Una mujer vinculada con una organización narcocriminal afincada en los barrios Ludueña y Empalme Graneros que este año estuvo detrás de varios hechos de sangre acordó, en un jucio abreviado, una pena condicional de tres años por ayudar a su pareja, uno de los cabecillas de la banda, a eludir la Justicia.
Magalí Florencia Coronel tiene 26 años y es pareja de Jonatan Ezequiel “Peco” Almada, “gerente” de la narcobanda encabezada por Mauro Gerez, Andy Benítez y Julián Aguirre, considerados por investigadores como una suerte de embajadores de Los Monos en el noroeste.
El grupo fue objeto de una masiva imputación a fines de agosto, donde se ventilaron causas de extorsiones, homicidios, balaceras y sangrientas disputas con el bando contrario, el grupo encabezado por Francisco “Fran” Riquelme, apadrinado por Esteban Alvarado.
Almada fue arrestado el 24 de agosto en la puerta del edificio de Entre Ríos al 1400 en el que se ocultaba. El departamento donde dormía era de alquiler temporal y lo había gestionado su pareja Magalí Coronel, dijo el fiscal Socca. Almada había logrado eludirse del megaoperativo de 57 allanamientos que sitió barrio Ludueña dos días antes de su detención.
“Es el gerente de la empresa criminal” que se encarga de distribuir la droga para la venta y tiene a su cargo la administración de la plata. Anota los montos que opera cada transa en un cuaderno de anotación y cuenta el dinero con máquinas de contar billetes. Además, debe custodiar los fondos de la banda, las armas y las municiones. También asigna a las personas que van a usurpar inmuebles con el objetivo de usarlos después como “aguantaderos” o búnkeres, definió el fiscal el rol de Almada, hijo de un policía retirado.
A Magalí Coronel le repocharon haber ayudado a su pareja a eludir la Justicia “entorpeciendo o dificultando la investigación, mediante el facilitamiento o el aporte de diversas lineas teléfónicas a su nombre que en realidad utilizaba Almada para el desarrollo de sus actividades ilícitas”.
También, consta en el acuerdo abreviado, gestionó el alquiler temporario de viviendas donde Almada pudo pernoctar a sabiendas de que pesaban requerimientos judiciales en su contra.
“Todo ello con el fin de asegurar el provecho económico de las actividades ilícitas desarrolladas de manera permanente por Almada que usted conocia”, acusó Socca.
El acuerdo suscrito entre el fiscal Socca y la defensora María Verónica León fue homologado este jueves por el juez Nicolás Vico Gimena y es de tres años de pena de ejecución condicional por el delito de encubrimiento.
Entre las reglas de conducta impuestas consta la “prohibición de contactarse, acercarse o comunicarse por cualquier medio con todas las víctimas y testigos de la causa, por sí o por interpósita persona, y por cualquier medio, personal, telefónico o por redes sociales”.
