El sistema educativo de Argentina necesita mejoras y cambios significativos. Nadie lo duda. Algunas de esas reformas se inscriben en lógicos cambios de paradigma, mientras que otras, están atadas al presupuesto: edificios escolares deficientes, falta de recursos didácticos, mobiliario en malas condiciones, entre otras. En ese contexto, es conveniente analizar qué se anticipa como cambio estructural desde el espacio político La Libertad Avanza, en el que su candidato a presidente, Javier Milei, propone un sistema de “vouchers educativos”, ya aplicados en otros países del mundo, con dispares resultados. Aquí, algunos datos para conocer en qué consiste y evaluar la factibilidad de su aplicación, a partir del análisis de dos especialistas en educación.
La educación en manos del mercado
La idea de los vouchers educativos fue formulada por el economista Milton Friedman en 1950 y se implementó en algunos países –como Chile, Colombia y Suecia, entre otros– con resultados variados. Algunos defensores de este sistema argumentan que favorece la innovación, la eficiencia y la equidad en la educación. Sus críticos señalan que genera problemas como la segregación, la desigualdad y el deterioro de la educación pública.
Según esta idea, el Estado no financiaría directamente a las escuelas, sino que entregaría a cada alumno un bono o voucher que podría usar para matricularse en la escuela que prefiera, ya sea pública o privada. Es decir, un “subsidio a la demanda” en términos de la ideología de mercado.
De esta forma, en teoría, las escuelas tendrían que atraer a los alumnos ofreciendo mejores servicios y contenidos, y los padres podrían elegir la opción que más se adapte a sus preferencias y necesidades.
Las ventajas del sistema de vouchers, según Milei
En sus exposiciones sobre el tema, el candidato menciona algunas características del sistema que él propone, en términos de “ventajas”.
En ese sentido, promete libertad de elección de los padres y los alumnos, que pueden optar por la escuela que más se adapte a sus preferencias y necesidades, sin estar limitados por su ubicación geográfica o su nivel socioeconómico.
Competencia entre las escuelas, que tienen que mejorar su calidad educativa, su innovación y su gestión para atraer y retener a los alumnos, lo que beneficia a los usuarios del sistema.
Reducción del gasto público en educación, ya que el Estado solo financiaría el valor del voucher por alumno y no tendría que hacerse cargo de los costos operativos de las escuelas, lo que permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos.
El lado B de los vouchers educativos
Aunque desde la propuesta se invocan sólo las supuestas bondades del sistema ideado por el académico estadounidense, 73 años atrás, quienes analizan su implementación en otros países, remarcan su incidencia en la profundización de la brecha y la desigualdad entre las personas, ya que las escuelas privadas pueden seleccionar a los alumnos según sus criterios y cobrar una diferencia entre el valor del voucher y el costo real de la educación, lo que excluye a los sectores más vulnerables y crea brechas entre los distintos tipos de escuelas.
También se señala que el sistema educativo de financiamiento a la demanda deteriora la educación pública, ya que pierde matrícula y recursos frente a las escuelas privadas, lo que afecta su calidad y su infraestructura, y debilita el rol del Estado como garante del derecho a la educación.
No garantiza mejores resultados académicos, ya que la competencia entre las escuelas puede llevar a una estandarización de los contenidos, una pérdida de la diversidad pedagógica y una presión por obtener buenos puntajes en las pruebas externas, sin considerar otros aspectos del desarrollo integral de los alumnos.
¿Por qué Milei propone este sistema educativo?
“Lejos de representar una «novedad», la propuesta de vouchers educativos es una idea del siglo pasado, anticuada y demodé. En América Latina, la principal referencia de implementación de vouchers fue la dictadura de Pinochet, cuyos resultados fueron catastróficos”, expresó en diálogo con Rosario3, Nicolás Arata, presidente de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación (SAIEHE).
“El líder de La Libertad Avanza no puede ignorar que cada provincia cuenta con la autonomía que le otorga la Constitución Nacional para administrar su sistema educativo. Entonces, ¿por qué la propone? Lo hace –se responde– porque ve en el sistema público el último bastión a conquistar por el mercado. Milei es al derecho a la educación lo que un zorro suelto al gallinero. El neoliberalismo que pregona es una mácula y una ofensa a la historia del liberalismo reformista que, a fines del siglo XIX, impulsó la sanción de la ley 1.420, consolidando un modelo que fue motivo de admiración en América Latina y de orgullo para la sociedad argentina: el acceso a la escuela pública garantizada por el Estado”.
En torno a las consecuencias de una eventual aplicación del mencionado sistema, Arata formula una serie de interrogantes: “En lo inmediato, con la anunciada desaparición del Ministerio de Educación, no se avizora otra cosa que no sea caos y confusión social. ¿Quién implementará, administrará y velará por que se cumpla este modelo? ¿La mano invisible del mercado? Cuesta mucho creerlo. En el mediano plazo, lo que sucedería, de implementarse este modelo, es el ensanchamiento de las desigualdades educativas, el aumento de la deserción escolar y el incremento del analfabetismo. Un verdadero «culturicidio». En el largo plazo, la sociedad argentina habrá terminado de sepultar uno de los elementos por los que fue reconocida y valorada en el mundo: el nivel cultural de su población”, sostiene el docente.
“No estoy diciendo –aclara– que no tengamos una gran deuda educativa y numerosos desafíos; pero no me imagino enfrentando uno solo de ellos con menos Estado, menos políticas públicas, menos planificación estratégica y menos imaginación pedagógica que la que ofrece la empobrecedora idea de los vouchers educativos”.
Competencia versus escuela pública
Por su parte, Myriam Feldfeber, profesora e investigadora de la UBA, subrayó que “no es una buena propuesta ni para Argentina ni para ningún otro país”, ya que lo que busca es introducir la lógica del mercado al funcionamiento del sistema educativo.
“Parte de la idea de que la supuesta libertad de elección lleva a que las escuelas compitan por la matrícula y eso eleva la calidad, hecho que no se comprobó en los países que implementaron este sistema. Muy por el contrario –enfatiza– lo que muestra son mayores niveles de segregación, de fragmentación y tendencia a la privatización del sistema”.
La docente considera, además, que se trata de una propuesta formulada por “economistas que desconocen cómo se desarrollan los procesos pedagógicos” y afirma que “no es la solución a los problemas que enfrenta la educación en nuestro país”.
“Además –evalúa– este sistema basado en la lógica de la competencia va a contramano de la función de la escuela pública: enseñar aquellos contenidos que sólo la escuela puede enseñar –entre ellos, las nuevas alfabetizaciones–; fomentar el lazo social; construir redes de solidaridad; aprender a convivir con otras y otros”.
En un país federal como Argentina, donde la educación está en manos de las provincias, después de los procesos de transferencia, es imposible implementar este sistema. El Gobierno nacional no puede poner en marcha un sistema educativo de financiamiento a la demanda porque la educación de nivel inicial, primaria, media y superior de formación docente y superior técnica de los institutos superiores está en manos de las jurisdicciones de cada una de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto evidencia –concluye– entre otras cosas, el desconocimiento de cómo funciona el federalismo educativo en nuestro país”.
¿Cuáles son las salidas alternativas?
Si los problemas de nuestro sistema educativo actual resultan evidentes y la opción de los vouchers sería inaplicable, ¿por dónde transitarán los cambios necesarios?
“Hay que empezar por decir que no hay soluciones mágicas, lo que hay son experiencias que nos indican qué puede y qué no puede funcionar, señala Arata–. Creo que un problema de primer orden es preguntarnos qué condiciones hay que reunir para reconstruir una posición soberana –una palabra inmensa, casi de otra época– en materia pedagógica.
“Es indispensable volver a identificar los grandes problemas de fondo que aquejan a nuestra escuela. Sin esa agenda, ¿cómo sabemos cuáles son las peleas que tenemos que dar? Es indispensable proponer una conversación pública, franca y horizontal que nos permita intercambiar qué esperamos de la escuela, como sociedad. Y no creo que las preguntas y las respuestas se vayan a producir en el cubículo de investigación, como tampoco creo que haya que quemar la biblioteca frente a los novedosos desafíos que enfrentamos. En un libro muy interesante, la pedagoga Adriana Puiggrós llamaba a «volver a educar». Hoy añadiría: «volver a conversar»”.
“Por eso –concluye– convocarnos a una mesa sin cabeceras, que promueva un diálogo horizontal, que permita desplegar un debate honesto sobre las escuelas que queremos, sobre las escuelas que necesitamos, y sobre el proyecto político en el cual queremos que se inscriba”.
