El proyecto de reforma para la Caja de Jubilaciones de Santa Fe que está terminando de ajustar el gobierno provincial incluirá un aumento gradual de los aportes fundamentalmente de los salarios más altos, la equiparación progresiva en la edad para jubilarse en hombres y mujeres, un tope a los haberes pensando un sistema de beneficiarios y no de beneficios, el fin de las compensaciones, la posibilidad de canjear años de aportes para bajar la edad, y la eliminación de las moratorias, entre otras puntos.
Con esto, la Provincia busca una reforma “sustancial” y “no maquillada” que permita aliviar el déficit de la Caja y evitar que “los contribuyentes lo solventen con sus impuestos”. La propuesta estará lista en los próximos diez días y será elevada a la Legislatura para su tratamiento donde descuentan, en la Casa Gris, su aprobación.
Este adelanto de Rosario3, confirmado desde el seno del Ejecutivo, se da en el marco de la presentación del informe de la comisión para la Reforma del sistema previsional de Santa Fe que trabajó en los últimos meses escuchando a los distintos actores interesados. Ese dictamen, de carácter no vinculante, consta de “generalidades y pocas precisiones” –hasta es “bastante lavado”, según reconocen sus autores– y fue presentado al gobierno provincial este jueves. Allí se plantean algunos de los puntos a reformar.
La Caja tiene un déficit mensual de hasta 30 mil millones de pesos que se deben cubrir con los recursos del Estado santafesino, algo que representa el total del monto invertido en obras públicas por la actual administración, según dijo el senador provincial Felipe Michlig. Y es uno de los ejes de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para el segundo semestre de este año.
Los principales ejes
En el gobierno están terminando de ajustar el proyecto de reforma y por ello aguardaban el informe de la Comisión. Uno de los puntos que propondrán es elevar el monto de aportes para los funcionarios de los tres poderes de Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Aunque resta definir el porcentaje, la idea es que sea de manera gradual.
También se impulsará un tope “razonable” para las jubilaciones, que “no tendrá carácter retroactivo”, y se busca la forma para reducir el margen de algún posible planteo judicial. En ese sentido, está en estudio la posibilidad de pedir una especie de “aporte solidario” para los que ganan más “sin afectar” haberes ya determinados.
“Queremos que haya topes por beneficiario, así vamos hacia un sistema de beneficiaros y no de beneficios”, agregó uno de los hombres más cercanos al gobernador.
La reforma incluirá el fin de las compensaciones del 2 x 1. No existirá más la posibilidad de canjear años de aportes por edad, por ejemplo no se podrá más canjear dos años de aportes para bajar en un año la edad de jubilación.
Con respecto a las edades, y sabiendo que es el punto más resistido por los agentes en actividad y sus respectivos gremios, el proyecto contemplará una equiparación de la edad para jubilarse tanto para hombres como para mujeres. “Tendrá un carácter progresivo, no será de un año para otro”, apuntaron desde el gobierno guardándose precisiones para el anuncio oficial.
Además se eliminarán las moratorias y se modificarán los regímenes de pensiones, siempre de cara al futuro.
Al ser consultado sobre el tema, el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, respondió: “Queremos una reforma sustancial, no un maquillaje, que no solo contemple un cambio coyuntural sino que sea de fondo y sustentable. Que la gente deje de solventar el déficit de la Caja con sus propios recursos o impuestos”.
Lo más cercano a lo que pretende hacer la gestión provincial es el caso Córdoba que “ya lleva 11 reformas a su Caja en los últimos 15 años” y cuya “última reforma de este año tuvo como antecedente inmediato otra en 2020”.
El proyecto del Ejecutivo santafesino, estiman, podrá ser presentado el próximo lunes 19 de agosto y será enviado a la Legislatura para su tratamiento. Ingresaría por el Senado donde el oficialismo intentará conseguir los dos tercios de los votos para asegurarse la aprobación si es que se complica en Diputados. Si bien creen que no hay riesgo y que el frente Unidos votará la iniciativa, pueden aparecer voces disonantes en algún articulado específico.
Otro eje de la reforma jubilatoria es el frente judicial para que la Nación restituya los fondos necesarios. Por un lado se sigue adelante con el planteo que inicio la gestión anterior para que el Estado nacional pague la deuda por el déficit de la Caja santafesina que, calculan, orilla los 700 mil millones de pesos. Y el otro expediente es el que abrió Pullaro ante la Corte Suprema para que el gobierno del presidente Javier Milei deje sin efecto la interrupción de la transferencia automática de fondos a cuenta del déficit, esto significa unos 69.000 millones que no llegaron durante los primeros seis meses del año.
Dictamen “lavado”
A todo esto, la Comisión, conformada por seis senadores, ocho diputados, cuatro representantes del Ejecutivo y cuatro integrantes de los gremios, presentó un informe sobre su trabajo, en el marco del cual, se hicieron cerca de diez reuniones en las que hubo unas 30 exposiciones de especialistas, dirigentes de entidades gremiales y actores vinculados a la temática.
El dictamen, no vinculante, presenta una serie de títulos y conclusiones generales en las que se ponen por escrito los distintos ejes de la discusión sobre la reforma jubilatoria.
Hay acuerdo en que la Caja siga siendo “pública y provincial”, “la garantía del sistema de reparto”, y se insista “con el reclamo por la deuda de Nación”.
El informe menciona la posibilidad que haya topes y un sistema “de beneficiarios y no de beneficios”. Y plantea la “progresividad” si es que se fueran a modificar “aportes y contribuciones”.
Con respecto al aumento de la edad jubilatoria, el escrito no tiene definiciones ya que “no hubo acuerdo” entre los interlocutores que desfilaron por la Comisión.
En definitiva, como admitió uno de los firmantes, es un informe que contiene “generalidades”, “pocas precisiones” y es “bastante lavado”. O sea, lo que se va a debatir será la propuesta que ingrese el Ejecutivo y cuya aspiración es que salga antes de fin de año.
