Finalmente, y luego de años de negociaciones, el Club MOP alcanzó un acuerdo con la Municipalidad de Rosario para regularizar su situación tanto en usos habilitados como de las obras que realiza en su guardería náutica en el centro de la ciudad. El entendimiento ahora debe pasar el filtro del Concejo, algo que no pudo en las administraciones de Miguel Lifschitz y Mónica Fein.
En los papeles, el predio de 7.700 m2 fue transferido por Nación al Municipio en 1992 junto con un permiso de uso extendido a club MOP, que ahora tiene como cabeza a Eduardo González, hasta el 2030, con posibilidad de renovación en acuerdo con la intendencia. Recién en 1998 la Municipalidad pudo inscribir a su nombre el dominio de esos terrenos y desde 2002 hay una ordenanza que regula los usos en todo el parque nacional a la Bandera.
Y si bien, como se dijo nunca prosperaron los intentos de acomodar los papeles, el club desembolsó allí millones de dólares para levantar una moderna guardería y hasta supo tener al mítico boliche Taura. Eso sí, todo sin habilitación municipal.
Javkin se propuso acomodar la situación durante su gestión, mientras que desde el MOP sostienen que la falta de regulación fue por el empecinamiento de los concejales de bochar los acuerdos alcanzados con los intendentes. Incluso, en el Concejo rechazaron un proyecto que incluía galerías comerciales y salones de eventos, en paralelo a la brillante ciudad que era Rosario allá por 2010.
Además de acomodar su situación tributaria y el pago de compensaciones, si el acuerdo entra en vigor “le queda expresamente prohibido al MOP efectuar mejoras, modificaciones y/o aumento de superficie en el inmueble sin previa autorización municipal”. Tampoco se admiten nuevas construcciones que impliquen mayor ocupación del suelo que la existente edificada. Y en caso de ir hacia arriba, la altura máxima admitida es de diez metros.
Sobre los usos habilitados, en la carta que Javkin envió al Concejo para informar del acuerdo dice: “Que sin perjuicio de los usos que se hayan requerido en otras oportunidades, lo dialogado en esta instancia, corresponde a los usos descritos a continuación: sede social de clubes; servicios de gastronomía, servicios náuticos, guarderías náuticas, atraque y amarre de embarcaciones de recreo, amarre flotante para embarcaciones deportivas y otras actividades complementarias que fueran compatibles con el objeto estatutario del MOP y que fueran necesarias para generar recursos que permitan cumplir con las pautas establecidas conforme al Proyecto Integral de la Costa de la Municipalidad”.
Bueno, basta de rodeos. Vamos a la pregunta que interesa. ¿Se podrán armar allí boliches? ¿Vuelve Taura. “Se deja expresamente establecido que se permitirá únicamente la habilitación del espacio destinado a buffet o similares, de los rubros comprendidos en la ordenanza 7218/2001, que no impliquen actividad bailable ni fuentes sonoras al aire libre”, dice el acuerdo.
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“Cuando vas a la terminal de BuqueBus no ves que haya un boliche bailable adentro. Tampoco hay discotecas en los aeropuertos. ¿Por qué, entonces, la Estación Fluvial de Rosario estuvo por años repleta de boliches? Nosotros decidimos cambiar la noche por el día y estamos convirtiendo a la estación en lo que siempre debió ser: una terminal fluvial”, dijo el titular del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), Guillermo Miguel, durante su disertación en el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial realizado el martes pasado.
Y el viernes, el Enapro tradujo en hechos las palabras con la inauguración de un programa educativo en la Fluvial llamado “el Río Educa” una experiencia de concientización para chicos y chicas de las escuelas primarias y secundarias acerca de la importancia del río. Con tecnología de realidad aumentada, los alumnos y las alumnas que participen van a poder realizar un recorrido virtual en el que conocerán de manera interactiva el ecosistema vinculado al río, la importancia de cuidar el humedal y la relevancia que tiene el río en la historia, presente y futuro productivo de toda la región.
Y en materia de negocios, Miguel aprovechó que Juan Curbelo, Presidente de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay, estuvo en la ciudad para participar del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial y así rubricar un entendimiento por el cual los muelles uruguayos le otorgan prioridad en el amarre a las embarcaciones que lleguen desde el puerto de Rosario.
“El ahorro logístico por el menor tiempo de espera se puede calcular en unos 150 mil dólares, una cifra importante que le otorga una ventaja de competitividad a las exportaciones que salgan desde nuestros muelles”, dijo el titular del Enapro.
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Empezamos con buena onda porque es fin de semana de largo, pero la situación económica está complicada por todos los costados. El final de la corrida cambiaria dejó como saldo un tendal de distorsiones y aumentos de precios (y tasas de interés) que anticipan menor consumo, junto con la expectativa de una pronta nueva disparada del dólar.
Para esta semana, en tanto, se esperan nuevas medidas de cepo en el acceso a los dólares oficiales, un verdadero drama para los importadores y para quienes demandan insumos importados ya que el cerrojo en los últimos días fue fuerte.
En ese marco, cada vez son menos los sectores que se mantienen a flote por el “consumo punk”, como catalogan los especialistas a la demanda sostenida de algunos productos y servicios que se genera por la decisión de ciudadanos y empresas de no quedarse hoy con pesos en la mano porque eso significa perder poder adquisitivo mañana.
Uno de ellos es el gastronómico, cuyos referentes sostienen que en abril se acentuó la baja de consumos que empezaron a registrar en agosto. Eso no quita que haya emprendedores que sigan insistiendo en dar pelea. Por ejemplo, luego de mucho tiempo la esquina de Roca y Santa Fe tendrá un reemplazo para el bar La Maltería, cuyas puertas se cerraron en 2020. Ahora, con nueva estética, Piano Music Club, quiere reactivar la ochava.
Otro de los sectores es el de la construcción privada que, ante la corrida, se quedó en este momento sin precios, plazos y ni siquiera la posibilidad en la contratación a factura abierta.
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Y cuando la situación se tensa (por las menores ventas) emergen temas que hace un tiempo pasaban desapercibidos. Por ejemplo, hay desarrolladores inmobiliarios que ven con ceño fruncido el crecimiento que está teniendo la Cooperativa de Vivienda Rosario.
Ocurre que, sin dejar de atender su fin social, se convirtió en un desarrollador de negocios muy importante, con grandes edificios en el centro y macrocentro. La ventaja que tiene frente a los empresarios es fuerte: como cooperativa no paga Impuestos a las Ganancias. Esa ventaja fiscal tiene su lógica cuando se ofrece soluciones a sectores desfavorecidos, ¿pero cuando la cooperativa saca ofertas para segmentos sociales que ya atienden empresas privadas no debería tener el mismo tratamiento impositivo que los privados?
Pero además hay otro tema más delicado. El presidente de la cooperativa Miguel Soto es también el titular del Servicio Público de la Vivienda (SPV). Algunos empresarios del sector se empezaron a preguntar si no habría incompatibilidad de funciones: desarrollador inmobiliario y funcionario municipal.
Pero no la hay porque el SPV es un organismo descentralizado y autárquico. Por más que a algunos les choque ver a alguien que aparece en los medios un día declarando como funcionario con un buen sueldo (como corresponde a una autoridad superior) y otro día como empresario, no hay incompatibilidad.
Otra pregunta que se escucha: ¿Ese lugar no le genera acceso a información que puede utilizar para los negocios privados de la cooperativa? Si bien no está en la Secretaría de Planeamiento, que tiene incidencia directa en las aprobaciones de obras privadas, uno de los objetivos del SPV es reunir datos sobre terrenos vacantes. El debate está abierto.
Finalmente, emerge un debate central. La sociedad civil le pide a la política gente capacitada, y muchas veces éstos están trabajando en el sector privado. Pero el tema no es la incorporación de privados sino las condiciones con las que se convoca. Hay muchos casos en esta Municipalidad de que esa incorporación es indiscutida y además es celebrada.
Pero en esos casos, los convocados renuncian a las presidencias de las organizaciones privadas. Y si bien Soto se había comprometido con Javkin a dejar la presidencia de la cooperativa, al menos hasta finales de 2022 seguía firmando como presidente y, por ende, incumpliendo su palabra.
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Más arriba decíamos que a los constructores de obra privada no les venden ni a factura abierta (se paga una parte, y el resto con el precio actualizado al momento de la entrega de mercadería), a los constructores de obra pública, al menos por ahora los proveedores sí les mantienen esa condición. Pero la situación se le sigue complicando día a día.
La semana pasada publicamos en esta columna el reclamo de las delegaciones de Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) al gobierno de Santa Fe para que le imprima un más contundente ritmo de redeterminación de precios a los contratos ya que la inflación está rompiendo la ecuación financiera de los contratos.
“Hasta ahora con la Provincia teníamos el problema de las redeterminaciones, pero ahora también estamos registrando retrasos en los pagos de los certificados”, aporta ahora el presidente de la delegación Rosario de la CAC, Mariano Schor.
El planteo del empresario sobre la demora en los pagos fue cauto, como dicho casi al pasar o a modo introductorio, pero ya puso sobre la mesa que se está entrando en un nuevo escenario de estrés financiero.
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¿Por qué la demora en lo pagos por parte del gobierno provincial? Sobre todo, entrando en un año electoral en el que la obra pública es un arma electoral clave para los gobiernos. Y la respuesta está en los números que esta semana publicó el Ministerio de Economía de Santa Fe sobre el estado de las finanzas a febrero.
Allí surge que la provincia tuvo en febrero un resultado financiero negativo de $5.969.509.408. ¿Por qué? Básicamente, la actividad cae y la recaudación no acompaña como el año pasado, a lo que se le sumó el peso de los recursos destinados a Billetera Santa Fe, Boleto Educativo Gratuito y la política salarial.
El tema es que la provincia habría terminado con ese déficit sino fuera por el cobro de bonos de la deuda que tenía el gobierno nacional, que le permitió cerrar febrero con un saldo a favor de $295 millones.
Claramente, al compás de la crisis, las arcas santafesinas ya son lo que eran.
Y atención entre lo delicado de la situación financiera provincial y lo desequilibrado de la macro, el gobierno provincial no está adjudicando nuevas obras. En efecto, obras como la ampliación de Newbery o los accesos a los puertos de Timbúes están sin adjudicación. Y es que ni a la administración ni a las propias constructoras les conviene trabajar en estas condiciones de disparada inflacionario.
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Pero si la situación en Santa Fe se empieza a complicar, a nivel nacional es desesperante. A mediados de la semana, el tema se calentó cuando se paralizó la ampliación de la planta de Aguas en la ciudad de Santa Fe -que financia el gobierno nacional a través del Ente Nacional de Obras Hídricas (Enohsa) no por lo desactualizado de las redeterminaciones sino porque directamente llevan meses sin pagarlas.
Y este domingo sumamos una nueva carta. Esta vez del propio presidente de la CAC, Gustavo Weiss, al titular de la Afip, Carlos Castagneto, en la que le pide básicamente que afloje un poco.
“Le solicitamos formalmente que arbitre medidas necesarias para intentar que en el marco actual de virtual cesación de pagos por parte del Estado nacional, la Afip contemple la necesidad de las empresas constructoras de obra pública de contar con mecanismos que le permitan sortear la coyuntura”, señala el dirigente.
“Virtual cesación de pagos del Estado Nacional”, dice la carta del presidente de la Cámara de la Construcción. Atención a esa calificación. No es menor.
Las constructoras se quejan de que mientras el Estado se atrasa en pagos (o paga sin actualizaciones), "sufren con precisión de relojería, los montos y las fechas que deben pagar a la Afip por trabajos realizados y no cobrado o mal cobrados”. Es más, se insiste con que “el mismo Estado que exige no paga”.
Y en la dura carta al titular del ente recaudador, Weiss se despide advirtiendo que “por esta situación ruinosa a la brevedad habrá una gran paralización de todo el universo de la obra pública”
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Y como todo período de turbulencias (por ejemplo, como lo fue el 2019), cobra protagonismo la información de concursos y quiebras que sale de Tribunales. No es que la desaceleración económica se lleve puestas de la noche a la mañana a las empresas, sino que la crisis deja sin resto a aquellas que, por distintas razones (desde planes de negocios, proyectos fallidos o cambios en las reglas económicas) la venían peleando con poco margen.
Por caso, se conoció esta semana que la Justicia civil le decretó la quiebra a Project SA, por años ligada a la marca de indumentaria Inside, de la que le supo prestar servicios de logística y también regentar locales en los shoppings. Hace quinces días, como se informó, quebró la cadena de perfumería Gerlero, que ya tenía todos sus locales cerrados y un pasivo que orillaba los $50M.
También fue finalmente a quiebra la agropecuaria Tebas, con planta en Villa Cañas dedicada a siembras y arrendamientos, luego de fracasar en el último intento de levantar una firma que arrastraba complicaciones desde 2013.
En tanto, el acopio Domingo Lapino Limitada SA -oriundo de la zona de Rafaela pero que tiene como accionista principal a Grupo Fernández SRL, de la ciudad de Santa Fe- entró en default y se presentó en convocatoria de acreedores. Entre las razones de su cesación de pagos, la firma justificó que su situación se complicó primero por la inesperada devaluación de 2018, pero luego los impagos de BLD y Vicentin en 2019 la dejaron tecleando.
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Y ya que invocamos al Vicentin, este 4 de mayo todo el directorio que estaba al frente al momento del default será imputado por asociación ilícita. Los ejecutivos de la malograda agroexportadora ya fueron imputados por Fiscalía por otros delitos como estafa y administración fraudulenta, por lo que su situación penal se les sigue complicando.
Pero la novedad es que, como encubridores, también se imputará a los contadores Norberto García, Diego Telesco y Carlos Amut, quienes no eran directivos sino los síndicos de la convocatoria de acreedores.
Y es que según el fiscal Miguel Moreno, quien lleva adelante las investigaciones, los síndicos no tomaron en cuenta para sus informes las maniobras detectadas (como la adulteración de balances), y por eso consideran a los profesionales como cómplices del encubrimiento que hicieron los directivos de Vicentin de su real estado financiero.
En rigor, los síndicos de Vicentin siempre estuvieron bajo la mira de acreedores que no podían comprender como en sus escritos ni mención hacían a lo que ocurría en el frente penal. ¿Cuánto se quedarían estos profesionales por sus honorarios? Según la ley de concursos y quiebras, puede entre el 1 y 4 por ciento del activo denunciado, que en 2019 era de $100 mil millones de pesos. No en vano, la historia muestra que de las sindicaturas de grandes quiebran nacen millonarios.
Como sea, lo interesante de la avanzada de los fiscales que siguen delitos económicos es que van involucrando cada vez más el papel de los “profesionales” -tanto abogados, como escribanos, contadores, auditores externos o en este caso síndicos de concursos- como parte clave de los engranajes en las maniobras delictivas.
A todo esto, mientras se espera la decisión del juez que lleva la convocatoria de Vicentin, Fabián Lorenzini, de homologar o rechazar la oferta de pago que presentó la cerealera (con las mayorías que pide la ley de acreedores que la avalaron), el abogado penalista Gustavo Feldman sigue aportando documentación y recursos para calentar el jury contra el magistrado.
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Y si hablamos de delitos penales, a quien el fiscal Moreno también tiene en la mira es al financista Luis Augusto Roatta a quien investiga por administración fraudulenta.
Esta semana que termina, a pedido de la división de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) allanó domicilios vinculados a Roatta en busca de documentación.
Según la pista que sigue el fiscal, Roatta tomaba dinero de terceros para realizar inversiones financieras y de real state (algunas en el exterior), pero lo que en realidad hacía era armar cuentas comitentes falsas adonde figuraban como alojados los fondos cuando en realidad el dinero era girado a otros destinos. Al menos hasta los allanamientos, no había precisiones adonde los colocaba.
Como siempre ocurre en momentos de crisis económica, cuando se corta el ingreso de nuevos clientes o son varios los que apuran retiros, el esquema fraudulento se derrumba.
El dinero que se cobra en negro, la necesidad de hacer trabajar los pesos porque la inflación les quita poder adquisitivo día a día y -en algunos casos- la tentación de las alta tasas de retorno que se ofrecen (más si viene con el plus de que te llevan el dinero se lleva a exterior), explican en parte la proliferación de estos “magos” de las finanzas que operan en los bordes del sistema, de manera muy peculiar y con mucha clientela.
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Y ya que estamos recorriendo lugares turbios, un importante grupo empresario de San Lorenzo con intereses diversificados y vinculaciones con importantes funcionarios del gobierno municipal está utilizando medios locales para presionar a sindicalistas, políticos y empresarios en busca de réditos económicos para sus propias arcas.
La embestida preocupa en el cordón industrial y dicen que "compadres" serían los organizadores de las maniobras.
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Pero no vamos a terminar el run run con sabor amargo que dejan estos casos ya que contra todo, el tejido empresario regional sigue mostrando fortalezas. Y algunas que exceden lo económico, por ejemplo en el plano institucional.
Un ejemplo: con más de 20 años de funcionamiento a nivel nacional, la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE) tendrá representación oficial en la provincia de Santa Fe, mediante la iniciativa de un grupo de empresarios jóvenes, que decidieron formar una sede regional con su epicentro en la ciudad de Rosario y principal referente a Pablo Cofano, fundador de Grupo Roma,
La UNAJE es una asociación sin fines de lucro que nuclea al empresariado joven argentino con representación multisectorial y federal. Su filosofía se basa en la convicción de que el desarrollo argentino sustentable es a través de la creación y expansión de las empresas, con innovaciones que generen empleo de calidad y exportaciones, respetando el medioambiente. La principal condición para asociarse es tener entre 18 y 40 años.
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Y si hablamos de instituciones que le ponen el hombro, podemos hacer referencia al Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario. Es que el departamento de la entidad que reúne a los agentes vinculado al sector logístico e industrial están organizando para el 17 de mayo la primera edición del Encuentro Inmobiliario Logístico e Industrial de Santa Fe.
El tema es que más allá de las cuestiones propias al negocio de los operadores de este sector inmobiliario (que viene muy bien, sobre todo por la demanda de espacios para logística y distribución), y de lo que seguiremos hablando antes del encuentro, lo destacado es que también buscan salir a mostrar al resto del país que Rosario, y su zona metropolitana, sigue siendo un lugar muy competitivo y destacado para radicaciones industriales por muchos factores. Y por eso se espera la presencia de inversores de otras provincias.
La ciudad, azotada por la inseguridad, necesita de este tipo de iniciativas que salen a mostrar también que Rosario (y su región) es mucho más de lo que sale en la tele.
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Pero hay más. Podríamos hablar de negocios, como por ejemplo los que dejó y los que activará la creciente integración institucional de Santa Fe con Vietnam, que esta semana tuvo su punto fuerte con la visita de una importante delegación encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue.
El país del sudeste asiático es el cuarto destino de las exportaciones santafesinas y el objetivo es duplicar el intercambio comercial con Vietnam para llegar a $10 mil millones en 2025.
Lácteos, quesos, legumbres, alimentación animal, insumos veterinarios y maquinaria agrícola, están en el radar de los vietnamitas, según quedó claro en el Foro Internacional “Oportunidades Comerciales y de Inversión”, que se realizó el jueves.
¿Y qué nuevos negocios dejó? Días antes del inicio de la cumbre, Rodrigo Gonnet, referente de comercio exterior de la láctea Tregar, le informó al subsecretario de Comercio Exterior de Santa Fe, Germán Burcher, que habían concretado el envío del primer contenedor a Vietnam luego de la misión comercial realizada el año pasado por la Región Centro.
¿Y cuáles puede dejar? La biotecnológica santafesina Yerubá, que ya exporta a Vietnam productos vinculados a la alimentación animal, anunció que trabaja en el desarrollo de nuevas fórmulas para colocar en el sudeste asiático, pero ahora orientadas al consumo humano.
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Y, para terminar, si hablamos de biotecnología, las novedades siempre son estimulantes. Ahora vamos a contar el caso de Apolo Biotech, una startup con base en Santa Fe que se dedica a la investigación biotecnológica del ARN de las plantas y que propone desarrollar nuevas técnicas saludables para reemplazar pesticidas en el cultivo de hortalizas y frutas.
Y la novedad la publica Ecos365, el portal de negocios de Rosario3. Resulta que la firma, que cumplió un año en marzo, fue la primera en radicar su laboratorio en el Parque Tecnológico Litoral Centro (PTLC) en la capital de la provincia. A pocos días de sellar un convenio con una empresa irlandesa comenzará a realizar ensayos en plantaciones de banana en Costa Rica.
