¿Puede cualquier institución argentina funcionar con el mismo presupuesto de enero de 2023 cuando desde entonces la inflación llegó al 270 por ciento? La respuesta que dan las universidades nacionales es que definitivamente no. Por eso, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) preparan una serie de acciones para visibilizar la problemática y forzar una respuesta que hasta ahora no encuentran en la gestión libertaria, obsesionada con el déficit cero aunque eso condene al país a la recesión económica y al atraso cultural.
El 8 de abril los rectores irán al Congreso para entregar a los presidentes de bloque una carta que pide que se traten los proyectos de actualización presupuestaria para las casas de altos estudios. Si esto no ocurre, advierten, irán a la Justicia, pues entienden que la Ley es clara en cuanto a la responsabilidad que tiene el Estado nacional en el sostenimiento de las universidades públicas.
Al día siguiente, el 9 de abril, se realizará el plenario del CIN y allí se definirá la realización de una marcha nacional por la educación. La idea es que se realice antes de la firma del Pacto de Mayo, la convocatoria que el presidente Javier Milei hizo a los gobernadores para el 25 de ese mes en Córdoba. Los diez puntos propuestos por el gobierno nacional no incluyen ni una línea sobre educación.
Justamente, la educación, sostiene el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Franco Bartolacci, es la llave del desarrollo que necesita la Argentina para salir de una situación en la que seis de cada diez habitantes está por debajo de la línea de la pobreza. El acceso a ella, dice, “es lo que le permite a una persona ser libre y desde esa libertad personal aportar al desarrollo y la libertad de la sociedad en su conjunto”.
Históricamente, ha sido la educación pública la que ha cumplido ese rol en la Argentina. Si alguna vez el país tuvo movilidad social ascendente fue porque todos los ciudadanos, más allá de su origen, tuvieron su lugar en la escuela. La universidad gratuita, aunque nunca llegó a absolutamente todos los estamentos sociales como la escuela, dio la posibilidad de convertirse en profesionales a decenas de miles de personas que de otra manera jamás hubieran llegado a serlo porque eso hubiera quedado reservado solo a una elite muy limitada.
“Viva la libertad carajo” es una frase vacía si viene acompañada de un ataque sistemático –con motosierra, licuadora y prejuicios ideológicos– a las instituciones que, como dice Bartolacci, permiten a una persona ser verdaderamente libre.
Milei lo hizo una vez más este martes cuando, al cerrar un foro empresario, acusó a la educación pública de “lavarle el cerebro a la gente” porque en algunas carreras se lee a Karl Marx. Omitió el presidente que esas currículas incluyen a muchos otros autores, como Emile Durkheim y Max Weber, por nombrar a otros intelectuales fundantes de la sociología y con planteos y enfoques muy diferentes a la del, según Milei, “barbudo empobrecedor”.
La libertad se trata también de la posibilidad de acceder a todas las miradas y, en todo caso, elegir.
El jefe de Estado pronunció aquella frase en respuesta a un video que la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundió en los últimos días para defender la educación pública. El clip explica que los profesionales a los que cotidianamente accedemos para tratar enfermedades, construir una casa o recibir asesoramiento legal aprendieron aquello en la universidad pública. Justamente en la facultad de Derecho de esa casa de estudios, a la que el presidente acusa de ser un centro de adoctrinamiento, se graduó la vicepresidenta Victoria Villarruel. Y en la de Ciencias Económicas, Luis Caputo, el ejecutor del brutal ajuste de las cuentas públicas.
El argumento del primer mandatario se podría refutar, además, con un maniqueísmo similar al suyo: ¿las universidades privadas, por las que pasaron él y Sandra Petovello, son centros de adoctrinamiento de la derecha? Nadie dijo eso.
El mensaje final del video de la UBA es un pedido: “Cuidemos lo que funciona”.
Lo que funciona, por supuesto, puede mejorarse. Incluso se puede discutir si realmente funciona. Pero la apuesta a destruir en lugar de corregir y cambiar ya dejó lecciones claras en la historia contemporánea: lo que se rompe en un día después puede llevar años reconstruirlo.
Por eso enciende todas las alarmas la posibilidad de que el presidente Milei, quien claramente puso a las universidades en su lista de enemigos, actúe en modo Coronel Kurtz en la película Apocalipsis Now. “Arrojen la bomba”, son las tres palabras finales del personaje que encarna Marlon Brando.
La licuadora
Visto desde los números, la cuestión es tan acuciante que varios rectores han señalado en las últimas semanas que si no se actualizan las partidas deberán cerrar las facultades antes de mitad de año.
Bartolacci, titular de la UNR, prefiere no entrar en esos pronósticos catastróficos, pero sí advierte que la situación es crítica y que no ve voluntad de resolver el problema por parte del gobierno nacional. Por eso, es uno de los principales impulsores del pedido al Congreso para que vote una actualización presupuestaria y también de la realización de una gran marcha de defensa de la educación pública.
Las cuentas son claras: como el gobierno nacional recondujo el presupuesto 2023, la cuota de funcionamiento –los recursos que se destinan a todo lo que no sean los salarios– que las casas de estudio reciben por mes fue hasta febrero equivalente a la de enero del año pasado, que en realidad se fijó en octubre de 2022 (cuando se votó el presupuesto 2023). Pero la inflación desde entonces fue de alrededor del 270 por ciento. En el caso de la UNR, esa cuota fue de 283 millones de pesos.
“Esos 283 millones el año pasado aguantaban bien, pero hoy alcanzan a cubrir un 30 por ciento de lo que se necesita”, sostiene Bartolacci. La cuota de funcionamiento es para el mantenimiento de los edificios, obras que se hacen con presupuesto propio, como las actuales en la facultad de Derecho; para sostener becas, comedores, residencias y proyectos de investigación, y pagar los servicios públicos. Para tomar dimensión: la boleta de la EPE que pagó la UNR en el bimestre enero-febrero de 2023 fue de 50.507.624 de pesos; la del mismo período de 2023, de 128.640.719. El presupuesto, el mismo.
En marzo, cuya cuota llegó el viernes de la semana pasada, hubo un incremento del 70 por ciento en la cuota de funcionamiento, es decir que se sumaron 200 millones de pesos más. “Algo es mejor que nada, pero un contexto de 270 por ciento de inflación cubre una parte menor (cerca de un cuarto del IPC) y siguen planteándose las mismas dificultades”, explica el rector.
Pero además, las autoridades nacionales no dan certeza de que esa partida extra se vaya a sostener, con lo cual tampoco es posible planificar. “Como sea, el presupuesto ya se ha licuado exponencialmente”, enfatiza.
Plata y algo más
El mantra oficial “no hay plata” pega por todos lados a las universidades.
En lo salarial, la paritaria está trabada. El Gobierno dio un aumento unilateral, es decir, sin conformidad gremial, del 16 por ciento a febrero, con lo cual la posibilidad de nuevos paros está a la vuelta de la esquina. Además, la caída del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) afecta a los profesores de las escuelas dependientes de las casas de estudio.
Lo mismo pasa con el desfinanciamiento del Conicet, ya que buena parte de los becarios y de los investigadores trabajan en las distintas facultades. “Los equipos son compartidos”, sostiene Bartolacci.
En el caso de las obras, la caída del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria parece ser, más que de fondos, un problema de gestión y de decisión política. Este plan dependía del ministerio de Infraestructura, que cuando renunció Guillermo Ferraro fue disuelto y absorbido por Economía. Los recursos del mismo no provenían del Tesoro nacional sino de fondos CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y si no se ejecutan se pierden. Los rectores pedalean en el aire con este tema. “No hay interlocutor”, dicen.
La UNR tenía dentro de este programa tres obras en ejecución y dos por iniciarse. Ya estaban en marcha el edificio nuevo de Veterinarias en Casilda, un aulario del área Salud y el Anexo de Odontología. Esta última obra tiene un avance del 93 por ciento. “Es una pena que no se pueda terminar”, lamentó Bartolacci.
Aprobadas para iniciarse estaban un aulario en el centro de Rosario (Rioja y Corrientes) y la ampliación del edificio de La Siberia en Ingeniería.
Prioridades
¿Cómo seguir en este marco? Aunque la decisión es reclamar los recursos que entienden que les corresponden, en las universidades la motosierra también toma cuerpo. En algunos casos se dejaron de alquilar oficinas, se piden aportes a municipalidades y a privados o se pusieron topes a la inscripción de materias.
En la UNR, por caso, se lanzará un bono para el sostenimiento del Espacio Cultural Universitario (ECU), ubicado en el edificio histórico del Banco Nación de San Martín entre Córdoba y Santa Fe.
Pero Bartolacci aclaró que la oferta académica se va a mantener e incluso aumentar. Entre las prioridades, menciona además las becas, las residencias y los comedores, fundamentales para, en el actual marco de crisis, intentar poner un dique a posibles situaciones de deserción.
Por lo pronto, la matrícula 2024 creció un 25 por ciento con respecto a 2023 por las nuevas carreras. Pero el riesgo está, pues recién comienzan las clases. En total, en las carreras de grado y posgrado, la UNR tiene cerca de 110 mil estudiantes.
En tanto, en las escuelas que dependen de ellas, son cerca de 6 mil los alumnos regulares. Además de las tradicionales, el Polítécnico y el Superior, la UNR abrió cuatro nuevas secundarias: la escuela en Ciencias Sociales y Humanísticas de Rosario que abrió este año, la Agrotécnica de Casilda, el Polo Educativo Puerto General San Martín, y el Polo Educativo General Lagos. En estos dos últimos casos el financiamiento de los proyectos son compartidos con los municipios.
Universidad e inclusión
Hay otros tres proyectos que las autoridades de la UNR consideran fundamental sostener: la Universidad Abierta para Adultos Mayores, la Escuela de Oficios y el Secundario Virtual.
El espacio de Adultos Mayores contiene a cerca de 5 mil alumnos que realizan más de 100 cursos en Rosario y en otras cinco localidades de la región: San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Carcarañá, Cañada de Gómez y Totoras.
La Escuela de Oficios tiene como objetivo, según explica la página web de la UNR, “brindar herramientas de formación socio-laboral a partir de ciclos cortos de capacitación que generen habilidades y destrezas para la inserción laboral en las más diversas áreas, independientemente del nivel de escolaridad alcanzado por las personas que se inscriban”. El Secundario Virtual, en tanto, es una propuesta pedagógica de nivel medio destinada a personas con trayectorias interrumpidas. Este proyecto hoy tiene alrededor de 400 alumnos y hay un acuerdo con la Provincia para ampliarlo, llevándolo a 25 comunas.
Estas iniciativas formarán parte de los Puntos UNR que se abrirán en los centros de distrito de Rosario.
Desde los fríos números del Excel que manejan los funcionarios nacionales podría discutirse el por qué de estos proyectos. Desde la acuciante realidad de Rosario no queda más que celebrar que su universidad pública se involucre en políticas de inclusión social que son fundamentales para pensar más allá del corto plazo en cómo afrontar la problemática de la violencia y la inseguridad. Si hasta la ministra Patricia Bullrich admite que la cuestión no es solo policial y que hay que trabajar en los barrios para que “la única salida para los jóvenes no sea el narcotráfico”.
