Nadie puede bajar la guardia en el mercado de granos.
En una semana en que el debate en las mesas comerciales de los operadores era si los productores podrían ahora vender menos granos para cubrir necesidades de financiamiento con crédito bancario ya que que el Banco Central eliminó, finalmente, el costo extra que debían pagar los productores con soja guardada, se aceleró la preocupación por una nueva distorsión comercial que asoma desde el horizonte cordobés.
En efecto, el mercado de granos está alterado porque el lunes comienza a regir en Córdoba un régimen de percepción de Ingresos Brutos a la compra de productos agropecuarios de esa provincia cuando el comprador no esté radicado en la docta.
Dicho simple: si el comprador del grano cordobés (para industrializarlo o venderlo) no es de Córdoba tendrá que pagar un costo impositivo extra.
La percepción tiene un particular impacto en la plaza granaria rosarina porque muchos corredores tienen clientes productores y acopiadores en Córdoba, y ahora deberán ser agentes de retención.
Para peor, impacta en los corre-acopios rosarinos (que tienen activa presencia en la originación de granos en la provincia vecina) porque, más que agentes de retención, son los que deberán pagar el costo; y ver luego cómo se lo pueden trasladar al exportador.
“Creemos que el régimen genera una nueva carga impositiva distorsiva en los distintos eslabones de la cadena productiva y altera el libre funcionamiento de los mercados”, dice el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, que ayer le envió una carta al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, solicitándole la eliminación del régimen.
Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec) ya judicializó el reclamo. “Hicimos como entidad, y también las empresas asociadas, una presentación en la Justicia cordobesa porque un grano de exportación no se puede taxar con un impuesto adicional”, le dijo a Rosario3, Gustavo Idígoras, titular de la entidad que reúne a los grandes exportadores de granos.
La nueva normativa genera todo tipo de distorsiones, sobre todo por la falta de precisiones. Hay interpretaciones de que la compra directa del grano por parte del exportador no estaría alcanzada (porque allí sí estaría claro su destino externo), lo que supondría una competencia desleal para la intermediación (corretaje) y el acopio; otras lecturas aseguran que toda adquisición por parte de un comprado cordobés sería objeto de esa retención por percepción.
Lo cierto es que la aplicación de la normativa genera complicaciones operativas en el comercio diario y también abre la puerta a distorsiones comerciales entre los distintos actores del mercado, ya que estarán los que tienen estructura operativa, jurídica y contable como para esquivarla y los que no podrán hacerlo. También supone el debate, nunca saldado, de las “aduanas” internas que todavía tiene el mercado argentino, ya que la percepción opera como una costo extra para el comprador no cordobés
Como sea, hay coincidencia en el mercado de granos local de que el régimen se traducirá en un nuevo costo impositivo que, más tarde o temprano, se traducirá en un menor precio de compra del grano cordobés, y por eso entidades productoras (como la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) y hasta la Bolsa de Cereales de Córdoba gestionan, contra reloj, su no entrada en vigencia
Si bien se renovó ahora, se trata de una pelea de larga data. Es que esta percepción ya regía en Córdoba (los agentes de retención eran plantas y exportadores), pero luego de su judicialización, que dejó del lado perdedor al gobierno cordobés, el ahora ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, la había derogado; previo cobro de la deuda que tenían los exportadores.
Pero la nueva administración, en un contexto de caída de ingresos fiscales (sobre todo por el ajuste de los fondos que reciben las provincia de Nacion) y con algunos retoques jurídicos para tratar de que la Justicia no se lo haga caer, lo volvió a poner al ruedo, sumándole a los corredores ahora también como agente de retención.
“Manifestamos la preocupación de nuestros asociados por el riesgo no dimensionado respecto del correcto cumplimiento fiscal en la implementación del régimen”, insisten los corredores de Rosario en la carta al gobernador cordobés firmada por el titular de la entidad local, Daniel Boglione.
