“No es posible que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tramite un concurso de acreedores. No es materia de su competencia. Por eso, el expediente debe volver al juzgado civil y comercial en el que estaba para que el trámite retome los plazos procesales hoy suspendidos”, resalta el abogado constitucionalista Maximiliano Toricelli, contratado por la aceitera para que represente a la empresa en el nuevo frente judicial que se le abrió.
La Corte dispuso el 16 de junio la suspensión de los plazos procesales de a la convocatoria de acreedores de Vicentin y le pidió al Lorenzini que le envíe todo el expediente luego de que un acreedor (el acopio Commodities, del grupo Grassi) pidiera el recurso extraordinario de abocamiento (intervención antes de un fallo) argumentado que se estaban por cometer graves “irregularidades institucionales” en el concurso, que justo estaba entrando en fase definitoria.
“La empresa se enteró por los medios”, se quejó Torricheli en diálogo con Radiópolis, en la mañana de Radio Dos. “Y es un tema importante como para enterarse por los medios ya que es la primera vez que la Corte adopta una decisión tan importante sobre un concurso en marcha. Bueno, no fue la Corte en pleno sino un decreto de la presidencia”, resaltó el letrado.
Con la firma de Toricelli y del jurista Ricardo Gil Lavedra, Vicentin presentó este lunes un planteo a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en el que solicita la inmediata devolución del expediente al juez que lleva la convocatoria de acreedores, Fabián Lorenzini. “Pretendemos que no se haga lugar al pedido de avocamiento y se retome los autos a la instancia que corresponde porque no hay norma legal que autorice a la Corte a sustraer el expediente”, resaltó.
“No hay antecedentes ni situaciones que motiven que la Corte pueda avocarse a una causa cuando no hay decisión adoptada. El concurso se está tramitado, podríamos decir que está por la mitad”, agregó el abogado. “Hay opciones que no son posibles. La Corte no puede tramitar un concurso. Hay casos de avocación pero en materias que sí son de su competencia que es lo contencioso administrativo. Hay casos en presentaciones contra el Estado que la Corte dijo esto me corresponde resolverlo a mi, pero no en un concurso de acreedores con un juez competente que no está recursado”, explicó.
Para Toricelli, la intromisión de la Corte genera incertidumbre. No en vano en las últimas horas, los gremios aceiteros salieron a expresar su preocupación por el futuro laboral de las empresas. “La Corte toma la resolución por la denuncia de Commodities que advierte que puede haber una maniobra fraudulenta y que puede haber. Nosotros, en nuestro escrito, explicamos que no ocurre tal cosa, sino que además no es la etapa procesal para hacer la avocación”, insiste.
El martes, el juzgado federal número tres de Rosario hizo lugar al pedido de asociación Red Argentina de Consumidores que solicitó suspender los contratos entre Vicentin y los tres “interesados estratégicos” para quedarse con la agroexportadora en concurso (ACA, Viterra y Bunge).
La entidad planteó una medida cautelar sosteniendo que la liquidación de los activos de Vicentin (argumentada por la empresa para pagar parte de su deuda ya que obtendría 300 millones de dólares) en beneficio de los interesados estratégicos generaría “un grave impacto sobre el mercado alimentario y para la población en general”, tanto en términos de concentración del primero como suba de precios para la segunda.
La decisión del juez Vera Barros pone freno a la intención de Vicentin de avanzar en la salida de su concurso preventivo de acreedores por casi u$s1.500 millones, pero -en rigor- ese camino quedó obstruido el 16 de junio pasado cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, firmó un decreto de “avocamiento” al caso.
“Como en una sucesión, la convocatoria es un juicio universal. Todo se debe discutir allí. No hay razón para que intervenga la Justicia Federal”, resaltó Toricelli. Finalmente, el abogado señaló que la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe activó toda una nueva politización sobre el caso Vicentin, con intereses cruzados políticos y económicos operando sobre el futuro de la firma.
¿Cómo sigue el proceso? Tras el pedido de Vicentin, ahora el denunciante (Commodities) tiene hasta el viernes para responder. Cuando se concrete ese paso, a la Corte le queda resolver. “Los tiempos son los de la Corte. Lo puede resolver en una semana como en tres meses. No hay un tiempo específico, sobre todo porque se trata de una instancia novedosa”, concluyó Toricelli.
