Primer fin de semana de entendimiento con el FMI. Todavía no se siente diferente, pero hay una realidad: la Argentina ya no puede andar a campo traviesa porque ahora tiene una senda que recorrer. ¿Podrá hacerlo? Sobre este punto giran las especulaciones, opiniones y sensaciones que recorrieron a la dirigencia política, economistas, gente de a pie en estas primeras 48 horas.
Años atrás, los anuncios tras los entendimientos con el FMI generaban otras sensaciones, casi un llamado a la “economía de guerra”, para usar un mal recuerdo de la era alfonsinista. En ese sentido, con tres o cuatro décadas de por medio, el éxito esencial del gobierno pareciera ser que logró correr los ejes de la negociación de lo que era el mapa preestablecido de ajuste ortodoxo. El bucólico paisaje de Olivos que usó el presidente, el impertérrito jefe de Gabinete y la cadencia académica del ministro Guzmán lo hicieron sonar como que no va a doler tanto. Qué no va a doler…
El gobierno blanqueó un entendimiento condicionado a bajar la emisión monetaria, atacar la inflación, reducir déficit. Es lo que toda economía necesita… según el contexto. Por ejemplo: el déficit cero enunciado como objetivo político es inútil e ineficiente; pero el equilibrio fiscal, con un ojo puesto en los números y el otro en la calle, es otra cosa.
¿Serán las obligaciones asumidas con el FMI las que permitan acomodar la macroeconomía argentina? Es finito, muy finito el sendero por el que deberá transitar el presidente y su gobierno en adelante. A los detractores, a los que siguieron de largo porque no entendieron que el no arreglo era un amague, les quedó gusto amargo. Pero detalle más o menos, el entendimiento fue el posible. Cuestión de relaciones de fuerza, como dijo Guzmán. Suponer que a Alberto Fernández le gusta que cada tres meses venga alguien, llámese FMI o de otro modo, a mirarle los papeles y a decirle si puede o no emitir, si puede gastar o tiene meter freno, es un sinsentido. Más cuando la deuda la tomó otro. Pero es lo que tocó. Siempre se gobierna en las circunstancias que tocan.
A ciencia cierta nadie sabe si la Argentina podrá cumplir en estos dos años y medio para que luego le refinancien el resto de los 44.500 millones de dólares que tomó Macri. Dependerá mucho de consensos internos que permitan poner los caballos delante del carro: la Argentina no puede sostener inflación de 50%, emisión monetaria del 3,7% del PBI, descontrol cambiario, descontrol de precios. Ninguno de los problemas se va a resolver si no se empiezan por acomodar algunas cuestiones básicas, pero se insiste: el sendero es muy finito y será próspero en tensiones que necesariamente se instalarán dentro del gobierno, entre el ala dura y el ala “friendly market”, como la llamó un economista santafesino. Imposible ignorar el riesgo de que los objetivos económicos sean disfuncionales con los objetivos políticos en el trayecto final del mandato.
Subsidio bobo y tarifas dispares
Un aspecto poco explicado y hasta con algún ruido entre lo dicho por el gobierno y el comunicado del FMI es el de los subsidios de servicios públicos. “Todo sigue igual”, respondió el ministro Guzmán cuando el periodista de Clarín le hizo la última y más incómoda de la conferencia de prensa, no por la pregunta, sino por el tema. Guzmán dio una respuesta que no tiene lógica, pero tiene explicación.
Sería ilógico que todo siga igual y no se encuentre un punto intermedio entre la eliminación brutal que intentó Mauricio Macri y el subsidio bobo. Lo que existe hoy no es racional, justo, ni socialmente sostenible. En las calles de Rosario, Córdoba o Bariloche circulan menos colectivos por falta de subsidios, pero un pasaje de tren de larga distancia cuesta 300 pesos y las facturas de luz y agua del AMBA son irrisorias. No en la villa 1.11.14, sino en Palermo, Belgrano, Nordelta y los countrys del conurbano. El déficit del costo operativo de Aguas Santafesinas los sostiene el presupuesto de Santa Fe. El de CABA y Buenos Aires lo paga todo el país. Aysa pidió un aumento de 32% en dos etapas; en Santa Fe ASSA pidió sólo 40 en enero y 20 a mitad de año. Con ese aumento, Aysa recibirá del Estado nacional 124.000 millones en 2022.
Estas cuestiones explican por qué el kirchnerismo “duro” impuso al ministro de economía un aumento de un dígito como máximo en tarifas con una inflación del 50% anual y dos años de congelamiento. O por qué se dio marcha atrás con el traspaso a provincia de Buenos Aires y CABA de sus prestadoras de servicios públicos.
Todo esto explica que la pregunta sobre subsidios y tarifas haya sido la única en la que el ministro no dio explicaciones ni ahondó. Guzmán sabe que no puede meterse ahí, porque es meterse con la base de sustentación de Cristina, y en definitiva la de un gobierno que ya asumió riesgos con respecto a sus chances electorales de 2023 al comprometer con el FMI fuertes caídas en el financiamiento del BCRA y el déficit fiscal.
FMI, capítulo provincial
De lo que casi no se habló en relación al entendimiento con el FMI es de cuánto y cómo van a incidir esos compromisos en los gobiernos provinciales. Un conocedor del funcionamiento del sector público, apunta que la masa de transferencias discrecionales, onda Aportes del Tesoro Nacional, pintan para ser carne de cañón.
Es que la Argentina transita hoy la paradoja de un Estado federal deficitario y con problemas de financiamiento y Estados subnacionales en su mayoría superavitarios, sobrefinanciados en algunos casos y con ahorros en bancos.
Santa Fe es el caso. En 2021 tomó deuda por las dudas, que no necesitaba, pero la tomó igual porque tenía la posibilidad, tenía la autorización, no sabía si conseguiría nuevos permisos en el presupuesto 2022 y, con razón, dudaba de las condiciones de acceso al mercado de crédito en febrero. A horas del entendimiento con el FMI parece fácil de predecir, pero no lo era en noviembre.
Ahora el panorama financiero empezó a despejar, el problema es conseguir que en febrero la Legislatura apruebe el presupuesto provincial 2022. En realidad el gobierno recondujo el del año pasado sin problemas para la gestión a excepción del permiso para tomar deuda. La oposición sabe que Perotti puede inventar la Billetera Santa Fe, sacar y poner obras, cambiar partidas, usufructuar excedentes de recaudación, pero lo que no puede hacer es tomar deuda.
Si no consigue el aval de las cámaras estaría obligado a “quemar” en 2022 el colchón de dinero que hizo en 2020 y 2021 y llegar a final de año con escaso resto para el último y decisivo año de su gestión.
Con esa carta en la manga, diputados radicales, socialistas y el PRO salen a la cancha con la misma exigencia de diciembre: “Cumplan los compromisos del Presupuesto 2021 con los intendentes y presidentes comunales, en especial los de la oposición, y estamos en condiciones de avanzar con el Presupuesto 2022”, avisó el diputado Maximiliano Pullaro en relación a fondos de Plan Incluir, Covid y Obras Menores, entre otros. Los intendentes de Santa Fe y Rosario también esperan respuesta a sus planteos por fondos para obras.
Un miembro del gabinete provincial dijo que hay optimismo en cuanto a la aprobación porque “lo que faltó acordar no es nada de fondo que sea un problema para el gobierno”. La pregunta es ¿por qué entonces no se acordó en diciembre? Para dar esa respuesta falta conocer qué decisiones tomará el gobernador, cada vez más presionado dentro del Frente de Todos para abrir el diálogo, hacia adentro y hacia afuera.
En este sentido, en el oficialismo crece el debate interno. El reloj consumiendo el mandato y no aparecen señales desde el núcleo duro del gobierno. La salida forzada esta semana de los últimos funcionarios de La Corriente, el espacio que lidera Agustín Rossi, muestra qué tan lejos llega la onda expansiva de la interna disputada en septiembre.
Esas expulsiones del gobierno parecen obedecer a un intento por desterrar al rossismo por un lado y acercarse a quienes fueron sus socios en las Paso por el otro. El acuerdo con los senadores peronistas para sacar adelante el Presupuesto y la vigencia de acuerdos con el Movimiento Evita, parecen ir en ese sentido.
Fotos
El próximo martes está prevista la audiencia para que se autorice a la fiscalía a extender la reserva del legajo de investigación sobre presunto espionaje ilegal en la órbita del Ministerio de Seguridad. Si el juez accede, los fiscales tendrán más tiempo y se alarga el suspenso sobre las pruebas reunidas en un caso que es explosivo en términos judiciales y políticos.
Hubo en la semana tres fotos políticas que dicen más de lo que muestran. La primera es la del gobernador Omar Perotti con el presidente para la firma de los avales que permiten a Santa Fe tomar 100 millones de dólares de un organismo multilateral para financiar un plan de conectividad territorial, entre otras cosas. Un paso más, no el último, para la llegada de esos fondos que vienen a sostener un proyecto que no estaba en su plataforma electoral y le ofrecieron ya estando en el gobierno, y ahora es la marca que pretende que deje su gestión.
La segunda foto es la Maximiliano Pullaro con el ex canciller de Macri Jorge Faurie (PRO). El jefe de la bancada de diputados radicales sabe que las definiciones sobre un potencial acuerdo entre los partidos del Frente Progresista y Juntos por el Cambio, de darse, será mucho más adelante, pero en el mientras tanto la idea de hacer el frente de frentes será el motor político del espacio durante 2022. Esa es la razón por la que se lo ve y escucha más acelerado que al resto.
Otros sectores de la UCR hablan de priorizar acuerdos en torno a un programa antes de hablar de una alianza electoral. Pablo Javkin pide una construcción con identidad política propia, recortada de los tironeos nacionales de Juntos por el Cambio. Y el socialismo no muestra ningún apuro, más bien apuesta a consolidar lo propio y, fiel a su identidad, anteponer un programa a la juntada.
Hablando de socialistas, la tercera foto es la visita del ex gobernador Antonio Bonfatti y su ex ministro de Gobierno Rubén Galassi al fiscal general Baclini. El motivo fue el aniversario de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal reformado de Santa Fe el 10 de febrero de 2014.
Es la reforma institucional más grande en Santa Fe en muchas décadas. Desde la aprobación de la primera ley de reforma del Código Procesal Penal hasta su entrada en vigencia, pasaron 8 años. A eso habría que agregarle los 15 años previos de resistencias y trabas al cambio.
