El juez Gonzalo Fernández Bussy dictó este jueves prisión preventiva sin plazos para Marcelo “Frentudo” Fernández (42) en una causa por comercialización de drogas en los sectores más postergados de barrio Parque Casas y alrededores. El legajo penal fechó las actividades delictivas entre enero y fines de noviembre de 2024 y ofrece un pantallazo a un territorio atravesado por la venta de estupefacientes donde pululan “búhos” (pregoneros que alertan sobre la presencia de la policía a cambio de unos pesos), soldaditos apostados en las esquinas y transas como si la actividad fuera una bolsa de trabajo en tiempos de crisis económica.
En la causa también fue imputada la actual pareja Frentudo, de 21 años, quien está embarazada de siete meses. El celular de esta joven –S. R.– fue incautado en el techo de la vivienda de Marcelino Freyre al 2000, uno de los 38 puntos allanados por fuerzas federales el pasado 28 de noviembre a pedido de los fiscales Pablo Socca y Lisandro Artacho.
Según los acusadores, la joven intentó descartar el aparato, que en pocos días fue peritado y expuso chats de WhatsApp que se sumaron como evidencia de transacciones de drogas.
“Amor, dicen que hoy hay «agua». Ya saco todo y mando a guardar”, dice un mensaje de S. R. a Frentudo del pasado 19 de noviembre, jerga que da cuenta de sobre un inminente procedimiento policial, que ya fue documentada en otras causas por narcomenudeo.
Más allá de ese celular caliente, los resultados de los allanamientos del pasado 28 de noviembre fueron magros para la investigación. La Fiscalía sospecha que Frentudo accedió a previamente a información reservada sobre las medidas judiciales y llegó a descartar su teléfono. En otros domicilios, dijo el fiscal Socca, había personas que “llamativamente” no tenían celular y la cantidad de droga secuestrada fue escasa. Cinco días después, la Fiscalía volvió a allanar con personal de Policía Federal (PFA) y de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La versión sobre un “buche” de otra fuerza que habría aportado datos sensibles al investigado surge además en un chat del 26 de noviembre en el que el padre de S. R. le pide prestado 100 mil pesos para llegar a fin de mes.
“Recién el jueves te puedo dar. Acá no tenemos mucho. Los está haciendo laburar poco porque supuestamente van a allanar”, dice la respuesta de la hija que anticipó, 48 horas antes, la irrupción policial.
Socca y Artacho aportaron evidencias de contexto (decenas de detenciones en flagrancia de vendedores con pocas dosis); el análisis de un listado de llamados al 911, 0800 y otros canales de denuncias con nombres de vendedores de droga y lugares de operación. Algunas de esas presentaciones señalaban al Frentudo, que en su vivienda de Freyre al 2000 posee un cartel de minimarket 24 horas, pero está desprovisto de mercadería: solo hay alacenas, estanterías y heladeras vacías.
“El minimarket servía de pantalla para justificar por qué iban tantas personas a comprar algo”, dijo el fiscal Socca al enumerar las evidencias contra Fernández y su pareja.
Frentudo hizo uso de la palabra: “El quiosco nunca funcionó porque no tenía plata para comprar la mercadería y la casa no estaba terminaba”. Se dijo enemigo de las armas y mencionó a una mujer que purga una condena por narcotráfico como su enemiga y posible interesada en su detención. “Yo eché a la gente de ella del barrio; rompí un búnker con una maza de voleo”. Y como si fuera una suerte de caudillo, también se arrogó haber echado a otros transeros que operaban en el pasaje Leonardo Favio –ex 1357– por la violencia que genera la actividad.
“¿Usted tiene connivencia con policías?”, le preguntó el fiscal Artacho. A lo que Frentudo respondió: “Jamás, a mí la policía me mató a mi hermano”, refiriéndose a Alexis Berti, asesinado por la espalda en 2017.
Y les dijo a los fiscales: “Todos se enteran en los barrios de los allanamientos, ustedes lo tienen más claro que nadie a la connivencia entre el narcotráfico y la fuerza”.
La Fiscalía sospecha que la detención de Frentudo no fue gratis. A los dos días del arresto, desconocidos arrojaron una molotov en el ingreso de la parroquia Natividad del Señor y dejaron un afiche que decía “suelten al Frentudo” firmado por “la mafia”.
Lo insólito de la pancarta es que mencionaba a varias personas: Axel, Milton, Iván, Claudio, Lauti y Franco, todos coincidentes con nombres de personas investigadas por narcomenudeo. Como Axel “Gordo” G., un primo del "Frentudo” que está prófugo en la misma causa. “Ellos son mis primos, pero yo no tengo relación”, dijo y deslizó que no cree que los firmantes “sean tan boludos de exponerse así”.
No está claro aún si el ataque incendiario a la sede de Niñez en cortada Ricardone y el neumático incendiado arrojado a uno de los portones de la base de PDI de los primeros días de diciembre estarían ligados a un descontento por la detención de Fernández o bien fueron operaciones de “falsa bandera” de enemigos.
A la audiencia también llegaron tres personas señaladas por operar como vendedores de droga al menudeo, aunque sin relación entre sí.
Daniel A. (20) fue imputado por tenencia con fines de comercialización, tras ser detenido con 70 gramos de marihuana en Superí al 1900. Según declaró, el cannabis era para consumo personal: “Soy consumidor, con amigos hicimos una colecta y yo fui a comprar a un búnker de Nuevo Alberdi”. El juez no le creyó.
Gastón S. (34) ya se encontraba investigado por administrar el grupo de WhatsApp “tamo activo” donde enviaba listas de difusión para ofrecer cocaína: “Gente, a partir de mañana estaremos llegando a zona centro, oeste, Pichincha, Arroyito, Baigorria, ya que disponemos de moto para llegar a ustedes donde sea, con la mejor calidad del condado”. El celular estaba a su nombre y fue incautado en Larrechea al 2400 junto con once papeles de cocaína. Además, sumó imputaciones por violencia de género y amenazas contra su ex.
La quinta imputada fue Sandra A. (45), a quien le atribuyeron regentear una boca de expendio en Castagnino y la vía junto con un tal “Culón”.
Pese a que la defensa tildó las evidencias de “abstractas” y “genéricas” el juez dictó prisión preventiva sin plazos para todos los imputados. En el caso de la joven embarazada, en la modalidad domiciliaria.
Por último, en el marco de la ley provincial de narcomenudeo la Fiscalía solicitó el “cese de estado antijurídico”, en este caso por medio del derribo, de dos viviendas precarias señaladas como búnkeres ubicadas en Superí al 1900, una cuadra donde se produjeron decenas de arrestos de soldaditos con droga y denuncias por venta callejera. Ambos domicilios se encontrarían sin ocupantes y uno no posee catastro oficial.
