El gobierno provincial resolvió volver a las clases presenciales en los niveles primario e inicial en el peor momento de la segunda ola, una medida que expresa la voluntad del gobernador Omar Perotti y del intendente Pablo Javkin pero que no era recomendada ni por Nación, ni por los datos epidemiológicos. Ni por los responsables de las áreas de salud.
Para conseguir ese propósito, el gobernador concedió a las áreas de salud los cierres de otras actividades que permanecían abiertas a pesar de carecer de personal vacunado, burbujas y cumplimiento de protocolos, lo que significaba una franca contradicción.
Hacía unas cuantas semanas que la ministra Sonia Martorano expresaba su descontento por el funcionamiento de canchas de fútbol 5, gimnasios y cultos religiosos en lugares cerrados, entre otros. Ella y otros funcionarios de distintos niveles sentían que no eran debidamente escuchados. En ese sentido, las medidas anunciadas corrigen parte de esas distorsiones.
Las áreas de salud que están en la trinchera sienten hace un tiempo que las necesidades de la política comenzaron a disociarse de la realidad que se vive en hospitales y sanatorios. Padres con más capacidad de hacerse oír que de convocatoria marcaron la agenda, en una semana donde al menos dos santafesinos murieron sin conseguir la cama crítica que necesitaban y otros terminaron internados en la otra punta de la provincia después de haber golpeado las puertas de todos los hospitales a lo largo de 450 kilómetros.
Gobernador y ministra estuvieron el viernes hasta después de las 22 analizando datos y acordando detalles de lo que se “sacrificaría” para volver a clases presenciales. Entre los sacrificados cayeron los gimnasios. A la tarde, un funcionario del Ministerio de Producción le había comunicado al sector que no los cerrarían; el sábado a la mañana se enteraron que desde hoy y por dos semanas no podrán abrir.
Aplacado el reclamo por la presencialidad escolar, ahora la presión se traslada a sectores económicos cerrados. La hotelería está en un panorama más que crítico. La gastronomía de Rosario dice tener la palabra del intendente, acordada con el gobernador, de que el viernes (vence el decreto que les bajó el horario a las 20) que viene vuelve a trabajar hasta las 22 con ingreso de público y cierre a las 23.
Respiradores, amparo y demagogia
En torno a las clases hay un trasfondo político que enturbia las cosas. Poco ayudan los dirigentes de Juntos por el Cambio sacándose fotos en los tribunales y pidiendo a los jueces que abran las escuelas. Ningún magistrado, como lo dijo la Corte nacional y lo ratificó la jueza civil y comercial Susana Gueiler, está en condiciones de definir si clases presenciales sí o no en medio de la emergencia. No es tarea de la Justicia.
Esta segunda ola de contagios trajo algo de espuma demagógica. Gobernantes demasiado pendientes de los que gritan fuerte, o diciendo lo que se quiere escuchar; y Juntos por el Cambio jugando a replicar en la provincia la batalla que en Ciudad de Buenos Aires le ganó al gobierno nacional.
La incorporación de una treintena de respiradores de Nación es una buena noticia, pero así como alivia también deja en orsay a los principales referentes de la salud pública, privada y gremial que, en razón de llamar a la responsabilidad ciudadana, machacaban hasta el cansancio sobre la imposibilidad de seguir ampliando una infraestructura que fue duplicada desde el inicio de la pandemia y atendida por personal sobrecargado y estirado como chicle.
Los respiradores vinieron para legitimar la voluntad política de volver a las clases presenciales en los departamentos Rosario y San Lorenzo. El gobernador lo expresó en los anuncios: “De esta manera (por los 33 respiradores/camas críticas), uno de los indicadores pudo mejorarse”.
Fue el gobernador el que también metió la pata al hablar de recuperar clases los fines de semana o feriados. "Que lea la resolución del Consejo Federal de Educación de la que participa su ministra: la virtualidad no implica perder clases, los contenidos se dan igual, no hay nada que recuperar", retrucó la titular de Ctera Sonia Alesso, quien describió "la polémica sobre presencialidad sí o no” como “insólita y sobredimensionada, pero hay un sector de padres que ejerce presión mediática y hay gobiernos que son muy vulnerables a esa presión".
Es un buen punto el que plantea Alesso. ¿Está sobredimensionado? ¿Se justifica que las clases presenciales hayan sido el tema que ordenó la agenda política de los gobiernos provincial y municipal en la semana más crítica para el sistema de salud desde marzo de 2020? Se apuntan aquí cuatro disparadores para que las cosas hayan sido así, aunque también puede haber sido la suma de todos: la convicción personal de los mandatarios de que es primordial mantener clases presenciales; la presión mediática que señaló Alesso; la necesidad de no cederle a Juntos por el Cambio la chance de hacer de la presencialidad una causa propia; y el interés del gobernador en mostrar que no desperdició vacunas en docentes que después no están frente a los alumnos.
Hablando de la campaña de vacunación, esta semana se llegó al 50% de la población objetivo inicial. 600 mil dosis colocadas. La aplicación de vacunas en relación a las partidas recibidas está por encima del 90%.
La paz y la guerra
Duró poco el clima de mínima cordialidad que se vivió en la Legislatura el 1° de mayo con la presencia del gobernador y su llamado a dialogar y consensuar. Parece que apenas Perotti se fue, se reanudaron las hostilidades entre Poder Ejecutivo y senadores. Si hay que guiarse por la sesión del último jueves, pareciera que el 1° de mayo nunca existió.
Senadores peronistas y fundamentalmente radicales hicieron catarsis sobre lo que algunos llamaron destrato y otros ninguneo por parte del gobierno. El senador Enrico (General López) dijo que el gobierno “está sembrando una especie de odio en todos lados”, y contó que no fue invitado al acto de inicio de las obras de la autovía de la ruta nacional 33, una obra emblemática para ese departamento.
Giacomino (Constitución) reveló que el administrador de Vialidad Provincial le bloqueó el teléfono después de que discutieran por el estado de la ruta 90 (hubo una denuncia penal por su mal estado) y el senador le enviara 2.500!! archivos fotográficos para demostrarle el estado de la calzada.
Michlig (San Cristóbal) contó que en su departamento le bloquean la articulación público-privada entre hospitales y sanatorios como se da en el resto, rescató la predisposición de la ministra Martorano aunque dijo que los funcionarios de segunda y tercera línea hacen lo que quieren, articulan con concejales del PJ e ignoran a los intendentes radicales y que la situación institucional que se vive no se dio ni en los tiempos de Reviglio y Vernet.
El justicialista Gramajo (9 de Julio) contó que “lanzan un programa de seguridad para el departamento y no invitan al senador”. Y su compañero de bloque Baucero (San Javier) llamó “a los que están en la adulación y el halago de las cosas inútiles, a que asuman las responsabilidades políticas que les corresponden, que atiendan el teléfono, que abran sus despachos y hagan honor a la voluntad expresada por el gobernador de tomar las decisiones que haya que tomar buscando el diálogo y el consenso”, en referencia al discurso del 1° de mayo. Todos hicieron mención a la desactivación de los Comités de Emergencia Departamentales que dejaron de funcionar a fin de año y que coordinaban las acciones y necesidades de la pandemia.
Más de un funcionario se debe haber regocijado al escuchar las quejas de los senadores y pensado que les está dando resultado la estrategia de aislarlos, de no hacerlos partícipes del vínculo con intendentes, presidentes comunales y el resto de las representaciones sociales y económicas de sus departamentos. Perotti dio la orden de actuar así en represalia por las duras actitudes y leyes del Senado. Ahora es cuestión de ver qué ocurre las próximas semanas, si hay un cese de hostilidades o si el discurso del 1° de mayo fue un espejismo y el conflicto político sigue escalando.
En la Cámara de Diputados el clima es diferente. La congoja por el estado de salud del presidente Miguel Lifschitz retrasa la renovación de autoridades. Si logra salir del estado crítico en el que se encuentra a causa del covid y las situaciones colaterales que siguieron, tendrá algunos meses de recuperación. La salida más firme que se baraja es la de elegir otro presidente del Frente Progresista con el compromiso de que renuncie si Lifschitz logra volver.
Es la salida más factible para no evitar que la Cámara quede aunque sea provisoriamente en manos del justicialismo (Lucila De Ponti es la vice primera) y al mismo tiempo ratificar la unidad del interbloque del Frente Progresista que “no estuvo nunca en duda más allá de los comentarios y operaciones”, aclaró una alta fuente de la UCR.
