron convocados a las oficinas de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Santa Fe.
Según detalló oficialmente el MPA, Sain y otros siete ex funcionarios fueron imputados por haber conformado una asociación ilícita que, entre otros delitos, se dedicaba a la realización de actividades de inteligencia ilegal.
De acuerdo con la atribución delictiva, el ex ministro es investigado como supuesto jefe de la organización criminal.
Por su parte, fueron imputadas como organizadoras: Nadia Schujman, quien se desempeñaba como asistente técnica del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control; y Débora Cotichini, quien era jefa de Departamento de Inteligencia Criminal (Zona Sur) del Organismo de Investigaciones (OI).
Las otras cinco personas fueron imputadas como miembros de la organización. Se trata del ex secretario de Seguridad, Germán Montenegro y María Agustina Moulin que cumplía funciones dentro de la misma cartera; Pablo Álvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernardi.
Por una cuestión de capacidad dentro del inmueble las partes acordaron dividir en dos la audiencia. En el primer turno estuvieron presentes los defendidos por Hernán Martínez que son el ex ministro Sain, el ex secretario de Seguridad, Germán Montenegro y María Agustina Moulin que cumplía funciones dentro de la misma cartera. En este caso los acusados participaron de forma virtual.
A Sain le imputaron ser jefe de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado.
Según planteó la Fiscalía en la imputación, la "organización criminal" tenía "estructura piramidal, era encabezada por el ex ministro de Seguridad y por las dos organizadoras".
“El objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”, informó el MPA y agregó que “por ese motivo, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
De acuerdo con lo explicado en la audiencia, los denominados “perfilamientos” consistían en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas que desarrollan en la provincia de Santa Fe.
Los fiscales detallaron que "entre las víctimas hay legisladores; funcionarios políticos; autoridades judiciales; dirigentes gremiales; profesionales; periodistas y empresarios". Además, también recopilaban datos de familiares de todos ellos y de su entorno laboral.
La Fiscalía también afirmó que “el ex ministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad”.
En tal sentido, se relató que “gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado”.