¿Hay algo más desesperante que la desaparición de un hijo o hija que se extiende en el tiempo sin respuesta? “La angustia y la incertidumbre no termina nunca”, es la frase que repiten madres y padres cuyos hijos desaparecieron un día, sin razón aparente y llevan años en esa condición. Quienes los buscan genuinamente y ninguna relación tienen con su ausencia, desde entonces no tienen paz. Su devenir diario queda supeditado al dato que pueda torcer el destino temido: una llamada, alguna pista, una información cierta que vuelva a poner en marcha el reloj de la vida familiar, aunque nada vuelva a ser igual desde entonces, sobre todo para las víctimas, en caso de que hayan sobrevivido. Víctimas que se vuelven hipótesis, sospechas y especulaciones desprovistas de identidad. “Mientras no haya un cadáver, se busca a la persona”, sostienen los investigadores que señalan fallas no casuales en la búsqueda de Loan y deslizan que, en casos de trata, suelen ser las propias víctimas las que años después, buscan su propio origen.
Los chicos no se pierden. Cuando un niño se extravía, hay un adulto que lo encuentra y lo lleva con su adulto responsable.
Hace ochenta largos días que Loan, el niño correntino de cinco años, falta de su hogar. Durante estos casi tres meses, transcurridos desde el 13 de junio último, la búsqueda de su paradero vio pasar abogados, dejó en el camino funcionarios, desplazó la cúpula policial, develó contradicciones familiares, cambió de carátula y disparó muchas preguntas y dudas.
“Los chicos no se pierden. Cuando un niño se extravía, hay un adulto que lo encuentra y lo lleva con su adulto responsable”, insiste en diálogo con el programa A la Vuelta (Radio 2) Nicolás del Mastro, exdelegado del Comité contra la trata de personas y actual integrante de La Alameda –organización no gubernamental argentina que lucha contra la trata de personas, trabajo esclavo, explotación infantil, prostitución y narcotráfico– y continúa impulsando la investigación por la desaparición de Loan.
Loan: una pequeña punta de iceberg
La desaparición de personas –en especial niños, niñas y adolescentes– no es nueva y se sabe que de la celeridad y pericia con que se lleven adelante los primeros pasos, luego de constatada la ausencia, depende en gran parte, el resultado de la búsqueda. Ese operativo requiere un accionar colectivo atado a un protocolo y no hay coordinación posible si alguno de esos engranajes falla, demora o saltea trámites.
“Hay una mirada muy focalizada en el contexto y la historia del niño que no nos deja ver el bosque. Nadie quiere dejar de lado la dolorosa situación que atraviesa la familia de Loan y la comunidad que lo busca, pero lo que necesitamos es una mirada más integral del proceso que nos permita ver lo que está pasando en una provincia limítrofe, con precarios indicadores sociales, económicos y laborales. Las familias tienen un presupuesto desastroso y no pueden destinar dinero al cuidado de los chicos. Viven en una extrema precariedad y todo esto posibilita que se generen problemáticas que atraviesan a las familias, en las que los menores de catorce años vienen siendo afectados, crónicamente”, explica del Mastro.
“A esto –añade– hay que sumarle la situación geográfica, ya que Corrientes es una provincia con triple frontera (Paraguay, Brasil y Uruguay) a la vera del sistema de navegación troncal, donde la vulnerabilidad institucional de las fuerzas de seguridad frente al crimen organizado y los delitos complejos –que se autoconducen– quedó claramente manifiesta. Acá hay un ecosistema que naturalizó este circuito”.
Asimismo, el abogado remarca que esto tampoco es nuevo: en el año 2016 hubo un operativo muy importante de decomiso de droga, impulsado por un fiscal de Reconquista, del que participó la Policía de Santa Fe. Y en ese momento, el entonces gobernador de Corrientes –Horacio Colombi– se presentó y frenó el allanamiento a un narcotraficante. “Es más –afirma– cuando desde La Alameda gestionábamos el Comité de lucha contra la trata de personas, Corrientes no participaba de las mesas interinstitucionales. Y sabemos que en el Estado, dejar una silla vacía es toda una definición”.
Estos delitos suceden en «zonas controladas»; no «liberadas» como suele repetirse.
Estos datos sirven para entender que cuando desaparece un niño, ese hecho es apenas la punta de un iceberg debajo del cual hay un montón de delitos que suceden en “zonas controladas”, y no, como suele repetirse: “liberadas”. Esos jefes policiales controlan el pueblo con mano de obra ociosa subcalificada. “Por eso –insiste– hay que conectar y ver integralmente, todo lo que está pasando. Los entramados mafiosos utilizan la lógica de la administración nacional como holding: unos administran y otros están subordinados y la trata, el narcotráfico, el lavado de activos y el contrabando en la zona de frontera, entre otros delitos, son distintos capítulos.
Este cuadro de situación, se ve agravado por el recorte aplicado por el Gobierno Nacional a algunos Programas Sensibles del Estado que actuaban en prevención y coordinación de acciones contra la trata de personas. “Es importante remarcar esto –sostienen organizaciones de la sociedad civil– porque la falta de coordinación y de tareas preventivas allanan el terreno para que existan nuevos «casos Loan»”.
El complejo “caso Loan” y la hipótesis de La Alameda
Desde la organización, se hicieron varias presentaciones para fortalecer la investigación por la desaparición de Loan: “Nuestra presentación apuntó a que hay que utilizar antecedentes y jurisprudencia que indican que cuando la víctima es un niño, niña o adolescente o mujer en contexto de pobreza, hay que trabajarlo con la peor de las hipótesis para investigar sobre la posibilidad de la desaparición forzosa. Luego de esa presentación, hicimos una denuncia por encubrimiento, porque vimos que la instalación de la hipótesis del accidente de tránsito –que llevó adelante la provincia con un senador provincial, un abogado del lugar y el propio gobernador a través de un tuit (entrometiéndose en la función de otros poderes del Estado y violando el secreto de sumario)– era una tarea de obstrucción de la investigación por parte de la Justicia Federal".
“Pasaron 80 días y hoy podemos decir que está comprobado que el niño no se perdió ni fue víctima de un accidente de tránsito, sino que hay alguien que lo sustrajo. Hay retaceo de la información por parte de los adultos mayores que estuvieron en contacto con él y en el último tiempo, empezamos a conectar hechos para hacer una presentación ante el Juzgado Federal interviniente, respecto de la hipótesis del narcotráfico”.
La organización sostiene que ése es el móvil y está relacionado con lo que pasó días antes de la sustracción del niño. Se refiere a un operativo con múltiples allanamientos que dispuso el Juzgado Federal que finalizó con la prisión de varios familiares directos: hijos y hermana de un capo narco de la zona apodado “el cabezón” de apellido López.
“En esa línea y en virtud de que el crimen complejo y el delito organizado no funcionan como compartimentos estancos, conectamos diversos hechos: el operativo en los días previos a la desaparición del niño, la aparición de una avioneta sobre la ruta nacional 12, en la zona, junto a la inestabilidad institucional que provoca la captación y desaparición de un niño, llevaron a poner en tela de juicio el accionar del juzgado interviniente. Vimos cómo se movilizaban expedientes contra la jueza Cristina Penzo, en el Consejo de la Magistratura, cómo quedaron en el centro de la escena por no poder encontrar un niño de cinco años. Primero pensamos que buscaban correr a esa magistrada de la causa, pero con el correr de los días, entendimos que no: que era una instancia de negociación. Ahora estamos viendo cómo los familiares de un capo narco consiguen que sean morigeradas las medidas cautelares de privación de la libertad. Incluso algunos son liberados. Notamos –agrega– que la captación del niño puede ser un mecanismo de amenaza. Hay una intención respecto de la zona y la región. Hay conexión con la triple frontera y el Primer Comando Capital en Brasil (organización criminal conformada por prisioneros del sistema penitenciario de ese país. Con cooptación de los organismos estatales y de los territorios. Hay intención de adquirir esos campos”, detalló del Mastro a Rosario3.
Estamos viendo maniobras para que no se hable de la causa.
Además, asegura que presentaron en la Justicia Federal un pedido para que se proteja a una testigo aportada por la organización y señalaron zonas donde es necesario hacer rastrillaje. “Son lugares donde identificamos inmuebles en los que creemos que esta banda narco «enfría» droga, mercadería, armas y, posiblemente, el cuerpo de Loan”.
“Es la hipótesis que estamos trabajando y que tiene cada vez más asidero porque se convalidaron algunos elementos de prueba. En el último tiempo, además, estamos viendo maniobras para que de la causa no se hable, para que los periodistas se entretengan con elementos accidentales o secundarios respecto del contexto familiar, el accidente de tránsito que recrearán y también el intento de criticar a quienes reclamamos justicia”, aseveró.
Los recortes del Gobierno Nacional y la trata de personas
Argentina tiene una larga historia en la lucha contra la trata. Y hay dos momentos clave: uno, cuando el delito se tipificó y las provincias empezaron a tener una respuesta; "aunque esa respuesta era mala, porque los entramados locales eran parte de los circuitos de trata".
El delito de trata está vinculado al contexto de la persona y requiere una mirada integral que no se agota con el abordaje policial.
Entonces, se produjo una gran modificación que federalizó ese delito. A partir de entonces se formó un Consejo Federal para la lucha contra la trata y explotación de personas y también un Comité Ejecutivo, que empezó a trabajar estratégicamente en prevención, asistencia a las víctimas, persecución penal y restitución de derechos, entre otras acciones.
Pero en los últimos meses, estos organismos que deben actuar de manera conjunta y coordinada, se vieron afectados por decreto del Gobierno Nacional y quedaron bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, mientras que antes dependían de la Jefatura de Gabinete. Esto significó adoptar una definición institucional atada a una óptica netamente policial, sin considerar que “el delito de trata está vinculado al contexto de la persona y requiere una mirada integral que no se agota con el abordaje policial”.
Ese recorte aplicado por el Gobierno incluyó no sólo a los organismos que luchan contra la trata, sino también al método de trabajo que vinculaba áreas de control en provincias, municipios y comunas. Se discontinuó el programa de asistencia a las víctimas y se interrumpieron las estadísticas. Se despidió a personas del Programa Nacional de rescate y con esos recortes, la tarea de lucha contra la trata se vio afectada directa e indirectamente.
Por eso, del Mastro afirma que están dadas las condiciones para que se produzcan más casos de desaparición de personas con fines de trata, a lo que contribuye también, la gran devaluación de la moneda argentina en la región, el cierre de cuentas sueldo, el cobro "en negro" y la explotación laboral.
Están dadas las condiciones para que se produzcan más casos de desaparición de personas con fines de trata.
“El dato detrás del cierre de las cuentas sueldo hay que trabajarlo, pero no tenemos Ministerio de Trabajo; no tenemos agencias territoriales de empleo ni sanción al empleo en negro. Además, si yo le digo a los jóvenes que nuestro salario en pesos es excremento –como se manifiesta desde el poder central– cuando ven una oferta laboral en dólares, por más engañosa que sea, prende como pasto seco. En síntesis: todos estos factores pegan de lleno en esos delitos que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas”.
La línea 145 y las denuncias de trata de personas
El abogado explica que, aunque con dificultades, la línea está funcionando, e insiste en que “hay que llamar a esa línea cuando se produce la desaparición de una persona porque es lo que permite activar el protocolo de intervención federal y habilita a la fiscalía antitrata (Protex) –área del Ministerio Público Fiscal– a recibir la denuncia.
“Posiblemente, no tendríamos el «caso Loan» si la Protex hubiera ingresado a investigar lo ocurrido, desde el inicio; porque utiliza fuerzas de seguridad que no son del lugar y aplica los protocolos en el caso de desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres pobres, como si fuese una desaparición forzosa; no como un «extravío»".
Antecedentes de "hallazgo de personas"
Desde la organización señalan que siempre hay que respetar los protocolos y la normativa vigente que indica que se debe buscar viva a la persona mientras no se halle el cadáver y se debe utilizar la hipótesis más gravosa y más dañosa.
Derechos Humanos de Santa Fe lleva tramitados, en el último tiempo, más de treinta ADN de personas de distintas edades, que buscan su origen.
“Sí, tuvimos casos en los que las personas fueron encontradas, después de mucho tiempo, pero el hallazgo no se debió a que la investigación haya sido buena, sino todo lo contrario. En esos casos –aclara– la propia víctima fue la que impulsó la reconstrucción de su vínculo a partir de la duda respecto de su origen. Los hallazgos no se produjeron a causa de un proceso judicial que impulsó el Estado para dar con su paradero o porque la familia trató de reconstruir la búsqueda, sino que fue la propia víctima quien, a partir de la mayoría de edad, indagó y logró revincularse. Así se han resuelto algunos casos de «entrega de niños» (la vieja figura de la adopción simple, de manera irregular) antes de que se creara el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Ruaga). Esas situaciones daban lugar a que las personas, a partir de una denuncia de paradero, llegados a la mayoría de edad, buscaran su origen”.
“De hecho –apunta el profesional– la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, en el último tiempo, lleva tramitados más de treinta ADN de personas de distintas edades, que buscan su origen”.
Germán Kiczka: diputado y "mago" en YouTube, detenido y acusado de pedofilia
Respecto del caso del diputado de la provincia de Misiones Germán Kiczka (LLA), hoy desaforado tras la acusación de pedofilia en su contra, la organización apuntó que el reporte fue realizado por organismos internacionales a través de un algoritmo que detecta la transferencia de este tipo de contenido, que se realiza por medio de servidores cerrados como la dark web y la deep web. “En una provincia como Misiones, en la que el noventa por ciento de su territorio es frontera, estaban dadas las condiciones para que se profugue, como efectivamente ocurrió cuando fue descubierto”.
El legislador fue detenido, finalmente el 29 de agosto y se negó a declarar. Su hermano, Sebastián Kiczka, prófugo por el mismo delito, alcanzó a escapar cuando llegó la policía, pero fue detenido horas después.
“Se hace muy difícil la investigación de estos casos. Necesitamos que el Estado genere una mayor regulación, control, concientización y prevención. También los partidos políticos y la institucionalidad de Argentina deberían contar con controles y mayores recaudos frente a la posibilidad de que estos agresores sexuales, pedófilos, pederastas y tratantes puedan acceder a cargos públicos. Pero el presidente Milei se ríe en redes sociales de las personas investigadas por estos delitos".
Estamos hablando de un legislador que forma parte de un espacio político que representa a los Puerta, una familia con mucho poder en la provincia de Misiones". Federico Ramón Puerta fue gobernador de Misiones, diputado nacional y embajador de Argentina en España durante el gobierno de Mauricio Macri. Y Pedro Puerta –hijo de Ramón– es compañero de bancada y amigo de Kiczka.
Y, aunque luego de la denuncia de pedofilia, Puerta tomó distancia del legislador acusado, trascendió un video de un programa de radio del que Puerta y Kiczka participaron, donde ambos intercambiaban consejos para conquistar "guainas" y "gurises":
"En el caso de Kiczka, el Ministerio de Seguridad y las autoridades de frontera también actuaron mal y a destiempo. Esperaron el desafuero para cargar el pedido de alerta roja de Interpol y eso le dio tiempo al diputado para que pudiera profugarse”.
“Es difícil la investigación de estos delitos que tienen conexión con la trata y rápidamente deberían pasar a la órbita de la Justicia Federal, cuando se compruebe si el legislador obtuvo lucro producto de la comercialización de contenidos sobre niños explotados en ese contexto”.
Se necesita reconstruir horizontes de vida para esas víctimas de las que nadie habla.
También señalan desde la organización, que hay que investigar acerca de la producción de esos contenidos en los aparecen las víctimas. "Se necesita un buen abordaje, acompañamiento, Cámara Gesell, preservación, restitución de derechos y reconstrucción de horizontes de vida para esas víctimas de las que nadie habla".
“Es muy grave lo que está pasando en Argentina en los últimos tiempos, sobre todo porque falta regulación en el mundo virtual: las apuestas on line, la presencia de los cajeros como terceros inductores al endeudamiento para niños y método de captación, la figura del grooming (acoso sexual de una persona adulta a un niño, una niña o adolescente por medio de internet) y la necesidad de trabajar para detectar a tiempo esta asimetría de poder que se conduce a través de la virtualidad y la instancia de los enamoramientos a través de medios digitales. También hay que trabajar sobre las plataformas que comparten imágenes y videos eróticos o sexuales de todos los tipos y categorías con fines monetarios, que se aprovechan de la necesidad de la gente”.
Del Mastro señala que cuando un niño navega en un sitio web y de golpe emergen ventanas con contenido porno, esto ya constituye una forma de abuso sexual porque hipersexualizan a los niños y aceleran los tiempos. “Esto es lo que tratamos de trabajar en La Alameda, con talleres de concientización en los que problematizamos la virtualidad. La finalidad es que chicos y chicas cuenten con este freno de mano para que cuando se encuentren con cosas que le den asco, miedo o vergüenza, puedan hablarlo, compartirlo y evitar que el mundo adultocéntrico se desentienda de la virtualidad".
Propone: escuchar, estar atentos, ayudar a hacer la denuncia, no reproducir más violencia, evitar el sharenting (publicación de imágenes de niños, niñas y adolescentes en la virtualidad). También brindar herramientas a los chicos para que puedan desarmar las aplicaciones y sepan cómo funcionan el mercado y los métodos de captación a través, por ejemplo, de canales de YouTube, como sucedió en el caso del diputado.
Los investigadores consideran que este material ideado por Germán Kiczka en esa plataforma tenía el propósito de "engañar y seducir" a menores de edad, atraídos por los trucos de magia y los juegos que él subía y compartía.
“Es necesario que la política reaccione ante estos casos denunciándolos, yendo a fondo con la investigación y acompañando a familiares de víctimas”, remarcó del Mastro.