Hay un cruce de enfoques en el Frente de Todos sobre cómo salir de la crisis que lo puso al borde del abismo. Los más cercanos al presidente le sugieren concentrarse en sacar adelante la gestión para fortalecerse y que lo político se irá ordenando. Le insisten en que no puede entregar a sus ministros más cercanos sin hipotecar sus posibilidades de gobernar. El cristinismo, por el contrario, insiste en reordenar lo político primero (es decir lo inherente al poder y la toma de decisiones en materia de políticas de gobierno) para poder encaminar la gestión y no renuncia a un profundo cambio de gabinete, para lo cual pone a circular nombres de gobernadores para ministerios por los que ya pasaron alguna vez.
El presidente esta semana pudo salirse del eje de confrontación y avanzar con hechos de gestión. Los dos más relevantes son temas en los que no hay fricción con el cristinismo. Los anuncios de alivio antiinflacionario para los sectores más vulnerables por un lado y la presentación del gasoducto Néstor Kirchner, que la hizo desde Neuquén rodeado de funcionarios cristinistas que confrontaron fuerte con el ministro Guzmán.
Un paréntesis sobre el gasoducto. La obra es clave para un país sin divisas que tiene gas de sobra pero importa energía todos los años por varios miles de millones de dólares. Demás está decir que los 2.500 millones de dólares que cuestan la primera etapa (hasta el oeste de Buenos Aires) y la segunda (hasta San Jerónimo, en Santa Fe) se pagan solos. Otro tanto ocurre con el juego de lobbys que impide sustituir parte del gasoil importado a precios exorbitantes con biodiesel. Son los capítulos inentendibles de la Argentina.
Por su parte, el cristinismo mueve piezas y hace rodar nombres. El chaqueño Jorge Capitanich, que fue jefe de Gabinete en las presidencias de Duhalde y Cristina, no sólo tiene el okey de la vicepresidenta para caminar el país para una posible precandidatura presidencial sino que por momentos hace de ministro de Interior sin cartera en el diálogo con sus pares. El interlocutor no puede ser el ministro formal, Wado De Pedro, primero porque el presidente no piensa lo mismo que Cristina, y segundo porque dentro del esquema 2023 él será candidato de La Cámpora, a presidente o gobernador de Buenos Aires.
La misión de Capitanich es escuchar y buscar un esquema lo suficientemente elástico como para contener la diversidad de intereses y realidades de todos los gobernadores peronistas, incluso los que no son afines a Cristina, con la idea de ofrecerles un esquema de poder participativo que evite el desmembramiento del peronismo.
Es lo que el chaqueño hizo en su visita a Juan Schiaretti, el más antikirchnerista por convicción y sobreactuación; pero a la vez el único con posibilidades de cortar el arrollador avance de Juntos por el Cambio en Córdoba. Para esa batalla el cordobés junta pertrechos donde puede. Hace 20 días fue el único del PJ que participó de la cena “antigrieta” con Gerardo Morales, Juan Manuel Urtubey, Emilio Monzó, Graciela Camaño, Florencio Randazzo y el intendente Pablo Javkin. Esta semana recibió también a la diputada Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista que en esa provincia es parte de la alianza oficialista.
¿Y cómo encaja Santa Fe en ese esquema? El gobernador Perotti participa de esos contactos interpares, en un contexto en el que a la provincia se la cuenta entre las que es posible que el peronismo pierda. No sólo porque Juntos por el Cambio triunfó por 8 puntos en 2021, sino porque la gestión provincial sigue mostrando notorios déficits en áreas muy sensibles. El más notorio, por lejos, es la seguridad.
Fue una semana brava en cuanto a homicidios dolosos. El gobierno convocó de urgencia a la Junta Provincial de Seguridad, pero no asistieron ni el gobernador ni la vicegobernadora. El presidente de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez no consideró el tema lo suficientemente relevante como para un sueldo de 1,5 millones mensuales justifique resignar ir a ver jugar a Unión de Santa Fe, según reveló el diputado Fabián Oliver.
En la reunión se expusieron las diferencias entre el ministro Lagna y el segundo del área, Jorge Bortolozzi. Una de esas diferencias surgió por la detallada carta que un alcaide mayor del Servicio Penitenciario mandó a la Corte Suprema, el MPA, la Defensoría y los colegios de jueces para cubrirse las espaldas y evitar ser acusado de incumplimiento de deberes de funcionario.
Cuando un empleado de planta administrativa se corta de esa manera es porque no tiene opción y se siente abandonado y expuesto por los responsables políticos del área. La carta detalla la “situación extremadamente crítica” de sobrepoblación carcelaria en la provincia, donde hace más de dos años que no se construyen nuevas plazas y el acuerdo con Nación para que se lleve más de 400 presos federales de las penitenciarías provinciales, que “estaba listo en 2020”, nunca se concreta. Sumado a que los legisladores nacionales y provinciales endurecen penas y limitan los regímenes de beneficios para presos y las medidas alternativas a la prisión preventiva, es mayor el número de ingresos que de egresos. La paciencia de la Corte, que viene estirando plazos de su propio fallo de 2020 sobre adecuación de la población penal, en algún momento se va a cortar. El problema es que entre la realidad y los derechos garantizados por la ley se generó un abismo.
También en la semana la Fiscalía encontró en un allanamiento armas que debían estar bajo custodia de la sección Balística de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Y se produjo el octavo cambio de cúpula provincial en Rosario en poco más de dos años por una situación de presunta corrupción policial de por medio. Casi podría decirse el noveno, porque al mediodía del jueves se anunció que el jefe Natalio Marciani sería reemplazado por la subjefa Betina Governatori y a la noche se la dio de baja y se nombró a Margarita Romero. El contexto en el que se produce esta cadena de acontecimientos es de desgobierno de la seguridad, doble comando en el Ministerio de Seguridad y dificultades de articulación con el gobierno federal y con el Ministerio Público de la Acusación, aspectos sobre los que vienen advirtiendo desde distintas áreas relacionadas al proceso penal.
Estas diferencias obligan al peronismo santafesino a esforzarse en montar un techo bajo el cual haya lugar para todos y que cada uno ejerza su identidad. Hacia ese punto están orientadas las primeras tratativas referidas a cómo encarar 2023 en Santa Fe.
Una idea que sectores peronistas empiezan a hacer rodar ante las dificultades que presenta 2023 es la de una apuesta fuerte por la intendencia de Rosario (el peronismo perdió por un ajustado margen y tiene dirigentes competitivos) y la Cámara de Diputados, en este caso con una boleta encabezada por Perotti. Si en el caso de Córdoba el plan es que gane un peronista antikirchnerista antes que Juntos por el Cambio, en Santa Fe sería que si el PJ no puede retener la gobernación al menos que gane el perfil más progresista dentro del frente electoral que se construya. Es decir que no se imponga el PRO o un radical asociado al PRO. Si el caso fuera que el peronismo vuelve a quedar fuera de la Casa Gris, conservaría la llave de la gobernabilidad con el control de la Legislatura y Rosario.
En esa lógica, los sectores que están pensando cómo engarzar la realidad del peronismo santafesino con un esquema nacional para 2023, ven en esa lista de diputados encabezada por el gobernador saliente la malla de contención para evitar desprendimientos. Es decir no debería ser una lista a gusto de Perotti como hicieron sus antecesores Antonio Bonfatti en 2015 y Miguel Lifschitz en 2019 sino que los 28 lugares serían para garantizar que todos los sectores del peronismo tenga un lugar. Hay que verlo para creerlo y sólo un gran elector con poder desde Buenos Aires podría garantizarlo.
Claro que para que para montar un techo que vuelva a cobijar a todos deberá congeniarse con las legítimas ambiciones personales de los dirigentes y reconsiderarse situaciones que hoy parecen más cerca de una ruptura que para un camino común. Nombres como María Eugenia Bielsa, Marcelo Lewandowski, Marcos Cleri, Leandro Busatto, Roberto Sukerman, Roberto Mirabella, la ministra Celia Arena, son los nombres que están tempranamente rodando en esa danza.
Justamente fue Leandro Busatto, ya lanzado como precandidato a gobernador, quien esta semana verbalizó que si las cosas siguen como hasta ahora dentro del peronismo, y se armara una fuerza electoral con base peronista y progresista para 2023 en la provincia, ser parte de ella es una posibilidad que La Corriente analizaría. “Esto no contribuye a que el PJ sea un ámbito de construcción conjunta”, disparó, molesto porque las diputadas Matilde Bruera (bielsista) y Paola Bravo (La Cámpora) le anunciaron que se iban del bloque que preside, en una movida que el rossismo ve motorizada por una comunidad de intereses entre María Eugenia Bielsa, Perotti y Marcos Cleri, con una intención que estaría revelada en el nombre del nuevo bloque: Lealtad Kirchnerista.
En realidad la partida de ambas diputadas hacía tiempo que daba vueltas por la necesidad de tener juego propio en la Cámara, darle visibilidad a sus proyectos y a los sectores que pertenecen, más las diferencias propias de un interbloque de ocho peronistas de distinto origen, muy minoritario y ninguneados por el Poder Ejecutivo. Lo que no quita que el rossismo lo ubique en el contexto de las hostilidades del perottismo post Paso 2021.
Por otra parte, no está tan claro que logrando meter a todos bajo el mismo techo de nuevo, el peronismo pueda retener la provincia. Para acrecentar chances busca sumar otros actores. El primer timbre a tocar es el de Ciudad Futura, porque ya articula con sectores del FDT a nivel nacional con una agenda social y distante de la rosca política. Cualquier ofrecimiento deberá partir de un dato realista: CF no va a hipotecar su identidad para abrazarse a la totalidad del PJ.
También hay parte del peronismo que prende velas y opera para que el socialismo no se sume al frente de frentes y juegue solito y solo en 2023. Hay dos variables decisivas a la hora de tomar esa decisión, una de índole pragmática y la otra ideológica. La primera es la cantidad de bancas legislativas que pueda alcanzar jugando por adentro del frente o por afuera; la segunda pasa por el conflicto identitario que le provoca como fuerza progresista confluir hacia un espacio provincial tributario a nivel nacional de un Juntos por el Cambio que se disputa entre una socialdemocracia radical o una derecha macrista.
Eso explica que mientras el socialismo dispara contra Perotti y su gestión en todos los ámbitos que puede, para el gobierno es bienvenido que el PS adquiera visibilidad y protagonismo en la agenda político-institucional de la provincia, o exhiba autonomía de sus ex socios del Frente Progresista a la hora de negociar los proyectos de ley que envía el Ejecutivo.
Ante la incertidumbre del escenario 2023, el socialismo privilegia los equilibrios internos y demora definiciones. Como parte de esos equilibrios, se ve el juego que va adquiriendo el intendente de la capital provincial Emilio Jatón. Esta semana llevó a todo el socialismo a su ciudad, donde armó su propio debate sobre autonomía con 150 legisladores, jefes comunales y referentes del PS, entre ellos las diputadas Clara García y Claudia Balagué y el ex gobernador Antonio Bonfatti. De allí sacaron una posición unificada para llevar a las convocatorias de la provincia sobre el tema: “Sin autonomía financiera, no hay otro tipo de autonomía posible”, resumió Jatón.
La autonomía es el tema sobre el que surfea el intendente Javkin, a pesar de que cambiaron las autoridades policiales de Rosario y nadie le pidió opinión. Después de arduas negociaciones logró desprenderse de la concesionaria del transporte El Cacique y esta semana la atención estará concentrada en los Juegos Suramericanos. El intendente tiene siete meses para recuperar un sistema de transporte aceptable, lograr que se implemente la tarjeta Sube por parte de Nación (la ventaja es que esa decisión depende del rosarino Diego Giuliano), tapar baches y dar un salto de visibilidad en alguno de los proyectos urbanísticos.
Mientras tanto, los primos radicales preparan una puesta en escena importante para la asunción de autoridades partidarias. Marca la salida de la presidencia del ex vicegobernador Carlos Fascendini y la llegada de Felipe Michlig, uno de los líderes del proyecto de poder más consolidado que tiene la provincia de Santa Fe en vistas a 2023 que es el UCR Evolución y que va a postular a Maximiliano Pullaro para la Gobernación, sustentado en una potente estructura territorial de jefes comunales, diputados y senadores provinciales.
El sector tendrá 14 de los 19 delegados en la conducción partidaria y 33 de los 60 convencionales, aunque este organismo estará presidido por un representante de Cambiemos con Ganas. La asunción de autoridades convocó a referentes de otros partidos amigos y dirigentes nacionales, buscando la composición de una foto que es la que la UCR santafesina quisiera ver para las elecciones a gobernador del año próximo.
