Una campaña para que se sancione una ley que reconozca la autonomía de la obstetricia como una especialidad en el campo de la salud y no como una labor auxiliar fue lanzada hoy por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) en Argentina, dos organizaciones que aseguran que con la regulación profesional se podría proveer el 87% de los servicios esenciales, y evitar muertes o complicaciones de personas gestantes.

En el país, a pesar de que 22 de las 24 jurisdicciones tienen regulada la profesión, las competencias y la autonomía profesional reconocidas varían ampliamente, por lo que el Cedes, junto con Unfpa, la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina (Redaas) e Ipas Latinoamérica y el Caribe impulsan un proyecto de ley para que se revierta esta situación, explican las organizaciones al sustentar la campaña,

La campaña invita a utilizar en las redes sociales el hashtag #DeudaConLasObstétricas para apoyar la sanción de la ley que busca incorporar cláusulas de actualización que promuevan mejores condiciones para la práctica igualitaria de la actividad en todo el país.

"Todas las normas internacionales de los organismos rectores de la salud pública reconocen el importantísimo rol que juegan las obstétricas en la promoción, la prevención y el tratamiento de algunos problemas en la salud de la persona gestante, la salud neonatal y la salud sexual y reproductiva", señala a través de un comunicado Silvina Ramos, socióloga e investigadora titular de Cedes e integrante de Redaas.

Con el antecedente de la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto para regular el ejercicio en 2019, que perdió estado parlamentario en el Senado, las organizaciones ofrecen asistencia técnica al Congreso para promover un proyecto que homogenice la normativa y la armonice con los parámetros internacionales, lo que también "permitiría un mayor y mejor acceso a la atención de la salud de la población", añade la profesional.

Las licenciadas en obstetricia, en su mayoría mujeres, tienen la formación para prestar cerca del 90% de la atención de la salud sexual y reproductiva que se necesita en el mundo, detalla la iniciativa.

Sin embargo, representan menos del 10% del personal y se estima que hoy faltan 900.000 obstétricas que presten estos servicios y que permitirían salvar 4,3 millones de vidas cada año para 2035 a escala global, según el último informe sobre el Estado Mundial de la Partería.

En Argentina todavía se producen muertes de personas gestantes por complicaciones evitables en el embarazo y el parto, pero con una regulación profesional y la formación adecuada, quienes ejercen la obstetricia podrían proveer el 87% de los servicios esenciales y evitar muertes o complicaciones, indican las organizaciones en el texto que acompaña la campaña.

La disparidad de las normas tiene consecuencias en diversos aspectos como la participación en el parto, ya que la mayoría de las regulaciones emitidas desde 2010 permiten a las obstétricas conducir, realizar y completar este proceso sin intervención de otros profesionales cuando se trate de partos de bajo riesgo, pero no sucede lo mismo con las normativas previas.

Tampoco hay una indicación común sobre la prescripción, entrega o colocación de métodos anticonceptivos de larga duración, ya que sólo en la mitad de Argentina las obstétricas están habilitadas para realizar esas prácticas.

A su vez, está ausente en la mayoría de las provincias la regulación sobre el servicio de consejería en materia de salud sexual reproductiva y no reproductiva.

"Hay una incongruencia entre la formación, la praxis y la ley", señala Lidia Regina Fain, licenciada en obstetricia y remarca que en las actividades cotidianas cumplen, sin reconocimiento, "más tareas de las que estipula la norma".

Desde Córdoba, la licenciada en obstetricia Lorena Musicarelli apunta: "Yo estoy sola en una guardia como la única representante del Servicio de Obstetricia y atiendo desde un sangrado por una menstruación abundante hasta un aborto en curso o un trabajo de parto".

Por su parte, la abogada e investigadora adjunta del Cedes, Sonia Ariza Navarrete, destaca que la regulación actual en nuestro país es "muy variada en las distintas jurisdicciones" y que "algunas provincias tienen leyes que vienen de las décadas del '60 o '70, donde la obstetricia era una práctica auxiliar de la medicina".

La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y la ciudad de Buenos Aires son las jurisdicciones que se encuentran en lo que la especialista definió "primera ola regulatoria", perteneciente a esas décadas.

"Lo que se consideraba un parto de 'alto riesgo' en la década del '60 no es lo mismo que hoy en día. Las normas están desactualizadas. No incorporan los métodos anticonceptivos o la provisión de consejerías en materia de salud sexual", advierte.

Por otro lado, una segunda ola regulatoria apareció a partir de 2010 donde las provincias comenzaron a regular de manera autónoma el ejercicio de la obstetricia.

Esta "nueva ola" cuenta con 14 jurisdicciones que reconocen la importancia de la participación de la obstetricia en prácticas fundamentales: Neuquén, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Misiones, Chaco, Chubut, Mendoza, Formosa y Santiago del Estero.

"Para una persona en Argentina no es lo mismo ejercer la profesión en una provincia o en otra, porque las competencias que tienen reconocidas son distintas. Esa variación hace que sea muy desigual tanto el ejercicio de la profesión como el acceso a la salud reproductiva en las distintas provincias del país", concluye la abogada.

Asimismo, las organizaciones que impulsan la campaña advirtieron que como la mayoría de quienes ejercen la profesión son mujeres, "el reconocimiento de la autonomía y responsabilidad de la atención no siempre se consigue".

"Es una deuda motivada por discriminación en torno al género, que se convierte en una etiqueta que mide la valía profesional de las personas", aseguraron las organizaciones.