Esta semana, la justicia internacional entera ha decidido cargar sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu. Tanto la Corte Penal Internacional (CPI) como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se hicieron eco de la conducta cada vez más inhumana y feroz del gobierno de Israel sobre la población de la Franja de Gaza. Si bien ninguna de las cortes tiene fuerza policial por sí misma para hacer cumplir sus órdenes, sus fallos son de gran relevancia en la comunidad internacional y complican la posición global del país.
Hace un mes, el primer ministro expresó que Israel no aceptaría ningún intento de “socavar su derecho fundamental a defenderse”. ¿Y ahora? Netanyahu no quiere verse como el único occidental en una lista de hombres buscados por los tribunales internacionales. Ese es un lugar reservado para los malos más malos de la historia. Líderes como el ruso Vladímir Putin, el ugandés Joseph Kony o el libio Muamar el Gadafi. En estos nombres occidente concuerda por unanimidad.
Ambos tribunales se encuentran en La Haya (Países Bajos), a unos 12 minutos de distancia en bicicleta. La principal diferencia es que el CIJ -que está bajo la órbita de la ONU- juzga la responsabilidad internacional de un Estado. En cambio, la CPI -el único tribunal internacional permanente del mundo- se encarga de la responsabilidad de los individuos. Es el mismo conflicto, con las mismas víctimas, pero ambos tribunales se rigen por diferentes tratados.
Quien primero abordó el asunto luego del 7 de octubre fue el TIJ, máxima autoridad judicial de la ONU que, como se detalla más arriba, resuelve litigios entre Estados. Lo hizo ante la petición de Sudáfrica que, en enero de 2024, alegó violaciones de Israel a la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948). El país africano acusó al gobierno de Netanyahu de tener un "patrón de conducta genocida" ya que sus acciones "pretenden provocar la destrucción de una parte sustancial" de los palestinos en Gaza desde que lanzó su ofensiva a gran escala.
El tribunal aceptó la demanda, rechazando la petición de Israel de que se desestimara el caso. Aunque no le ordenó que se detenga como había pedido Sudáfrica. En tanto este viernes 24 de mayo, el mismo organismo emitió un fallo histórico, también a pedido de Sudáfrica, de que Israel detenga las operaciones militares en Rafah y cualquier otra acción que provoque la "destrucción física total o parcial" del pueblo palestino en Gaza. El tribunal también ha exigido a Hamás la liberación inmediata de todos los rehenes presos en su ataque del 7 de octubre. Pero el sábado Israel ignoró la orden y volvió a bombardear Rafah.
En tanto el otro organismo, la CPI tiene competencias para procesar a personas acusadas de crímenes de guerra, genocidio y contra la humanidad. Su fiscal general, Karim Khan, solicitó a inicios de esta semana órdenes de arresto. Las acusaciones versan sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant y tres líderes de Hamás y cerebros detrás de las atrocidades del 7 de octubre: Muhammad Deif y Yahya Sinwar, escondidos en Gaza y Ismail Haniyeh, el jefe político de Hamás que se encuentra en Qatar.
Con todas las pruebas documentadas, Khan considera que el gobierno de Netanyahu ha actuado mediante el asedio total en Gaza. El informe sostiene que esos actos se cometieron como “un plan común para utilizar la inanición como método de guerra”. Por ello ha cerrado los pasos fronterizos, cortado la electricidad y bloqueado el acceso de ayuda humanitaria a gran escala. El fiscal considera que “Israel ha privado de forma intencionada y sistemática a la población civil de todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”.
Por otro lado, Khan expresó que “los lazos más profundos entre un padre y un hijo, fueron retorcidos para infligir un dolor insondable mediante una crueldad calculada y una insensibilidad extrema” de parte del grupo terrorista Hamás en el ataque del 7 de octubre. El fiscal sostiene, contrastando con las críticas de occidente, que sus acciones muestran cómo los cinco hombres son iguales ante la ley. Aunque también esto significa equiparar a líderes israelíes con líderes terroristas.
La petición de Khan fue transferida a una sala de instrucción compuesta por tres magistrados. Se espera que en unos meses se expidan. En caso de que la CPI emita la orden de captura, cualquiera de los 124 Estados miembros estará obligado a detener a cualquiera de los cinco líderes si se desplazan a su territorio. Mientras tanto, hasta que no se produzca una orden formal de arresto, los líderes israelíes y de Hamás pueden viajar sin riesgo de ser detenidos en alguno de los países signatarios del TPI. Si se acepta la orden de captura, Netanyahu se encontrará en igual de condiciones que Vladimir Putin.
Como era de esperar, Netanyahu expresó que la decisión del fiscal está dirigida “contra todo el Estado de Israel” (...) “Así es exactamente el nuevo antisemitismo, que ha pasado de los campus en Occidente al tribunal en La Haya”. A Hamás tampoco le agradó la noticia. El movimiento fundamentalista lamenta el “intento de equiparar a la víctima con el victimario” y reclama que la petición contra los líderes israelíes llega “siete meses tarde”.
Lo llamativo de este pedido de la CPI es que ésta es la primera vez que el tribunal presenta un caso contra individuos de una democracia liberal. Es decir, donde rige el imperio de la ley y un sistema judicial independiente. En esa ocasión, la Fiscalía actuó contra un país occidental y consensuadamente democrático. El tribunal corre, en ese sentido, el riesgo de perder el respaldo de naciones que lo sostienen con sus fondos y que le dan legitimidad. Este pedido provocó grandes divisiones.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de “escandalosa” la acusación contra los líderes israelíes ya que “no hay ninguna equivalencia entre Israel y Hamás”. En Europa, Alemania y Polonia cuestionan lo mismo. Mientras que España, Francia y Bélgica respaldan la “independencia” del tribunal contra la impunidad “en todas las situaciones”.
Este tribunal tiene el mérito de ser la única instancia permanente para perseguir crímenes de guerra y contra la humanidad, además de genocidio. Solo juzga a los máximos responsables. Aunque es poco probable que lleguen a esta instancia en este caso, ya que los cinco hombres acusados, se encuentran fuera del alcance de los firmantes de la CPI. Esto se debe a que algunos países -como Estados Unidos, China, Rusia, India, Turquía e Israel- no aprobaron el estatuto fundacional de la corte.
Como constata el fiscal Khan, Israel tiene derecho a defender a su población, aunque ello no exime al país de “cumplir el derecho internacional humanitario”. Y dado que el Estado de Palestina sí es miembro del TPI, la Fiscalía puede investigar y perseguir tanto los delitos cometidos por Hamás en territorio israelí, como los perpetrados por Israel en suelo palestino.
Este viernes, justo unas horas antes de la celebración en Jerusalén de una manifestación para pedir la dimisión del primer ministro, la oposición ha dejado de lado sus diferencias para recibir con indignación unánime la decisión de la Fiscalía del TPI. El país se ha unido porque toca una fibra muy sensible: se colocó en el mismo plano a dirigentes israelíes y de Hamás.
Cuando Israel se encolumna lo hace esgrimiendo los argumentos de siempre ante cualquier adversidad: “antisemitismo” y “odio a los judíos sin precedentes desde la propaganda nazi”. Tal vez es hora que realice verdaderamente una crítica real y profunda.
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