Más que una celebración de una victoria pírrica, el asado para los “87 héroes” que rechazaron el veto a la reforma jubilatoria fue un gesto para consolidar el tercio de bloqueo con el que Javier Milei –que inusualmente se quedó durante toda la velada– pretende frenar cualquier intento de la oposición por interferir desde el Congreso en su agenda excluyente: la del superávit fiscal. Sin embargo, frente a la misma situación pero con la ley de financiamiento universitario, las dudas persisten e incluso se acrecientan: hay entre los legisladores del PRO que concurrieron a esa comida y los radicales díscolos que prefirieron no aparecer en la foto en la residencia de Olivos resistencias fuertes a acompañar el freno presidencial a la norma que el jueves de la semana pasado sancionó el Senado.
El jefe del Estado tiene diez días hábiles de plazo desde sancionada la ley para firmar el veto que ya varias veces anunció, en el marco de una estrategia clara ratificada muy explícitamente el domingo pasado durante la presentación del presupuesto que encabezó en el Congreso: transmitir que está dispuesto a pagar el costo político que tenga que pagar, pero que nada lo correrá del altar del déficit cero, algo a lo que los mercados respondieron con alzas de bonos y acciones.
“Lo va a firmar el lunes”, especulan los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se reunirán el martes en Buenos Aires. Allí analizarán el resultado de las gestiones que cada uno de ellos realiza con los legisladores de sus distritos para que garanticen la ratificación de la ley y, si Milei concreta el veto, convocarán a la marcha federal en defensa de la educación pública a la que los gremios del sector ya le pusieron fecha: 2 de octubre. La idea es generar un hecho político como el que, en abril, obligó al gobierno a aflojar la billetera con los fondos para gastos de funcionamiento de las casas de estudio.
La ley de financiamiento, justamente, vino a corregir la pata que faltaba y que representa el 90 por ciento del presupuesto universitario: los sueldos. Los salarios de docentes y no docentes, sostienen sindicatos y autoridades, son los que más retrasados con respecto la inflación quedaron dentro del Estado y desde noviembre a agosto acumularon una pérdida real de alrededor del 25 por ciento. Con el agravante de que el proyecto de presupuesto 2025 tampoco compensa ni siquiera la inflación que el mismo gobierno prevé en el texto de la iniciativa: 18 por ciento.
Ese retraso salarial es reconocido como un problema mayúsculo por parte de los 87 diputados que bloquearon el rechazo al veto a la reforma jubilatoria. “El tema de los gastos de funcionamiento, que fue por donde empezó todo el problema universitario, se terminó acordando. El problema son los sueldos que están bajísimos. Quisiéramos que se encuentre una solución”, dijo a Rosario3 una fuente del PRO.
Así, blanqueó las resistencias que hay en el PRO a acompañar el veto total que anunció Milei, por más que los diputados de esa bancada no votaron el proyecto que salió del Congreso ya que habían presentado otro con un costo fiscal menor.
La cuestión se definirá en una reunión de bloque la semana que viene, luego de que “el gobierno mande los números”. Lo cierto es que hay todo un debate en el partido amarillo: están los que sostienen que hay que acompañar el dogma del déficit cero sin fisuras con Milei, los que acompañan esa idea pero entienden que la educación es un límite, y los que sostienen que tampoco es cuestión de pagar todos los costos como si fueran gobierno porque no lo son.
Pero además, el interbloque antiveto podría tener fisuras por el lado de los cinco radicales que le dieron la respalda a la reforma jubilatoria, a pesar de que habían votado a favor de esa ley. No por el lado del tucumano Mariano Campero, que fue a la comida de Olivos y parece tomado por la fe de los conversos, tanto que se viene manifestando en los últimos días como si fuera un libertario más. Pero sí de los otros cuatro, que prefirieron quedarse aquella noche en el Congreso y aún forman parte del bloque de diputados que encabeza Rodrigo De Loredo.
Esa contención por parte del diputado cordobés fue tomada como alivio por los rectores de origen radical, que se agarraron la cabeza cuando se enteraron que la convención partidaria, por impulso de Martín Lousteau y Facundo Manes, había suspendido la afiliación de los díscolos. “Fue como una invitación a que se pasen a La Libertad Avanza”, interpretó, off the récord, uno de ellos. Lo cierto es que es complejo ponerse en contra de la universidad pública y decirse parte de la UCR.
Y ese axioma puede abarcar, también, el tema del presupuesto nacional 2025, donde el capítulo universitario es cuestionado por el sector con un dato simple: los recursos que le destina el proyecto oficial representan la mitad de lo pedido por el CIN.
Sin embargo, los rectores prefieren no anticipar esta pelea. No solo eso: hasta se preguntan, como también lo hacen sectores dialoguistas que entienden que el proyecto del Ejecutivo así como está no puede salir, si no es mejor evitar forzar modificaciones ante la sospecha de que lo que en realidad busca el presidente es que los legisladores rechacen la iniciativa para victimizarse, acusar a los “degenerados fiscales” y disponer discrecionalmente de la asignación de partidas.
Como sea, en un escenario político de liderazgos opositores inestables y lealtades movedizas, la partida del veto aún no está definida. Y tampoco el gobierno nacional se queda quieto. Por caso, Milei, que ahora acepta e incluso parece disfrutar de ocuparse de las cuestiones políticas que antes delegaba, se apresta a realizar el lanzamiento de la Libertad Avanza como partido nacional, mientras dirigentes de su confianza amplían el campo de negociaciones en busca de más aliados eventuales en partidos provinciales y en el peronismo no kirchnerista.
Lo importante para el gobierno es que haya otra vez 87 “héroes”. Se llamen como se llamen y vengan de dónde vengan.
