Las grandes fábricas de biocombustibles ven con cierta preocupación que el gobierno analiza bajar la intensidad de la desregulación del mercado, a contramano de lo previsto originalmente dentro del proyecto, cuya discusión inicia hoy en las comisiones del Congreso.
Es que mientras el presidente, Javier Milei, insiste en su estrategia discursiva “a todo o nada”, su ministro del Interior, Guillermo Francos, recibe presiones para modificar la Ley Ómnibus, como ayer cuando recibió a los gobernadores de las provincias bio, con Santa Fe a la cabeza.
Durante ese encuentro, el alto funcionario prometió que no se bajará el corte obligatorio de los bio en las naftas y gasoil, cuando en el proyecto original se le quitaba obligatoriedad. No obstante, ese cambio no altera el corazón de la desregulación.
En efecto, el punto fundamental del proyecto oficial es terminar con el sistema de cupos y precios regulados con el que el Estado le garantiza a las empresas argentinas no integradas a aceiteras la exclusividad de venta a las petroleras. Por el contrario, las grandes fábricas (de capital internacional e integradas a las aceiteras) pugnan para que se desregule para así poder competir por la demanda de las petroleras asegurando que pueden ofrecer mejor precio y calidad, y por eso festejaban la desregulación que trae la ley.
Pero ayer en la reunión entre Francos y las provincias apareció un concepto que dejó preocupado a las aceiteras y que fue el de “derechos adquiridos” al hacer referencia al daño que sufrirían las no integradas si se elimina el cupo y el precio.
Si bien no aparecieron definiciones del lado oficiales, los enviados por las provincias bio se quedaron con la sensación de que el gobierno mantendría alguna regulación en ese sentido. ¿Será un mínimo cupo con o sin precio regulado?
O, como también se barajó, ¿la idea sería que los cortes actuales se sigan abasteciendo exclusivamente con el bio que fabriquen las pymes quedando la liberalización para toda demanda por encima del nivel actual, que está en 7.5% en el biodiesel? Esta última posibilidad es la que más preocupa a las entidades empresarias que representan a las multinacionales, como Carbio y Ciara-CEC, dispuestas a seguir batallando en el lobby para que se mantenga el espíritu de liberalización total del mercado, y están dispuestos a hacer valer en la conversación el peso político de los dólares que el sector trae al país con la exportación de granos.
Luego de la reunión con Francos, el ministro de Desarrollo de Santa Fe, Gustavo Puccini, se juntó con los referentes de las multinacionales, quien insistieron con la necesidad de avanzar en la desregulación.
Allí también se corrieron de la idea de que los cambios que impulsa Milei son a pedir de las petroleras y aseguraron que no le temen a la competencia de importaciones o que las propias fabricantes de combustibles se largen a fabricar su propio bio (algo que hoy tienen prohibído); un temor que las propias pymes del bio vienen batiendo en pos de sumar voluntad de los gobiernos y algunas grandes empresas contra la desregulación.
En tanto, el gobierno de Santa Fe teje una estrategia a dos puntas. Por un lado, impulsa una respuesta en bloque no solo a nivel de Santa Fe sino como Región Centro, convencidos de que, sumando los legisladores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, así suman volumen político para defender en Buenos Aires los intereses productivo de las provincias. Fue así que la invitación que recibió la semana pasada de Francos para la reunión la circularon al resto de las provincias.
Y en paralelo, la Provincia apuesta a convertir una discusión por una desregulación en la sanción de normas superadoras y por eso el foco está puesto en que se aumente el corte obligatorio (llevándolo al 15%, como apuesta Brasil) para que aumente la demanda de la producción, que en el caso del bio se concentra en Santa Fe.
Finalmente, hoy continúan las conversaciones en el Congreso por el tema. Por un lado, senadores y diputados nacionales por Santa Fe de los distintos bloques partidarios agendaron un encuentro para ver si pueden darle forma a una postura común, en tanto el bloque de Unión por la Patria recibirá a las empresas no integradas con quienes tienen afinadas posturas, ya que empujaron en conjunto la ley vigente con las regulaciones que ahora el gobierno libertario discute.
