La historia de la usurpación de una vivienda en barrio Ludueña a manos de un grupo criminal se ventiló este martes en una audiencia con cuatro imputados. La maniobra, que se desplegó luego del fallecimiento de la propietaria, se le atribuyó, en calidad de coautores, a dos hombres que están presos como cabecillas de una banda tributaria de los Monos; a una empleada del Pami jubilada –madre de uno de los hombres– y a la pareja del otro imputado, una joven que habría sido administradora del inmueble cuando ya había sido ocupado.
Este martes en el Centro de Justicia Penal (CJP) se llevó adelante una audiencia imputativa que tuvo como protagonistas al recluso Oscar “Nenu” Ramírez (32), a la madre de este, Gladys G. (61), a la quiosquera Sandra W. (26) y el novio de esta, el interno Andy Benítez (25). Los cuatro fueron acusados de usurpación en grado consumado y en carácter de coautores. Y Gladys, funcionaria jubilada del Pami, sumó un cargo por falsedad ideológica de instrumento público.
A partir de evidencia, el fiscal Socca sostuvo que Nenu Ramírez (32), junto con su madre, Gladys G. –hasta junio, funcionaria del Pami de la localidad cordobesa de La Cumbre–; el interno de la cárcel de Piñero Andy Fabián Benítez y la pareja de este, Sandra W. (26), usurparon la casa de Urquiza 6025 con el objeto de usufructuar la posesión ilegal del inmueble.
El plan, según el fiscal, comenzó el 20 de junio de 2021 cuando Nenu Ramírez, ya enterado que la dueña de la casa, Olga R., había fallecido en mayo, se propuso usupar la casa.
“Me voy a meter en una casa que murió la vieja y no tiene nadie. ¿Vos qué decís?”, le prepuso Nenu a su mamá en el invierno de 2021, según conversaciones que expuso la acusación.
La mujer le contestó: “Bueno, si tenes datos de la vieja pasámelos, que si es del Pami yo arreglo las cosas. Hago un comodato por una asistente social de Pami”.
“Como mucho me sacarán”, confió Nenu, que estaba al tanto de que había otras personas merodeando para tomar la casa y no quería que lo primereen.
“Últimamente, hay ocupas por todos lados –le dijo Gladys al Nenu–, pero quedate tranqui que busco lo que tiene la asistente social en La Cumbre, e imprimo una de esas hojas y completamos los datos tuyos”.
Para esta maniobra, aseguró Socca, el Nenu contó con el aporte esencial de su madre, que desde su oficina en La Cumbre accedió a la base de datos nacional y recabó, sin autorización, información sobre la fallecida, para luego insertar declaraciones falsas en un formulario de nota de prestación social (disposición 9123/2011 del Pami).
Al pie del documento, la empleada estatal puso una firma falsa de la difunta Olga para proporcionarle a su hijo un documento público que le permita justificar su presencia en la casa usurpada y su administración, agregó el fiscal, que presentó fotos de estos papeles.
Luego de tomar la casa, continuó la acusación, Nenu se la entregó Andy Benítez y a Sandra W. Esta mujer la ocupó en forma ilegal y comenzó a refaccionarla para luego alquilarla. Para el 14 de diciembre de 2022, señaló la Fiscalía, se constató la presencia de inquilinos.
La casa en cuestión está separada por una medianera del domicilio que alquiló durante 30 años la familia Almada, que –de acuerdo con la Fiscalía– está vinculada con la organización delictiva.
Según declaraciones, los Almada se vieron obligados a irse de esa casa en marzo del 2022 a partir de amenazas. En febrero de ese año mataron a Verónica, la hermana de uno de los imputados como cabecilla de la banda. Pero los tiros volvieron en enero pasado, cuando vaciaron un cargador sobre la casa, ya habitada por otros inquilinos que, según trascendidos, no estaban al tanto de la trama que acarreaba al domicilio.
La jueza Silvia Castelli tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dispuso la prisión preventiva en modalidad domiciliaria –con tobillera electrónica– por el plazo de ley, es decir, dos años hasta la realización de un juicio– para Gladys y Sandra W.
Nenu y Andy Benítez ya se encontraban en prisión, ya que están imputados como una suerte de gerentes de una organización criminal afincada en barrio Ludueña que, según la Fiscalía, tributa a la banda de los Monos y durante 2022 protagonizó una disputa sangrienta con otra gavilla conocida como la banda de “Fran” Riquelme.
Esto a partir de conexiones de sus integrantes (entre los que destacan Mauro Gerez, Jonatan “Peco” Almada y Julián Aguirre) con Matías “Pino” César, considerado el líder de la estructura. Pino César fue condenado en 2021 a la pena de 20 años de cárcel por haber planificado atentados contra edificios judiciales y domicilios de jueces y policías en nombre de los Monos.
