El condenado narco David Delfín Zacarías, apodado Rey de la cocaína, comenzó a ser juzgado la semana pasada junto con su pareja, sus hijos y otras personas por presunto lavado de activos por un monto aproximado de 600 millones de pesos, en el se incluyen unos 70 vehículos, más de 30 cocheras y 45 terrenos. El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal 1 de Rosario, integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Germán Sutter Schneider. En tanto, el fiscal del proceso oral es Federico Reynares Solari.
El 4 de abril pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo que condenó a Zacarías a 16 años de prisión por tráfico de drogas, al ser detenido en 2013 con 300 kilos de cocaína y 2 mil litros de precursores químicos, en una casaquinta de Funes. Esa sentencia también condenó a 14 años de prisión a Sandra Marín, esposa de Zacarías, y a los hijos de ambos, Flavia Leilén y Joel, a 7 años de cárcel.
En uno de los muchos allanamientos dispuestos en dicha causa –en un domicilio de Timbúes– se encontró al hermano de Zacarías, a quien se le secuestró una notebook, recordaron voceros del caso.
"Una vez peritada y analizada la información, se determinó que contenía datos de relevancia respecto de operaciones de compraventa de bienes inmuebles, que constituirían maniobras de lavado de activos de origen delictivo", dijo una fuente de la investigación.
De acuerdo con el expediente, entre los bienes que Zacarías poseía o tenía a nombre de familiares y empleados, como presuntos testaferros, se encuentran más de 70 automóviles, 32 cocheras en pleno microcentro de Rosario, más de 45 terrenos comercializados por la corporación Tierra de Sueños y un polideportivo que el condenado estaba construyendo en Granadero Baigorria, entre otros.
Zacarías era titular de una agencia de remises en la ciudad de Granadero Baigorria, y su defensa tratará de probar que los bienes en cuestión fueron adquiridos a través de esa actividad comercial.
En la etapa de instrucción de la causa, Zacarías declaró que "las cocheras, todas, son mías y por una cuestión de ser práctico le pedí a mi hermana y cuñado que hagan el trámite".
Se trata de 32 cocheras ubicadas sobre calle Mitre, en el centro de Rosario, registradas a nombre de su hermana y su cuñado.
"Me gustaría dejar claro que son mías las cocheras. Mi hermana y mi cuñado lo único que hicieron es hacer un trámite a pedido mío", abundó Zacarías.
Lo mismo declaró con relación al dinero en efectivo y en cuentas bancaria encontrados a su hija Flavia, también enjuiciada ahora por lavado.
"A mi hija yo le pedía que haga el trámite que sea y ella lo hacía por orden mía. Yo lo que menos tenía en cuenta que esto iba a ocasionar un problema", sostuvo, para añadir: "Lamentablemente, yo soy un papá chapado a la antigua, donde yo le ordenaba y ella tenía que cumplir".
“Nunca me pareció anormal tener una mini empresa familiar, no me parecía que estaba formando una banda trabajando al lado de mi mujer, hijo e hija, sino que era una empresa familiar como cualquier otra", dijo Zacarías, según consta en el requerimiento de elevación a juicio.
Según el perfil patrimonial de Zacarías que reveló la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el acusado estaba inscripto desde junio del 2011 en el rubro "Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer", en la categoría T1 categoría III, por ingresos hasta 15 mil pesos.
"A su vez, entre los años 2004 y 2014 no presentó declaraciones juradas, y estuvo inscripto hasta junio de 2011 en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)", señala la causa.
Su hija Flavia declaró que quería "dejar en claro que mi papá puso los bienes a nombre mío porque él tenía un problema con Afip en Fray Luis Beltrán o San Lorenzo, que no lo podía resolver por una deuda".
Al momento de la investigación, la joven se encontraba inscripta en Afip en el rubro "Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales" desde septiembre de 2009) y de "Transporte automotor de cargas NCP" desde mayo de 2011.
"Resulta llamativo la cantidad de bienes a nombre de la imputada, el dinero en efectivo secuestrado en ocasión del allanamiento efectuado en su domicilio, en donde se secuestró $ 55.700, U$S 3.500 y EUR 1.000, demasiados bienes para una joven de tan sólo 25 años al momento de su detención", sostiene la acusación.
Tras la audiencia celebrada el viernes, el tribunal dispuso que el próximo encuentro se realice el 9 de agosto, indicaron fuentes judiciales.
