Franco Ezequiel Casco llegó a Rosario para visitar a su tía paterna y primos en el barrio Empalme Graneros el lunes 29 de septiembre de 2014. Tenía 22 años, era albañil y vivía en Florencio Varela, en el conurbano bonaerense. El lunes siguiente, 6 de octubre a la tarde, dejó la casa de sus familiares sobre calle Garzón al 1300 bis para regresar a Retiro. Franco debía salir en un tren que partía desde la estación Rosario Norte a la medianoche. Pero eso nunca ocurrió.
Su estadía en la ciudad cambió de forma abrupta con una detención policial que inició un caso emblemático por violencia institucional en Rosario. Para su familia y organismos de derechos humanos, ese fue el comienzo de un crimen: arresto ilegal, tortura en la comisaría 7ª y desaparición forzada seguida de muerte. Para la defensa de los policías acusados, solo se trató de un procedimiento normal por resistencia a la autoridad de menos de un día.
Esta semana, casi nueve años después, la Justicia Federal dictó un fallo en disidencia que absolvió a los 19 involucrados pero no explicó qué fue lo que ocurrió con Franco Casco. Lo que sigue es un repaso, parcial pero necesario, de lo que se sabe y lo que no, las versiones encontradas y los grises en torno a algunas evidencias.
La detención
La mañana del 6 de octubre de 2014, Franco Casco fue hasta la estación de trenes para regresar a Buenos Aires. Ahí se enteró que el servicio más cercano era a la medianoche. Volvió a la casa de Empalme Graneros y al mediodía de ese lunes envió un mensaje a sus padres desde el celular de su tía. Les dijo que los extrañaba y que esa misma noche tomaría un tren que llegaría a la mañana siguiente.
Después de dormir la siesta, se bañó, agarró la mochila y salió a las 17.30 de la casa de sus familiares. A partir de ahí, el relato de lo ocurrido se bifurca en dos versiones que a veces coinciden y muchas otras no. Esas líneas se vuelven a juntar recién al final, cuando su cuerpo sin vida fue hallado en el río Paraná el 30 de octubre.
Para la familia del joven, las querellas, y también para el Ministerio Público Fiscal, Casco fue detenido de forma ilegal (o al menos sin una causa clara) entre la noche del 6 octubre y el día 7. Policías de la comisaría 7ª lo esposaron en la estación Rosario Norte y lo llevaron a la seccional de Cafferata al 300.
La acusación afirmó que fue aislado en un calabozo “pequeño, oscuro y mugroso” llamado “La jaulita”. Se trata, según se indicó en la instrucción de la causa, de una celda aparte donde los agentes llevaban a quienes aprehendían por averiguación de antecedentes.
El libro de actas de la comisaría de Cafferata al 300 indica, en cambio, que ingresó recién al mediodía del martes 7 de octubre. El por entonces jefe de la comisaría, Diego Álvarez, aseguró en Radio 2 esta semana que recibió en su celular un llamado de un vecino “diciendo que había personas sospechosas merodeando en el barrio”.
A las 13 de aquel martes 7 de octubre, cuando se acercaron a Casco, el muchacho reaccionó mal y les arrojó un adoquín, situación que fue tomada como una “resistencia a la autoridad”. Señalaron que estaba “drogado, como perdido”. Por eso –y esta es la versión de los policías–, llevaron al joven hasta la seccional. El GPS de un móvil policial arrojó presencia a esa hora en ese lugar.
Al margen de eso, no hubo denuncia formal de intento de robo u otro delito. No ingresó llamado al 911 ni a la comisaría. Tampoco existieron testigos de ese arresto o de la supuesta resistencia de Casco. El vecino que dio el alerta al celular del comisario se contradijo varias veces en los detalles de lo ocurrido. Todo contribuyó a la “serie de irregularidades” que marcaron el procedimiento, calificó la Fiscalía.
La estadía
Hay una certeza: Casco estuvo en la seccional de la zona de terminal de colectivos. Las disidencias, el corazón de la causa y el posible motivo (o no) de todo lo que ocurrió después, es cómo fue esa estadía.
Según los testimonios de otros presos que constan en la causa, Casco fue llevado a “La Jaulita”, donde fue torturado. Esos reclusos dijeron haber escuchado golpes fuertes, baldazos de agua fría y gritos de pedido de auxilio. Uno le preguntó el nombre y le respondió que se llamaba Franco. Más tarde, “se hizo un silencio absoluto y no volvieron a escuchar a la víctima, ni la vieron al día siguiente cuando recibieron visitas, lo que les llamó particularmente la atención”, repasa la acusación.
“A mí me da miedo decir todo esto porque lo que le pasó a este chico Franco tranquilamente me puede pasar a mí”, declaró uno de los presos que consta en el procesamiento de 2017. Allí se destaca también la mención a los baldazos de agua porque en la foto dentro de la seccional a Casco se lo ve mojado.
Como efecto de esos maltratos narrados, el joven murió o quedó muy mal herido, concluyó la Fiscalía.
Los policías niegan todo eso. Desmienten agresiones. La defensa señaló que los testimonios de los presos no son válidos. No por su condición de convictos sino porque algunos se olvidaron de lo ocurrido por el paso del tiempo, o afirmaron cosas contrapuestas en el juicio o negaron haber declarado lo que dice el acta escrita de la Fiscalía federal.
También expuso un croquis con fotos de la comisaría para afirmar que los presos en las celdas normales no podrían haber visto lo que ocurrió en “La Jaulita”.
El entonces comisario Álvarez dijo incluso que esa zona de reclusión no se llama así y, en cambio, se la conoce como “transitorio”. No es solo un detalle. Para la defensa ese tipo de imprecisiones sustentan lo que ellos denominaron como “el armado” de una causa.
Sobre las golpizas, los abogados de los policías citaron informes periciales y de autopsia que no pueden precisar la causa de la muerte ni afirmar lesiones óseas o en los restos analizados.
El egreso
Las fotos de Franco Casco detenido en la comisaría fueron claves para las comparaciones con las imágenes detectadas de forma posterior, entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de octubre, por las cámaras de seguridad que lo ubicarían en la zona de Francia y Caseros, por Travesía y sobre Génova y Avellaneda.
La defensa tomó el peritaje sobre esas imágenes (coincide el pantalón claro y la prenda superior oscura) para sostener que Franco fue efectivamente liberado y estaba con vida después de su arresto. La acusación niega que la figura registrada por cuatro cámaras de la vía pública (son ocho videos) sea él.
Pese a las utilizaciones de los estudios en favor de una postura u otra, el perito Pablo Rodríguez Romeo concluyó que “se han establecido compatibilidades antropológicas, antropométricas y de vestimentas” entre Casco y esas capturas, pero, aclara que “en estos peritajes es imposible efectuar una categorización de la identidad” porque pueden existir personas similares o caracterizadas. En pocas palabras, la imagen es similar (es un indicio) pero no puede asegurar que sea la misma persona.
Algo semejante detectó el perito de Fiscalía Sergio Martínez (incluso una posible coincidencia en una imagen con un tatuaje que Casco tenía en el cuello). Otro especialista, Carlos Ferreyra, utilizado en el alegato de la defensa sí concluyó que “se trata de la misma persona”, algo que ratificó en la audiencia de octubre del año pasado.
Para la instrucción que elevó la causa a juicio, el estudio de esas imágenes “no alcanzó para desvirtuar el estado de sospecha" y "no resultó posible efectuar una categorización de la identidad".
La búsqueda
La madre de Franco, Elsa Godoy, esperó a su hijo en Retiro el martes 7 pero nunca llegó. Su padre, Ramón Casco, viajó el día siguiente a la ciudad. En la estación Rosario Norte no le dieron información y entonces siguió hasta la comisaría 7° de Cafferata 342, con jurisdicción en la zona.
Ramón dijo que lo atendieron cinco agentes y que le reconocieron que había estado en la seccional pero bajo el nombre de “Franco Godoy”, el apellido de la mamá. Le dijeron que lo habían detenido el 6 a la noche porque les había arrojado un adoquín. Se lo llevaron por “resistencia a la autoridad” a la seccional pero lo liberaron en una plaza más tarde.
Al padre de Franco se sumó su mamá, Elsa, y días después volvieron a la seccional. La madre dijo que los policías no la trataron bien. Sintió que le ocultaban información. El 12 de octubre volvió y esta vez la atendió el comisario Álvarez, quien ubicó la detención el día 7 (no ya el 6) y dijo que se negó a mostrarle el libro de liberación. Más tarde, en Fiscalía le mostraron fotos de su hijo y declaró que lo vio con el rostro hinchado, golpeado.
Las visitas de los familiares de Casco no fueron asentadas en los libros de guardia de la seccional. Los datos personales, la dirección o el número de DNI, estaban mal anotadas (lo que dificultaría una búsqueda), añadió el procesamiento judicial.
En los documentos de liberaciones no aparece el nombre de “Franco Casco” pero sí figura como “Franco Godoy”. Las pericias caligráficas sobre esa firma constataron como compatible con la letra de Casco, aunque para la instrucción eso debe analizarse en el “contexto” estudiado. En las fotografías de la detención en la seccional, Franco sostiene con sus manos un cartel que dice “Franco Godoy”, que es el apellido materno. También están las huellas dactilares.
No hay ninguna duda que estuvo ahí antes de morir. La clave es por qué, desde cuándo, en qué condiciones y cómo salió (si es que salió con vida). La causa inicial fue por búsqueda de paradero (en la comisaría 20 de Empalme) pero cambió cuando el cuerpo fue encontrado sin vida.
El hallazgo
El 30 de octubre, 22 días después de que fue visto con vida en la seccional 7ª, Prefectura encontró el cuerpo sin vida de Franco Casco flotando en el río Paraná. El cadáver estaba a la altura del kilómetro 418, margen derecho.
El acta consignó que estaba con el torso desnudo, pantalón vaquero color azul, sin calzado y un tatuaje visible en el antebrazo derecho con el nombre “Thiago” (su hijo).
Más de dos años después de eso, en marzo de 2017, se difundieron fotos tomadas por un agente que mostraban el cadáver sujetado con sogas en la pierna y el brazo izquierdo del muchacho.
Para el abogado de la querella, Salvador Vera, esa fue una evidencia de que Casco fue atado y “fondeado” por sus homicidas, es decir que hundieron su cuerpo con peso para que no salga a flote.
El procesamiento validó que el cuerpo estaba sujetado por dos sogas y señaló que los testigos de actuación Ricardo DV. y Franco A. lo ratificaron.
La defensa, en cambio, citó pericias que indican que esas ataduras no fueron previas al hundimiento, sino que formaron parte del operativo de rescate de Prefectura Naval, algo habitual en los procedimientos.
A eso se agrega que el testigo Ricardo DV (el mismo citado en el procesamiento) en una audiencia del juicio del 7 de abril del año pasado, al ver las fotos del cuerpo con las sogas, dijo que agentes de Prefectura las usaban para sacar el cadáver, según señaló la parte.
Por otro lado, según consta en el expediente, la pericia 73.258 de Gendarmería hecha a finales de agosto de 2015 desestima vinculación con otras sogas secuestradas en la comisaría 7ª. La comparación con las muestras fotográficas que sujetaban el brazo y la pierna de Franco no tienen “correspondencia morfológica”.
Otra controversia fueron las pericias sobre la ausencia de tres dientes. Una primer informe indicó que eso podría ser consecuencia de los golpes traumáticos (una tortura). Pero un estudio de odontólogos de la UNR rechazó esa tesis.
La defensa también presentó pericias que descartan la presencia de sangre en patrulleros o en las paredes y piso de la celda mencionada de la comisaría 7°.
El juicio
Diecinueve policías de la comisaría de calle Cafferata y de Asuntos Internos llegaron a juicio oral. El proceso comenzó en diciembre de 2021 y tras un año y medio de audiencias, la Fiscalía y la querella solicitaron la pena de prisión perpetua para 14 acusados por desaparición forzada seguida de muerte y a los otros cinco por encubrimiento.
El veredicto del Tribunal Federal Oral 2 se conoció el martes 18 de julio. Dos jueces, Eugenio Martínez y Ricardo Vázquez, absolvieron a los acusados por todos los delitos y ordenaron la inmediata libertad, tras casi seis años de prisión en algunos casos.
El fallo no fue unánime. El presidente del tribunal Otmar Paulucci opinó que había que condenar a tres policías que trabajaron la noche del 6 de octubre de 2014 en la seccional por el delito de privación ilegal de la libertad y torturas seguidas de muerte, a la pena de prisión perpetua; mientras que otros nueve debían ser condenados por encubrimiento agravado.
Los fundamentos se conocerán el 25 de septiembre. Esta nota apenas resume algunos planteos de la defensa y los acusadores. Pretende ser un aporte después del veredicto con vallas y megaoperativo policial de esta semana. Sin pruebas, como dice la defensa, no se puede condenar. Pero la falta de pruebas no implica que un hecho no haya ocurrido.
Después de casi nueve años, el Estado a través de su sistema judicial no pudo determinar cómo murió Franco Casco ni quienes fueron los eventuales responsables, en caso de un asesinato. A ese daño por carencia de verdad institucional y reparación para la familia del joven, el Poder Judicial aplicó un segundo agravio: mantuvo con prisiones preventivas durante casi seis años (superando ampliamente la cantidad de tiempo que figura en la legislación) a personas que ahora declara inocentes.
El fracaso, al menos hasta esta instancia, es doble.
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