Al término de una jornada de audiencias tendientes a esclarecer la saga de crímenes que conmocionaron a Rosario durante el mes de marzo, en la que murieron dos taxistas, un colectivero y un playero, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni evaluó, en conferencia de prensa, lo actuado por la Justicia hasta el momento y especificó los siguientes pasos a seguir desde la política penitenciaria provincial y federal.
El funcionario destacó que en la audiencia de este martes, “quedó en claro, de manera contundente la actuación articulada entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Poder Ejecutivo (PE) y la Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI) que en un lapso relativamente breve, en función de la complejidad de la investigación, pudo terminar este primer corto investigativo y formular imputaciones, con lo cual se han dictado medidas cautelares de lo más severas que prevé el ordenamiento jurídico, es decir: prisión preventiva para todos los imputados sin plazo y sin atenuación de ningún tipo”.
Cococcioni remarcó que “la magistrada avaló todas las imputaciones y que la maquinaria de la persecución penal con todos sus componentes –empezando por la Fiscalía– actuó con mucha eficiencia y dejó al descubierto la acción coordinada de distintos grupos de personas que ejecutaron una serie de hechos, incluyendo homicidios, tiroteos a comisarías, intento de abrir fuego contra recolectores de residuos y el transporte público”.
“Además –señaló el ministro– se mencionó a personas que impartían órdenes desde cárceles de la provincia de Santa Fe y desde cárceles del Servicio Penitenciario Federal, a través de las visitas. Estimo que en en un segundo corte investigativo se intentará llegar hasta los autores últimos de esta cadena de mandos de la organización criminal”.
Las condiciones de detención en la mira
“Hoy hubo un avance muy importante que nos coloca en el camino correcto. Fuimos muy respetuosos en relación con las investigaciones en este último mes y medio, coincidente con el primer tramo investigativo, sobre la base de la evidencia presentada por la Fiscalía, que ha sido abrumadora. A partir de eso, podemos afirmar que la causa de estos ataques fue tratar de revertir decisiones de política pública relacionadas con un mayor control de las condiciones de detención”.
“Hago esta aclaración –dijo el ministro– porque el detonante no fue ninguna cuestión que pueda ser calificada como una bravuconada por parte del gobierno. No tiene nada que ver con aquella famosa foto de una requisa, ni con declaraciones nuestras. Lo que los reclusos de alto perfil interpretan como (en sus palabras) «una verdugueada», se refiere a que se controlan las visitas. Los reclusos de alto perfil tienen una visita con horarios más determinados. Tampoco se permite el ingreso, a mansalva, de mercadería y elementos, como sí se les permitía antes del 11 de diciembre de 2023. Si poner estas reglas básicas en el Servicio Penitenciario es considerado «una verdugueada», esto habla mucho de cómo era el régimen penitenciario en los últimos cuatro años. Esas son decisiones que todas las instituciones de la provincia de Santa Fe han respaldado. Lo que se hacía, en definitiva, no era «un abuso» ni una «verdugueada», sino la aplicación de mecanismos básicos de control que toda la sociedad (incluso la propia Justicia) reclamaba, habida cuenta de la enorme cantidad de homicidios, extorsiones y balaceras que eran ordenadas desde dentro de las cárceles de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Federal”.
La cancelación de las visitas
Cococcioni se refirió luego a las actuales condiciones de detención y en los cambios que se implementarán a partir de ahora, con quienes infringieron las reglas del régimen de visitas para ordenar la comisión de delitos desde dentro de los penales.
“Aun con todo el dolor por la pérdida de vidas humanas, de personas absolutamente inocentes que nada tenían que ver con esto, las decisiones adoptadas fueron las correctas. Es más –afirmó– a la luz de esta audiencia, hasta podemos decir que deben perfeccionarse. Por ejemplo: hoy descubrimos que parte de las órdenes para que se cometan homicidios fuera de las cárceles, eran transmitidas verbalmente, en persona, por la propia pareja de uno de los detenidos, en el marco del régimen de visitas de treinta minutos que tienen los presos de alto perfil. Por eso –anunció– hoy estamos en condiciones de activar una cláusula que prevé la ley de ejecución según la cual, cuando se incumplen las reglas en el régimen de visitas, las mismas se pueden suspender o cancelar. Eso es lo que vamos a hacer para bloquear y aislar a estas personas para que no tengan ninguna posibilidad de seguir cometiendo delitos desde el interior de las cárceles”, aseguró.
Especificó, además, que esta cláusula “se pondrá en práctica para quienes estando en alto perfil, aun así infringieron las reglas y usaron las visitas para cometer delitos. Eso hoy lo tenemos acreditado y solicitamos a la Fiscalía que nos remita copia del acta de la audiencia y de la atribución imputativa. Eso nos da a nosotros elementos para comprobar que fue la propia visita y el propio interno, quienes infringieron las reglas, por lo cual se activará un mecanismo de bloqueo prácticamente absoluto de visitas” –subrayó– porque la finalidad de la visita estaba siendo un factor criminógeno. Mediante la visita, se cometieron más delitos. Es decir que si no cancelamos las visitas, les estamos dando más facilidad para que sigan ordenando este tipo de hechos fuera de la cárcel”.
Imputabilidad a menores y dureza con los mayores que los usan para cometer delitos
En torno a la edad de imputabilidad de los menores, que en reiteradas ocasiones son usados por los delincuentes para cometer crímenes, el ministro expresó: “Estamos planteando la discusión en torno a la imputabilidad penal; pero hay que tener en cuenta que una reforma en este sentido no impactaría en los casos pasados, ya que la ley penal sustantiva no es retroactiva, salvo que sea más benigna”.
“De todos modos –aclaró– esta gran falencia que nos impide aplicar un castigo estatal a las personas que fueron ejecutores materiales de la mayoría de estos hechos, no quita que mediante el cúmulo probatorio existente, se lleve a juicio y se castigue a todos los autores intelectuales e incluso, a quienes fueron coautores por una división funcional del trabajo”.
“A estos menores alguien los llevó en moto o en auto, alguien quemó el auto, alguien les pagó y hasta hicieron que se le generara al menor una deuda por el tema de una moto robada. Es decir que el menor –explicó el ministro– estaba en deuda con uno de estos delincuentes y de algún modo, cometer este hecho le permitía saldar esa deuda. Por eso, no es menor aclarar que así como reclamamos por rediscutir la edad de punibilidad, también hay que ser muy duros con los mayores que usan a los menores sabiendo que eso les iba a dar impunidad para cometer estos hechos”, concluyó.
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