El gobierno nacional tomó la decisión de separar la contratación del servicio de dragado del de balizamiento de la hidrovía. De esa forma, le abre el juego a más empresas, sobre todo a firmas nacionales que pueden encargarse del balizamiento por ser una actividad de menor complejidad que demanda menos inversión y equipos a diferencia de la tareas del dragado de las que sólo se pueden ocupar un puñado de firmas globales.
Esa es una de las principales novedades de contrato de de concesión de la administración del sistema troncal de navegación que el Ministerio de Transporte de la Nación se dispone a firmar con la Administración General de Puertos (AGP).
El borrador, casi definitivo, de la concesión de la hidrovía a la AGP tiene 7 páginas y ahora las autoridades nacionales están activando una última ronda de consulta con gobernadores y entidades vinculadas para ponerle el moño al traspaso.
Si bien apuntan a poder firmar el contrato la semana próxima, todo indica que quedará para la primera de septiembre. Los tiempos apremian porque el 13 de septiembre se termina la prórroga a la concesión que tiene desde mediados de los 90 Hidrovía SA, integrada por la belga Jan de Nul y de la argentina Emepa, y una vez que AGP tenga el control tiene que salir a contratar las tareas para evitar que se frene la navegación.
Es por eso que tiempo no le sobra, y si bien por un lado la histórica bajante le juega a favor porque la tares son menores, por el otro obliga a que que no se debe interrumpir en ningún momento el dragado y balizamiento.
Rosario3 accedió al borrador, cuyo contenido estaba en línea con lo anunciado. En concreto, el Ministerio le otorga la concesión a la AGP de la administración de todo el sistema (1.300 km, desde Confluencia hasta la salida al océano) por 12 meses y le otorga tres atribuciones: contratar el servicio de dragado, contratar el servicio de balizamiento y cobrar peaje a los usuarios para solventar las contrataciones de esas tareas.
En concreto, el Ministerio le encarga a la AGP mantener el actual sistema de navegación (diseño de la traza y profundidades), pero le otorga atribuciones como ampliar canales entre otras obras menores.
Y en materia tarifaria, también hereda el sistema y esquema actual (por tramos), pero también le deja la puerta abierta a que pueda revisar los montos. ¿Bajarán el peaje? En rigor, la tarifa actual, que está entre las mas caras del mundo, esta montada, entre otros costos, en amortizaciones de inversiones de tareas dragado, que la empresa que tome el servicio a partir de ahora no afrontó y por eso puede tener menores costos.
Sobre el desdoblamiento de contratos, en términos técnicos la división de dragado y balizamiento no es algo fundamental. Y hasta le carga cierta ineficiencia de costos al sistema, según coinciden técnicos privados. Pero es una llave que le permite al gobierno mostrar otro cambio con la concesión privada de los 90 y también acomodar situaciones.
En primer lugar, le permite -como se dijo arriba- abrir el juego a empresas nacionales para ingresar al negocio a través del balizamiento, un servicio que no exige el capital de trabajo, los equipos y el know how de excelencia que demanda el dragado.
Pentamar, Hydra, Navitronic son las tres empresas balizadoras, todas proveedoras de servicios en el Puerto de Buenos Aires, interesadas en el negocio.
Y cambiar de empresa de balizamiento permitiría que no haga ruido que, eventualmente, Jan de Nul siga dragando (ahora como contratista de AGP y ya no como concesionario) por 12 meses más. Y no se trata de que el gobierno prefiera a la firma belga -ya que hay interesadas otras empresas europeas y chinas- sino que como los tiempos apremian antes del inicio del período de transición (13 de septiembre), operativamente puede resultar más sencillo que la empresa que vino dragando desde hace años siga, pero bajo otras condiciones contractuales. No obstante, el tema está abierto.
Finalmente, en el borrador del contrato se garantiza la incorporación del personal embarcado, como viene prometiendo el gobierno a los actuales empleados de la Hdrovía SA. No obstante, no tiene las precisiones que está demandando el sindicato de Dragado y Balizamiento sobre el futuro del personal.
"Todavía ninguna autoridad ha manifestado cómo serán contratados en la nueva etapa, cómo se procede a su desvinculación y pago de las indemnizaciones de ley", señalaron desde el gremio en un comunicado emitido esta semana. "El gobierno ha garantizado que no se producirá ningún despido, pero las demoras y los rumores no dejan claro cómo se organizará la prestación del servicio y en su consecuencia la efectiva continuidad de la relación laboral y el pago de los Salarios de de 800 personas", completó el sindicato.
