Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro son las tres patas de un proyecto de poder que manda señales inequívocas al gobierno central. Esta vez el motivo explícito del encuentro fue reclamar los fondos previsionales que Nación no envía. Los tres mandatarios quieren que Nación les reponga los adelantos mensuales para pagar las jubilaciones. Javier MIlei sacrificó leyes y compromisos previos en el altar del déficit cero. Déficit cero con dinero de otros, vale aclarar. Así cualquiera.
La foto de los tres gobernadores, además, irradia mensajes implícitos. El primero es que la Región Centro de Pullaro, Llaryora y Frigerio muestra capacidad de articulación política en temas concretos y comunes. Los fondos previsionales lo son.
El segundo es que el gobierno nacional debe definir cómo se va a relacionar con ese proyecto de poder regional. Puede intentar desarticularlo o neutralizarlo, como hicieron con éxito gobiernos anteriores. Incluso enfrentarlo. Otra alternativa, más inteligente para un gobierno falto de aliados, sería establecer un vínculo político conveniente a los intereses de ambas partes.
Este último es el plan A del trío de gobernadores. Lo plantearon sin vueltas. “Somos las provincias que nos animamos a dar gobernabilidad, pedimos que le aprueben las leyes a un gobierno que lleva seis meses y no tiene ni una ley aprobada. Hicimos los deberes, con enorme esfuerzo sostenemos el transporte, las jubilaciones, tenemos las obras de Nación paralizadas y eso que no nos llegan más el 97% de las transferencias directas. Pero en esto (los fondos previsionales) no podemos más”, dijo el locuaz Llaryora.
No es un cuento cordobés. Efectivamente, los gobernadores terminaron militando en el Congreso la versión minibús de la ley Ómnibus. Centro para Milei, ¿irá a cabecear?
¿Qué ganaron los gobernadores jugando como jugaron? Varias cosas. Cabe aclarar que lo hicieron porque antes se aseguraron de que se quitaran o corrigieran de texto las medidas que afectaban a sus provincias. Segundo, recuperarán parte de los ingresos que habían perdido el año pasado por la eliminación de Ganancias. Tercero: sumaron influencia y a Milei le mostraron que los necesita y que lo pueden ayudar sin ser un bloque oficialista.
Si bien el corte de fondos previsionales pega en las tres provincias, al que más le sirvió la movida del jueves fue a Pullaro, porque apuntala puertas adentro de Santa Fe la reforma previsional que está encarando, en línea con el camino que Córdoba ya hizo por ley y Entre Ríos por decreto.
La silla que negocia Pullaro
El anuncio del gobierno nacional de que eliminará el organismo federal que daría contención y participación a las provincias en la Hidrovía, se leyó como otra mala noticia para Santa Fe. Sin embargo, faltan capítulos por escribir de esa historia, lo que explica que la Casa Gris no haya demostrado demasiada preocupación.
“El gobernador está hablando mucho con los funcionarios nacionales para asegurar que Santa Fe esté en la mesa donde se decidirán las condiciones de licitación y prestación del servicio en los próximos años”, aclara un colaborador. Razona: “La verdad que ese esquema era malo para la provincia. ¿Por qué teniendo todos los puertos acá, Santa Fe tenía que tener el mismo espacio que Formosa o Chaco por el solo hecho de que el río les pasa por el costado?”.
Otro capítulo que se encaminó fue el de la obra pública nacional paralizada en suelo santafesino. En realidad, se acomodó como se pudo, en el marco de una precariedad total. Nación se comprometió a retomar unas pocas obras, sin tiempos y con financiamiento supeditado al déficit cero.
“En diciembre, Milei frenó en Santa Fe 189 obras públicas nacionales. Ahora la Provincia presenta como un triunfo la promesa de Nación de terminar solo 25 de esas obras. Milei le roba la billetera a los santafesinos y después los invita a comer. Pullaro sirve la mesa y aplaude”, chicaneó el diputado nacional del Movimiento Evita Eduardo Toniolli. El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez también se pronunció en el mismo sentido y con similar tono: "Cuando asumió, Milei frenó en Santa Fe 189 obras públicas con financiamiento nacional. Ayer se anunció que el gobierno nacional se hará cargo de terminar solamente 25 obras, un 13% del total. Milei hace un desastre y el gobernador Pullaro no defiende a las y los santafesinos".
La verdad es que tienen razón, pero solo en parte. Visto desde la oposición al gobierno nacional y provincial, no cabe otra mirada que el medio vaso vacío.
También tienen razón Pullaro y el ministro Enrico, que miran el vaso medio lleno, porque su obligación es gestionar la reactivación de las obras –sobre todo las urgentes como la cascada del Saladillo, la reparación de rutas nacionales y la planta potabilizadora– y que no queden abandonadas y se pierda lo ya invertido.
Milei asumió y redujo la obra pública a cero; no destinó dinero ni siquiera para cortar el césped en las banquinas. Entre cero y 25 obras, 25 es una gran cosa. Entre 25 y 189, es poco y nada.
La obra pública es uno de los temas donde Milei y Pullaro piensan diametralmente opuesto. Para el primero, el Estado tiene que desentenderse; para el segundo, es un motor anticíclico esencial, sobre todo en tiempos de recesión como el que se vive.
De ahí la centralidad que la administración de Unidos le da al tema. Centralidad que esta última semana se desplegó a pleno, con la presentación de las obras que la Provincia hará en acuerdo con la ciudad; el anuncio al día siguiente de las que hará por iniciativa propia en la región, con predominancia de seguridad y penitenciaria y servicio sanitario; el convenio de reactivación de obras nacionales; y la misión encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia en Europa explorando líneas de financiamiento.
Una emergencia más
La Legislatura aprobó a pedido del Ejecutivo la ley de Emergencia de Aguas Santafesinas, empresa que padece un desfinanciamiento brutal y que el Gobierno considera ineficiente. Lo primero empezó a corregirse por vía de un incremento de tarifas de entre 300 y 500% por ciento que ya están llegando a los usuarios.
El tema es que Assa padece mucho más que un problema de financiamiento. Tiene problemas de eficiencia en la gestión, de abastecimiento a sectores de la población, vuelca líquidos cloacales crudos al río, la estructura tarifaria es injusta y ridícula, la micromedición necesita un desarrollo a mayor escala y el sistema de grandes acueductos requiere un marco normativo. A eso se suma el rol futuro del ente regulador y la convivencia con otros prestadores provinciales, como municipios y cooperativas.
El Gobierno muestra voluntad de meter manos en todos esos asuntos y acomodarlos, para eso pidió la ley de Emergencia que le da la posibilidad de hacer y deshacer a gusto.
Sin embargo, a esa voluntad pullarista de asumir los problemas aún a riesgo de dejar capital político en el camino, le faltó algo de calibración y trabajo político.
Calibración porque la ley de Emergencia llegó al debate legislativo en simultáneo con el aumento de las boletas al bolsillo de los usuarios, lo que aleja la posibilidad de que sectores de la oposición acepten acompañar al oficialismo como hicieron en muchos otras leyes.
Y trabajo político porque Unidos no se dio la tarea de hablar lo suficiente del problema con la política y la sociedad de forma previa. Según diputados del peronismo, también faltó dialogar con intendentes y cooperativas, aunque sobre este punto vale aclarar que los gobiernos locales en amplia mayoría son de Unidos.
Un déficit similar se vio con el debate de la reforma previsional, cuando de un día para el otro se activó una comisión reformadora en el Senado, pero sin que estuviera claro el rumbo de esa reforma, con funcionarios que decían cosas que no eran iguales, ni era claro quiénes participarían. Cuando la comisión llegó a Diputados tuvo que replantearse, porque evidentemente tampoco estaba hablado el tema puertas adentro del oficialismo.
Atisbo opositor
Con la ley de Emergencia de Assa pasó algo similar, pero con un dato político novedoso: por primera vez en la actual gestión la oposición votó unida en rechazo a una herramienta de emergencia solicitada por el Ejecutivo.
Vale aclarar que esa coincidencia se debió más al tema en cuestión que a la consolidación de una minoría con capacidad de articular entre sus componentes. Aclarado eso, no puede soslayarse que si bien las minorías opositoras no pusieron en riesgo el resultado, por primera vez en el actual periodo legislativo evitaron que el oficialismo sumara el apoyo de sectores de la oposición como vino haciendo hasta ahora.
Asuntos duros como la Caja, Assa, incluso las reformas que se preparan para el Poder Judicial, están necesitando de otro volumen de voces, más allá de la del gobernador. No pasó desapercibido en la Legislatura que durante el debate por la emergencia de los servicios sanitarios las voces oficialistas que se destacaron, por los argumentos políticos, el encuadre histórico y la información respaldatoria, fueron los socialistas Pablo Farías y Rubén Galassi.
Por su parte, la oposición, en las voces de Carlos del Frade, Lucila de Ponti, Marcos Corach, Omar Paredes y Verónica Varó Graf, focalizó en el “tarifazo”, pero también cuestionó “la delegación de facultades” al Ejecutivo y que se eligiera ese camino y no se encarase de entrada el nuevo marco regulatorio de servicios sanitarios. Hubo otros argumentos de menor espesura y más polémicos, como la objeción al uso de financiamiento internacional para infraestructura, o la crítica a la obligatoriedad para las localidades de conectarse al acueducto que les pasa enfrente si prefieren seguir potabilizando agua de napas subterráneas.
