El diputado provincial radical Martín Rosúa defendió el nuevo paquete de seguridad enviado por el gobierno de Maximiliano Pullaro a la Legislatura y anticipó modificaciones para precisar sus alcances y controles. “El delito no terminó, las organizaciones se están transformando, el delito está mutando, se está haciendo cada vez más sofisticado”, planteó en diálogo con Radiópolis, por Radio 2.
El presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados sostuvo que las reformas aprobadas desde el comienzo de la gestión contribuyeron a reducir la violencia y consideró necesario avanzar con nuevas herramientas. Sin embargo, reconoció que hay aspectos de la iniciativa cuya redacción todavía debe resolverse, entre ellos la validez probatoria de las declaraciones tomadas por policías sin la presencia de un defensor.
Rosúa enmarcó la propuesta en lo que definió como un “cambio de paradigma”: “Durante mucho tiempo se discutió cómo limitamos al Estado en la persecución del delito. Y hoy empezamos a discutir también cómo hacemos para que el Estado les garantice a las víctimas y a la sociedad el derecho a vivir en paz”.
Qué cambios propone el paquete
El proyecto denominado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad incluye modificaciones al procedimiento penal, las facultades policiales y fiscales, la investigación criminal y el régimen penitenciario. Entre sus principales puntos aparecen:
-Declaraciones e interrogatorios: recupera la declaración informativa para personas sobre las que todavía no hay elementos suficientes para una imputación, habilita interrogatorios policiales en las primeras instancias de investigación y propone eliminar la presencia obligatoria del defensor como condición para que el imputado declare.
-Allanamientos sin orden judicial: amplía los supuestos de actuación sin autorización previa. Rosúa explicó que se incorpora el caso de personas encontradas en la vía pública con armas ilegales o explosivos, para permitir el allanamiento de su domicilio con control judicial posterior.
-Zonas de intervención policial especial: permite delimitar áreas en las que se otorguen facultades excepcionales de intervención sobre el espacio público y la circulación de personas.
-Más atribuciones fiscales: contempla medidas coercitivas que no impliquen privación de la libertad mediante decreto fiscal, sujetas a control judicial, y la inactivación física de inmuebles vinculados al microtráfico y otros delitos en situaciones excepcionales.
-Cambios en los procesos y las pruebas: propone juicios en rebeldía ante la incomparecencia del imputado debidamente notificado, un procedimiento por decreto penal para contravenciones y delitos de bajo impacto sin prisión efectiva, y excepciones a las reglas que excluyen pruebas obtenidas ilegalmente.
-Cárceles, inteligencia y recompensas: establece condiciones más restrictivas para presos que ordenen delitos graves desde prisión, incorpora expresamente herramientas de inteligencia digital y electrónica con las autorizaciones judiciales correspondientes y amplía las posibilidades de ofrecer recompensas.
Declaraciones ante policías: un punto todavía abierto
Uno de los momentos más concretos de la entrevista se produjo cuando le preguntaron qué ocurrirá si una persona declara ante policías y después desconoce esos dichos en la audiencia imputativa.
“Es un tema que lo estamos discutiendo en la redacción porque me parece que es un bache de la ley que tenemos que dejar totalmente claro”, respondió Rosúa. Confirmó así que todavía no está definido qué validez probatoria tendrán esas declaraciones.
El diputado defendió que los agentes puedan recoger información testimonial al llegar a la escena de un delito cuando existe un peligro para la seguridad pública o la posibilidad de impedir que el hecho continúe. Aseguró que las personas podrán negarse a declarar y solicitar un abogado, y que la audiencia imputativa seguirá requiriendo la intervención de un defensor.
“Cuando algo sucede en la realidad, de hecho, es importante regularlo. Lo peor que podés hacer es negarlo”, argumentó. Según sostuvo, la regulación permite establecer condiciones, plazos y procedimientos que protejan los derechos individuales.
Allanamientos y zonas especiales
Sobre el ingreso a domicilios sin orden judicial, Rosúa sostuvo que el supuesto que se busca agregar responde a una situación urgente: encontrar a una persona con armas ilegales o explosivos en la calle. Según explicó, el procedimiento deberá ser revisado por un juez dentro de las 24 horas.
“No hay una desaparición del control de las garantías. Lo que hay es un corrimiento temporal”, afirmó.
También defendió las zonas de intervención policial especial como una respuesta a situaciones de violencia concentrada, con sectores de barrios dominados por disputas entre bandas. Explicó que su aplicación tendría una delimitación territorial, un plazo y responsables asignados por el Ministerio de Seguridad. De todos modos, reconoció que se trata de uno de los puntos que más están discutiendo.
Las críticas y los cambios al texto
Rosúa valoró la participación de los siete integrantes de la Corte Suprema provincial la semana pasada en el debate y señaló que expresaron posiciones diferentes. Distinguió las objeciones de Daniel Erbetta, vinculadas con los principios del sistema acusatorio, de los aportes de Jorge Baclini para incorporar pautas objetivas y plazos.
“Las herramientas que entran del Ejecutivo se mejoran en el debate legislativo”, sostuvo. También relativizó las diferencias con el socialismo dentro de Unidos y recordó que, en reformas anteriores, el intercambio permitió alcanzar proyectos “mucho más equilibrados” que los originales.
El legislador rechazó que las leyes aprobadas al inicio de la gestión hayan provocado excesos generalizados de policías o fiscales y cuestionó parte de los argumentos de sus críticos: “Muchas de estas discusiones están más vinculadas a la teoría del derecho penal que a la realidad de lo que pasa en la calle. Y nosotros tenemos que resolver la realidad de lo que pasa en la calle”.
Profesionales que participan del delito
En otro tramo, Rosúa diferenció el ejercicio de la defensa de un acusado de la participación de profesionales en una organización criminal. Mencionó a contadores que intervienen en estructuras para lavar activos y a abogados que transmiten instrucciones de presos a las bandas para cometer delitos.
“Las personas que participan de estos entramados son socios”, afirmó. Y reclamó actuar “con todo el peso de la ley, sean contadores, sean abogados o tengan la profesión que tengan”.
