Con la creación de una comisión multisectorial que estudiará la mejor alternativa para concretar una reforma previsional en la provincia definida este jueves en la Legislatura, el Estado santafesino pone proa hacia un objetivo clave que se planteó la gestión de Maximiliano Pullaro: sanear el déficit de la Caja de Jubilaciones, que estima que rondará los 400 mil millones de pesos este año.
La comisión, que estará integrada por representantes del Ejecutivo, la Legislatura y los gremios estatales tiene 45 días para emitir un informe a partir del cual el gobierno elaborará un plan sobre el que, en realidad, ya tiene un concepto claro: “No es solo la tenemos que sanear. Hay que salvar la Caja de Jubilaciones, porque a este ritmo no se van a poder garantizar las jubilaciones de quienes hoy tienen 40 o 50 años”.
La idea fue este jueves apuntalada por el propio Pullaro, cuando dijo que “el problema de la Caja es que cada vez es más grande, y es una injusticia que quienes no son empleados públicos sostengan el sistema” con sus impuestos. “Yo no tengo que gobernar solamente para los empleados públicos, tengo que hacerlo para toda la sociedad. Lamentablemente, la Caja tuvo muchos desfasajes porque es una ley sumamente vieja”, agregó.
Los temas en foco
¿Dónde están las “anomalías” del sistema para el gobierno?
Entre los temas a los que apunta el círculo cercano al gobernador, acaso el más conflictivo sea el de la edad jubilatoria, una cuestión que se debate también a nivel nacional. El secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, varias veces expuso que hay un dato que obliga a hacer correcciones: “Santa Fe tiene un sistema cuya edad promedio de jubilación es a los 59 años”. El gobierno también se plantea trabajar sobre los regímenes especiales, y situaciones de privilegio como las de los jueces, que cobran, una vez retirados, haberes que pueden llegar hasta los 12 millones de pesos.
Son asuntos sensibles. Urticantes. Por eso, las voces oficialistas se preocupan por aclarar que el plan es moverse con “gradualismo”, sin afectar derechos adquiridos. Pero el objetivo es claro: darle sustentabilidad a un sistema que, además, se ve afectado por la falta de pago por parte de Nación de una deuda en materia de compensación previsional que al 1º de marzo totalizaba 700 mil millones de pesos.
Los gremios
Justamente de esto último se agarran los gremios que con mayor determinación resisten una reforma previsional. Amsafé sostiene que el déficit actual de la Caja es “momentáneo”.
“El gobierno, para bajar ese déficit, no tiene que ajustar a las trabajadoras y los trabajadores. Lo que tiene que hacer es exigir al gobierno nacional que envíe los más de 700 mil millones que adeuda a la provincia de Santa Fe”, señaló este jueves el titular del sindicato docente, Rodrigo Alonso.
Una de las cuestiones que cuestiona Alonso es la posibilidad de que se estire la edad a la que se pueden jubilar los maestros. Hoy, con 30 años de aportes, están en condiciones de retirarse con el 82 por ciento móvil. Eso implica, por caso, que si un docente empezó a dar clases a los 25 años, a los 55 está en condiciones de jubilarse. El dirigente gremial sostiene que la reforma implicaría que una maestra “con 65 o 68 años esté dando clases en el nivel inicial y en primer grado”, lo cual “no hace a la calidad educativa de la cual habla la Provincia”.
Otros gremios, como UPCN, son más proclives a debatir la reforma, según el gobierno porque entienden que lo que está en riesgo es que se puedan pagar los haberes de sus actuales afiliados cuando en el futuro sean pasivos.
El espejo de Córdoba
Cuando piensa hacia dónde marchar en la materia, el gobierno provincial se mira en el espejo de Córdoba, cuya Legislatura en 2020 aprobó una reforma previsional. Esa ley, entre otros puntos, estableció descuentos jubilatorios diferenciales para los activos con mayores sueldos (la escala quedó del 11 al 18 por ciento), y un aporte solidario del 20 por ciento para los pasivos que perciben más de un beneficio previsional u otro ingreso remunerado. Ese descuento del 20 por ciento se aplica también al 15 por ciento que cobra los haberes jubilatorios más altos, aunque tengan un solo beneficio previsional.
En diciembre del año pasado, ya bajo la gobernación de Martín Llaryora, se volvieron a reforzar los ingresos de la Caja de Jubilaciones con un aporte obligatorio extra del personal activo provincial de un 2% sobre el total de las remuneraciones brutas
En Santa Fe, los trabajadores estatales activos realizan un aporte del 14,5 por ciento sin diferencias por sueldo. A los policías, que tienen un régimen especial que les permite jubilarse a los 50 años, les descuentan el 16,5 por ciento.
Lo urgente y lo sistémico
El tema de la reforma previsional genera debates dentro de la coalición gobernante Unidos. Aun así, hay algunos consensos cerrados: “Hay que salvar la Caja de Jubilaciones, mantenerla en el Estado provincial y convertirla en sustentable. La aplicación de cualquier cambio debe ser escalonado y gradual, de manera de evitar la afectación de derechos adquiridos”, insiste una fuente cercana al gobernador.
Un legislador de otro sector de la coalición plantea enfocar cualquier proyecto en dos etapas: una más urgente para atacar el déficit actual y una a más largo plazo que apunte a la sostenibilidad, un punto en crisis prácticamente en todo el mundo. Todo con una condición fundamental: “Que no se le corra el arco a los empleados que se están por jubilar en los próximos años”.
El planteo de este dirigente es que se puede llegar a “una propuesta razonable y consensuada con los gremios” que en el corto plazo resuelva entre el 20 y el 25 por ciento del déficit, con el modelo cordobés: aportes solidarios y progresivos de los sectores que más ganan.
Otra cuestión es cómo se encadenan los aumentos de los pasivos con los de los activos “para tener mayor margen de maniobra para mover la Caja”. En Córdoba el gobernador puede diferir hasta dos meses las subas en los haberes de los primeros con respecto a las de los segundos. Llaryora lo hizo por ejemplo a principios de este año para un número importante de jubilados –no los que cobran remuneraciones más bajas– y provincializó así la licuadora que Javier Milei aplicó a nivel nacional.
En Santa Fe, según la fuente consultada por Rosario3, solo el 7 por ciento de los jubilados provinciales cobran la mínima y los haberes previsionales, como los aportes, están por encima de los de los beneficiarios de las cajas estatales de otras jurisdicciones.
En cuanto al abordaje sistémico, acaso el mismo esté marcado por la discusión nacional sobre el tema. Primero, por la deuda que el Estado central tiene con las provincias que en los 90 no transfirieron sus cajas a la Nación, pero también por los debates en torno a las modificaciones de la edad jubilatoria y del régimen de pensiones. “Ninguna provincia va a hacer punta con temas tan espinosos descolgándose de lo que se defina a nivel nacional”, explicó.
En cuanto a los haberes previsionales de mayor monto, una posibilidad es poner un tope. Que solo se hable de eso ha generado que decenas de jueces hayan comenzado ya los trámites para jubilarse antes de cualquier cambio de régimen.
Autonomía fiscal
Para el gobierno de Pullaro el tema es crucial dentro de su plan de que, en el actual marco en el que el Estado central cortó partidas de todo tipo y se desentiende desde el mantenimiento de las rutas nacionales hasta el envío de alimentos y medicamentos, la provincia tenga autonomía fiscal, se arregle con lo propio.
Eso es lo que subyace detrás del discurso del gobernador, cuando explica, por ejemplo, que solo el déficit previsto para este mes en la Caja de Jubilaciones –40 mil millones de pesos– equivale a “40 kilómetros de ruta, ocho escuelas, 840 patrulleros”.
“Necesitamos gobernar con equilibrio fiscal, el Estado no puede ser solo pagar sueldos”, dicen integrantes de su círculo más íntimo.
Y remarcan que no solo se trata de la Caja de Jubilaciones. En ese sentido, hay otros tres entes en la mira: el Iapos, la EPE y Aguas Santafesinas.
