Junto a políticos y ex funcionarios y empresarios de la salud privada, en la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Santa Fe analizan si un nutrido grupo de fiscales de Rosario y otras plazas junto a jueces federales y hasta un defensor regional fueron víctimas de espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad.
Notificado de la causa en su contra y a la espera de una audiencia imputativa, Sain considera que la difusión de los nombres obedece a una filtración del MPA para menoscabar su imagen y realizó una presentación.
Según información del periodista Hernán Funes en Telenoche (El Tres), lo que la Justicia investiga es el presunto perfilamiento sistemático de personas sin control ni requerimiento judicial, a dedo, y para fines ajenos a los institucionales, como el caso de la ex funcionaria Ana Viglione, de quien pidieron a analistas del Organismo de Investigaciones los antecedentes políticos y penales y al resultado -expresado en "AnaViglione.docx"- lo usaron como prólogo para presentar a Sain en una entrevista en C5N. Por esa y otras maniobras fue desplazada la jefa de Inteligencia Sur, Débora Cotichini, cuyos audios aluden a Sain como superior e interesado.
En ese contexto, Ezequiel Hernández y Marianela Jiménez analizan si la recopilación de información de los siguientes fiscales fue solicitada legalmente o no: Matías Edery y su padre, Adrián Spelta, Georgina Pairola, Mariano Ríos Artacho y su hermana, Matías Ocariz, Aquiles Balbis (San Lorenzo) y Gabriela Lema (Rafaela).
Misma situación evalúan sobre un hijo del Fiscal General Jorge Baclini; sobre el secretario de Política Criminal y Derechos Humanos, Gustavo González; la médica Mariel Tocci, que integra la misma dirección; el secretario Juan Sánchez de la Fiscalía Regional Rosario; y Carla Belmonte, de la Agencia de Criminalidad Organizada, todos del MPA.
El caso de la fiscal de Homicidios de Rosario Georgina Pairola es paradigmático: tras una denuncia de la abogada Nadia Schujman sobre el pago de honorarios con fondos reservados a abogados de policías de Asuntos Internos implicados en el Caso Casco, de los cuales el penalista José Alcácer fue defensor -lo que derivó en en que el fiscal Ezequiel Hernández imputara al ex secretario de Control David Reniero-, desde oficinas públicas buscaron información sobre ella, ajena a ese proceso.
Tiempo después, una comunicación del Gobierno de Santa Fe informó que Alcácer era "marido de la fiscal Georgina Pairola". Pairola no tuvo ni tiene implicancias en esa investigación ni otra causa judicial en contra. Sin embargo, el Estado usó la información para controvertir su imagen y la de su esposo ante la opinión pública.
En otro orden, una de las recopilaciones -prohibidas expresamente por la Ley de Espionaje- involucran a Hernán Martínez, padre del abogado homónimo que representa a Sain y que además es patrocinante de la Asociación de Fiscales.
Los jueces federales y un fiscal regional
Junto a los fiscales, aparecen los nombres de la jueza de Cámara provincial Paula Sansó, el juez federal Marcelo Bailaque -denunciado por Sain ante el Consejo de la Magistratura- y su par Osvaldo Facciano, integrante de los Tribunales Orales de Rosario.
Asimismo, la ex jueza federal Laura Cosidoy y el Defensor Regional Rosario, Gustavo Franceschetti.