El fiscal federal Miguel Moreno, que investiga una de las causas penales que acumula la agroexportadora defaulteada Vicentin, citó como testigo al presidente Alberto Fernández.
La decisión del fiscal responde a un pedido que hizo el abogado rosarino Gustavo Feldman, quien representa a un grupo de acreedores comerciales de la aceitera que iniciaron demandas penales en su contra. Precisamente, esa causa –que lleva el juez Nicolás Foppiani- es la que activó las últimas medidas de importancia contra Vicentin, por ejemplo la prohibición de que siga vendiendo empresas.
¿Por qué citar al presidente puede contribuir en las investigaciones? Es que, según informaciones publicadas en la prensa, los principales directivos de Vicentin se reunieron el 6 de diciembre (2 días después del default) con el entonces presidente electo, Alberto Fernández.
Allí, el futuro jefe del Estado, se mostró sorprendido por el laberinto de sociedades armadas por el grupo y ante ese comentario, el hoy fallecido Sergio Nardelli –entonces hombres fuerte de Vicentin- habría respondido que las armaban para poder seguir tomando deudas.
Con la citación del presidente, el fiscal lo que quiere es que Alberto confirme la información, que sería de mucha utilidad para avanzar en las investigaciones sobre si Vicentin armó deliberadamente la red de empresas para ocultar pasivos y así poder seguir tomando deudas, cuyos fondos luego destinaba para otros fines, tal como también denunciaron los bancos acreedores internacionales.
¿Qué hará el presidente ante la orden? Por su investidura, seguramente podrá presentar un escrito respondiendo las preguntas del fiscal.
“El testimonio ordenado resulta clave para buscar de acreditar uno de los extremos fácticos que permitieron la toma de deuda de Vicentin en condiciones verdaderamente anómalas. Este accionar seria presuntamente el accionar configurativo de la estafa y de la asociación ilícita, que permitió llevar al estado de cosas calamitosas en el que hoy está inmerso el Grupo Vicentin y los miles de acreedores que confiaron en él”, señaló Feldman.
“El testimonio del Presidente será crucial entonces para terminar de desentrañas uno de los aspectos sustanciales de todo plan estafatorio de Vicentin; la creación de “sellos” para facilitar la toma de deuda y de cereal, sin pagarlo; sin intención de pagarlo nunca”, agregó el abogado.
Además de citar a Fernández, el fiscal pidió citar a la Inspectora General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ), María Virginia Stratta, para que amplíe sus presentaciones por irregularidades societarias realizadas en el juzgado que entiende en la convocatoria de acreedores. Y también a los especialistas del Banco Nación que presentaron un lapidario informes sobre irregularidades en las operaciones de la malograda agroexportadora.
Testigo de cargo
A continuación, un escrito que el abogado Fedlman escribió para Rosario3 en el que explica la génesis y la implicancia de la causa:
"El día domingo 15 de julio de este año Horacio Verbitsky publico en el portal “El Cohete a la Luna” una columna de opinión titulada “La Puntita”, en ella, en el marco de una extensa nota, y en lo que ahora interesa, puede leerse:
“El 4 de diciembre de 2019, el conglomerado se declaró en cesación de pagos, el 6 le ofreció al Presidente electo el 60% del paquete accionario, siempre que permitiera a los Nardelli-Padoan conservar el 40% y eludir la responsabilidad por el ostensible vaciamiento.
En la segunda reunión con los nietos de los fundadores, el ya Presidente Alberto Fernández dijo que, mirando la documentación del caso, le llamaba la atención la cantidad de empresas del grupo familiar. El almirante de aguas turbias Nardelli respondió con displicencia: “Esos son sellos que creamos para contraer deudas”. El cinismo de la expresión ante la pregunta presidencial describe la calaña de su interlocutor”.
El viernes 9 de octubre a última hora el Fiscal de la Provincia de Santa Fe Miguel Moreno, emitió un decreto por el cual convoca al Presidente de la Nación, Alberto Fernández a prestar declaración testimonial en el marco de la investigación penal que se lleva a cabo en la ciudad de Rosario, a instancias de la denuncia que patrociné a fines de julio de este año, representando a algunos acreedores del Grupo VICENTIN.
En dicha presentación dijimos:
El 4.12.19 Vicentin se declara en default. Los directivos y/o controlantes de Vicentin SABIAN QUE NO IBAN A PODER CUMPLIR Y AUN ASI SIGUIERON ADELANTE CON EL PLAN QUE, DE MANERA PREVIA Y ACORDADA, DISEÑARON PARA, POR UN LADO SEGUIR TOMANDO DEUDA A TRAVES DE LA RECEPCION DE CEREAL, Y POR OTRO CONTINUAR CON UN DISCURSO Y UNA CONDUCTA ASOCIADA DEMOSTRATIVA DE NORMALIDAD CON LA QUE SE PRETENDIA EVIDENCIAR SOLVENCIA. Resulta palmario que la conducta tuvo un diseño asociacionista porque si no hubiera resultado imposible que cientos y cientos de casos como el nuestro se repitieran con un plexo factico idéntico o muy parecido.
En efecto, la conjunción de circunstancias previas a la comunicación de default, denotarían que la misma ha sido meticulosamente orquestada, y premeditadamente direccionada a que todos los referentes del grupo desgranaran un mismo discurso y desplegaran un mismo accionar.
Ahora bien, entre la distribución de tareas dentro de la asociación descripta hubo algunas mas relevantes que otras, como por ejemplo la desplegada por algunos referentes del grupo como Sergio Nardelli, procurador de la impunidad de los involucrados, quien el 6 diciembre (esto es dos días después de declarar la cesación de pagos) le ofreció al Presidente electo Alberto Fernández, el 60% del paquete accionario, siempre que permitiera a los Nardelli-Padoan conservar el 40% y eludir la responsabilidad por el ostensible vaciamiento. En una segunda reunión con los “nietos de los fundadores”, el ya Presidente Alberto Fernández dijo que, mirando la documentación del caso, le llamaba la atención la cantidad de empresas del grupo familiar. Nardelli respondió: “Esos son sellos que creamos para contraer deudas”, todo ello conforme lo expresado en la nota periodística que se ofrece como prueba informativa.
Ahora el acusador público, el Fiscal ha hecho suya como medida de investigación, entre otras tantas, lo que fue en su momento nuestra propuesta.
El testimonio ordenado resulta clave para buscar de acreditar uno de los extremos fácticos que permitieron la toma de deuda de Vicentin en condiciones verdaderamente anómalas. Este accionar seria presuntamente el accionar configurativo de la estafa y de la asociación ilícita, que permitió llevar al estado de cosas calamitosas en el que hoy está inmerso el Grupo Vicentin y los miles de acreedores que confiaron en él.
La sospecha de la existencia de la trama delictual se ha visto fortificada hace poco con la presentación efectuada por los bancos internacionales, también en el marco de la causa penal abierta por nuestra denuncia.
El testimonio del Presidente será crucial entonces para terminar de desentrañas uno de los aspectos sustanciales de todo plan estafatorio de VICENTIN; la creación de “sellos” para facilitar la toma de deuda y de cereal, sin pagarlo; sin intención de pagarlo nunca.
La presunción de probabilidad de que esto efectivamente haya acaecido la dio la decisión del Juez Nicolas Foppiani que ordeno la inhibición general de un numeroso grupo de empresas asociadas o allegadas a Vicentin, anotándose a través de un cuerpo de oficiales de Justicia, dicha interdicción en los libros de accionistas de cada una de esas empresas.
La convocatoria testifical del Presidente de la Nacion es una atribución exclusiva y excluyente del Fiscal de la causa, que ha entendido que la medida resulta necesaria para corroborar ese extremo fáctico que puede abonar la imputación a realizar.
Creemos fundadamente que la palabra presidencial corroborará lo que venimos sosteniendo desde hace meses en nuestra denuncia: LO DE VICENTIN NO FUE CASUAL, NO FUE UN DESCUIDO, NI UN INFORTUNIO. LO DE VICENTIN SE TRATA DE OTRA COSA. La Fiscalía rosarina va en pos de averiguarlo .
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