La Asociación Mutual Unión Provincial, histórica nave insignia de los financistas Fernando y Guillermo Whpei, se presentó en convocatoria de acreedores.
Formalmente, el concurso se abrió en el juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ª nominación de Rosario, y se fijó para el 4 de noviembre la fecha para la presentación del Informe General de la Sindicatura con todos los detalles de los pasivos, los acreedores y el monto del impago. Unión Provincial tendrá luego hasta el 4 de abril tiempo para presentar y negociar con los acreedores una oferta de pago
Presentar un mutual en convocatoria ya de por sí levanta suspicacias, pero en este caso los hermanos Whpei no solo aseguran que ellos se habían desprendido de su control a un grupo de nebulosa identidad real, sino que hasta se presentaron al concurso como acreedores pidiendo verificar créditos.
La veracidad de la supuesta “venta” de la asociación mutual con base en el emblemático edificio de Sarmiento y Santa Fe despierta conjeturas entre acreedores de peso, sobre todo porque en las negociaciones (paralelas al concurso) los Whpei aparecen como una mezcla de garantes y fiadores de acuerdos buscados entre las partes.
Si bien el proceso está iniciando, hay acreedores que llaman a poner el foco en el papel que están jugando los síndicos designados: María Cecilia Grande, Mónica Monin, y Alfio Martín. ¿Qué dicen estar viendo? Los ven muy en línea con la concursada. Por toda esta situación, hay importantes acreedores que analizan una avanzada en la Justicia penal contra los financistas.
La situación judicial de los Whpei viene complicada por varios frentes. Es que la Justicia federal porteña lo investigó por lavado a los Whpei. La causa, que empezó en base a una denuncia por una millonaria estafa presentada por un grupo financiero internacional, escaló en los Tribunales porteños al sumarse supuestas maniobras de desvío de dinero con origen ilícito. Fue para evitar más complicaciones penales en Buenos Aires que finalmente los Whpei lograron un acuerdo con los denunciantes, la firma Trust Company, con una compensación económica.
