El cuarto intermedio hasta el próximo jueves del plenario de tres comisiones que analizan una ley de humedales abrió un tenso compás de espera. La nueva dilación a un tema que si algo tuvo fue tiempo de debate (diez años del primer intento legislativo) sembró dudas sobre la negociación en marcha. Pero las tres horas de exposiciones en el anexo del Congreso, y lo que algunos protagonistas adelantaron, apuntan a un escenario de dos proyectos con mayoría de apoyos en los dos frentes principales que, además, representan las diferencias de fondo.
El propio diputado nacional Leonardo Grosso (Frente de Todos) aclaró que él no escribió su proyecto. No fue una confesión sino la aclaración de que es un texto que expresa una síntesis de los aportes de más de 500 organizaciones socioambientales y especialistas de las universidades. Ya tuvo dictamen de comisión de Recursos naturales, que preside, en 2020 pero perdió estado parlamentario.
Si bien existen otras dos iniciativas dentro del oficialismo y otras tantas de espacios afines con esa idea, detrás de ese texto se encolumnarán la mayoría de las voluntades con el objetivo de sacar un dictamen amplio el jueves que viene. La cantidad y variedad de apoyos depende de cuánto se abra ese articulado. Modificaciones a las que las agrupaciones ambientales se oponen pero que serán clave para llegar con fortaleza al recinto. El desafío es retocar sin alterar el espíritu de identificar, ordenar y regular esos ecosistemas en todo el país.
Dentro de Juntos por el Cambio también coexisten tres proyectos. El diputado nacional por Corrientes y productor agropecuario Carlos Vara dejó en claro en el plenario que defenderá su postura al exponer datos y mapas sobre el daño que implicaría a la producción limitar actividades en los humedales (ver minuto 44 de la sesión).
“Vamos a defender a muerte que el inventario tiene que estar en manos de las provincias”, dijo el más duro de los expositores a los ojos de los militantes socioambientales. Puso como ejemplo la ley de bosques, que justamente no frenó los desmontes porque dejó su aplicación en manos de jurisdicciones provinciales permeables a esos intereses y sin mayores controles federales.
Su par radical Ximena García se propuso en cambio buscar un “equilibrio” entre los cuidados del medio ambiente y esos intereses económicos. La legisladora santafesina es autora de una iniciativa que reúne más de 40 firmas en su bloque y que tiene su réplica en el Senado. Uno de los avales que sumó fue el de Gabriela Lena (autora a su vez del tercer proyecto de ese espacio).
Por eso, el texto de García y Maximiliano Ferraro (Coaliación Cívica) se perfilaba como el más apoyado dentro de la oposición al proyecto Grosso (Expediente: 0075-D-2022 o "de consenso") y tiene cuatro diferencias centrales.
Punto por punto
Según resumió García a Rosario3, “nuestro proyecto propone hacer primero el inventario de cuántos humedales hay, dónde están y sus condiciones y después con esa información detallada empezar el ordenamiento territorial sino sería desordenado”.
Ese plan otorga un plazo de tres años para finalizar el inventario federal y luego otro más para el ordenamiento provincial. En el caso de Grosso ambas acciones se dan en simultáneo y a los dos años debe estar listo el ordenamiento, para agilizar la puesta en marcha de la protección.
La segunda diferencia es la continuidad de las producciones afectadas en esos lugares mientras avanza la aplicación, contemplada en el texto de García y Ferraro. “Hay actividades productivas que se pueden seguir desarrollando con regulaciones, buenas prácticas y autorización de los órganos provinciales”, señaló la diputada. Un ejemplo sería la ganadería en el Delta.
Un tercer punto marcado por la legisladora radical: las provincias terminan de hacer el ordenamiento territorial y no el gobierno nacional. Allí habría una clave importante. Eso es lo que especialistas señalan como nudo del fracaso de la ley de bosques (y lo que el correntino Vara defendería “a muerte”).
El proyecto de Grosso, en cambio, define que “la autoridad nacional de aplicación será la máxima autoridad ambiental competente designada por el Poder Ejecutivo Nacional”. Crea un “Programa Nacional de Conservación de los Humedales” en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), entre Nación y provincias.
También en la asignación de recursos surgen contrastes. Los dos textos hablan del 0,3% del presupuesto nacional. El de la santafesina destina el 70% de esos fondos de forma directa a los productores como incentivo o compensación si deben adaptarse a limitaciones por estar en zonas de humedales de “alto valor de protección”. El 30% del dinero se giraría a las provincias.
El impulsado por Grosso y la mayoría del oficialismo se llama “Fondo Nacional de Humedales” y los recursos federales “sólo podrán ser destinados a financiar los objetivos del Programa Nacional de Conservación de Humedales” y “distribuidos a las jurisdicciones únicamente si estas cumplen con el inicio y finalización del Ordenamiento Ambiental Territorial en los plazos determinados por la ley”.
García aseguró que su iniciativa es más “equilibrada y menos punitivista”, ya que las sanciones establecidas también son distintas.
Grosso aclaró varias veces que la “ley no viene a prohibir nada, no es contra la producción, es contra la destrucción”. Fue también eolucuente en ese sentido la diputada Graciela Camaño, quien habló de “pensar en el desastre ambiental y no en las conveniencias puntuales”.
Sumar apoyos
Para Eduardo Toniolli, diputado del Frente de Todos y firmante del proyecto de su par del Movimiento Evita, la gestión de esta semana pasa por sumar voluntades y lograr la mayor fuerza posible. Para eso es necesario “abrir” el proyecto y realizar modificaciones que no alteren el “corazón” del articulado ya consensuado con las organizaciones.
Con un ojo en el plenario del próximo jueves y otro en la sesión del recinto que sería en octubre (para darle media sanción), en el oficialismo calculan que lo más importante es consolidar el apoyo interno. Solidificar los 115 o 117 votos propios. Con el Interbloque federal, Provincias Unidas y la Izquierda superarían el número de 129 voluntades para el quórum y votación favorable.
Uno de los puntos a modificar que mencionó Toniolli también aparece en la postura del socialista Enrique Estévez, otro santafesino que presentó un proyecto y que solicitó el plenario de comisiones. El legislador admitió que lo importante es que haya ley y sumaría su adhesión.
Estévez propone hacer el inventario primero y el ordenamiento después, con estudios de impacto ambiental para mensurar qué se puede hacer y qué no. “Es para clarificar y actuar con solidez, sin desdibujar el espíritu del proyecto original”, dijo a Rosario3.
El resto de los días la famosa “rosca” política avanzará en ese sentido. Grosso aseguró a este medio que el cuarto intermedio no frenará la trayectoria de la norma. “Tenemos la voluntad de la mitad más uno de la Cámara y la decisión política de dictaminar pero ante el pedido que plantean quienes no quieren la ley, que dice que no se debatió o que no nos dejaron hablar, vamos a tener una oportunidad más el jueves que viene para que hagan sus propuestas”, señaló.
Lo importante, dijo, es “derribar los falsos argumentos de que la ley de humedales no se discutió, que es una imposición de un grupo circunstancial porque después van a utilizar esos argumentos para no cumplirla”.
“El jueves que viene es el final. Continuamos con el plenario, dictaminanos con mucho apoyo y rápidamente media sanción en la Cámara de Diputados”, aseguró. Después sería el turno del Senado y ahí se abre otra historia.
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