El diputado provincial Luis Rubeo presentó un proyecto de ley para incrementar un 2%, de forma extraordinaria, por un plazo de 24 meses, el aporte que realizan las cerealeras, en concepto de ingresos brutos, en el marco de la pandemia por coronavirus.
En los fundamentos de la medida que impulsa, el legislador explica que el Estado debe asistir a la población, en especial a la más necesitada, y para eso requiere de recursos genuinos, que las empresas mencionadas están en condiciones de aportar.
Se trata de un incremento del dos por ciento (2 %) en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, aplicable por el término de 24 meses a partir de la vigencia de la presente Ley a la Actividad Industrial de Transformación de Cereales y Oleaginosas que figuran en el inciso d) del artículo 7 de la Ley Impositiva Anual N° 3650 (t.o. 1997 y sus modificatorias).
La evolución del gravamen
“En 2015, siendo entonces presidente de la Cámara de Diputados presenté un proyecto de ley para gravar con Ingresos Brutos, con una alícuota del 2%, a las actividades industriales derivadas de la transformación de cereales y oleaginosas cuando en ese momento no pagaban nada. No fue el primer intento. La intención de gravar a las cerealeras tuvo una serie de intentos fallidos que naufragaron en la Legislatura, como por ejemplo durante el gobierno de Hermes Binner o por última vez en 2012”, señala el legislador.
“Decíamos ya por aquella fecha que en Santa Fe existía una notable diferenciación y una falta de equidad tributaria. Sosteníamos entonces y lo seguimos haciendo hoy que no puede ser que el quiosco que está frente a la Cámara, el bar de la esquina o la verdulería de la vuelta, pague el 3,6 por ciento de Ingresos Brutos y Bunge, Cargill, Vicentín, Dreyfus, no paguen o paguen algo irrisorio. Pese a que mi proyecto no se debatió –explica Rubeo– sí logré con el acompañamiento de algunos de mis colegas, que en el Presupuesto 2016 se incorpore un gravamen del 0,5 por ciento a las cerealeras, que durante ese ejercicio se hizo efectivo”.
“Luego, transcurrido sólo un año por un acuerdo del gobernador Miguel Lifschitz con las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, aquella alícuota fue reducida al 0,25 por ciento, y recién en diciembre del año pasado, a instancias del gobernador Omar Perotti, que se introdujo en la Ley de Reforma Tributaria una alícuota del 2% para la Actividad Industrial de Transformación de Cereales y Oleaginosas”.
Recaudar en tiempos de pandemia
Rubeo describe la realidad en la que se encuentre la provincia de Santa Fe, en el marco de una pandemia inesperada, para la cual ni el Estado, ni el sector privado, ni los cuentapropistas, ni los particulares estaban preparados.
Frente a esta situación, “el Estado tiene una sola opción, acudir en auxilio de sus ciudadanos, comenzando por los sectores de menores recursos. Ante este novedoso escenario, seguramente nada de lo previsto será suficiente, y está claro que no podemos pedirle mayor esfuerzo a los comerciantes, pequeños productores y trabajadores que en este caso son víctimas directas de la parálisis económica motivada por la Pandemia”, explica y para que el Estado responda a los reclamos, “hay que dotarlo de recursos genuinos”.
En ese sentido, el legislador afirma que “son aquellos que más ganan y que su actividad no se ha detenido, quienes tienen la obligación moral de contribuir con la sociedad que les permite a través de su trabajo diario amasar fortunas incalculables. Por otra parte –aclara el autor del proyecto de ley– no creo que un aporte extraordinario de un 2% por un tiempo determinado afecte sustancialmente el patrimonio de los dueños o accionistas de las grandes cerealeras”.
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