La Justicia federal ratificó la prisión preventiva de los agentes de la Policía de Acción Táctica que están imputados de haber robado entre 12 y 15 kilos de cocaína, 50 mil dólares y armas en un operativo ilegal que se realizó en agosto pasado en barrio Belgrano, en el marco de una causa judicial encabezada por el juez federal Carlos Vera Barros. La resolución de la Cámara de Apelaciones tuvo lugar este jueves como consecuencia de la apelación de tres de los uniformados.
La revisión de medida cautelar –por el plazo de 90 días– se hizo por pedido de las defensas de los acusados Fernando Ferreira, Iván Schneider y Sergio Robledo. Luego del debate, que incluyó un cuarto intermedio, los jueces Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Isabel Vidal denegaron la solicitud.
Los otros coimputados Gerardo Pérez, Jesús Balais, Guillermo Toledo, Renzo Michelud y Agustín Martínez no habían recurrido la prisión preventiva, por lo que siguen tras las rejas después de la atribución que el pasado viernes hizo el fiscal federal Javier Arzubi Calvo y los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa. Salvo Martínez, a quien le dieron 30 días de cárcel, el resto tiene arresto por 90 días.
A los agentes son del tercio “Alfa” de la Policía de Acción Táctica los acusaron por los delitos de violación de domicilio, robo agravado, falsificación ideológica, asociación ilícita y encubrimiento.
La imputación señala que a las 16.30 del 13 de agosto pasado, seis suboficiales fueron a un domicilio de Forest y Agneta. Aunque el Ministerio Público Fiscal no arriesga una hipótesis de cómo el grupo de uniformados obtuvo información para “marcar” ese domicilio donde se cometieron los delitos, una versión apunta al “apriete” de un detenido en un procedimiento anterior.
De acuerdo a la teoría del caso, los uniformados entraron a la propiedad, redujeron a los tres adultos presentes, esposaron a los dos varones y encerraron en un dormitorio a la mujer con sus dos niños –de 1 y 8 años–. Bajo amenazas, violencia y sin testigos realizaron una requisa a fondo inmueble y de los autos de los varones (ambos de nacionalidad boliviana) en búsqueda de droga y de dinero. Todo fue, para los fiscales, bajo las instrucciones de Renzo Michelud, que llegó a la escena junto con Agustín Martínez.
El grupo de policías recién notificó a la unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación a las 18.36, después de haber estado más de dos horas en el interior del inmueble.
“En dicha comunicación y a los fines de justificar la presencia policial en el interior de la vivienda, el oficial Renzo Michelud puso en conocimiento un horario de ingreso, las razones por las cuales estaban allí los patrulleros y el motivo de ingreso absolutamente falso”, dijo el Ministerio Público Fiscal ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros.
El pretexto del oficial no fue otra cosa que la típica alegación de un posible delito en flagrancia. El acta refirió tareas de patrullaje, el episodio de persecución policial a “dos masculinos”, la rauda huida desde la vereda hacia la vivienda, el ingreso policial, la aprehensión y el hallazgo arriba de la mesa de todos los elementos que formalmente quedaron secuestrados.
La misma versión fue luego documentada en el acta que suscribieron los seis suboficiales. Esta versaba sobre el hallazgo de una balanza, cuatro armas (viejas escopetas y carabinas), medio kilo de cocaína, cuatro teléfonos (dos destruidos al momento de la aparición policial) y tres granadas de gas lacrimógeno. También consignaron que no había cámaras en las cercanías del lugar.
La teoría de los fiscales federales, a partir de indicios y testimonios, es que los policías robaron mercadería ilícita valiosa, a saber: entre 12 y 15 kilos de cocaína en ladrillos, armas (una escopeta y un fusil, cuchillos), 50 mil dólares, 285 mil pesos, ropa y celulares nuevos y usados.
Todos los elementos habrían sido trasladados en los mismos móviles en los que realizaron el traslado de los detenidos. Los fiscales citaron evidencias que van desde el recorrido del GPS de los móviles, la declaración de los damnificados en el procedimiento, la orden del servicio que indica que los uniformados estaban fuera del cuadrante que les habían asignado, entre otros elementos.
Según ya publicó Rosario3, los tres detenidos en ese procedimiento de barrio Belgrano fueron llevados a audiencia imputativa el 15 de agosto pasado. Diego I. (41); José Luis L. C. (24) y Perla R. F. (33), oriunda de Perú, comparecieron ante el juez provincial Gonzalo Fernández Bussy por la tenencia de medio ladrillo de cocaína de 509 gramos, una escopeta, una carabina y una tumbera. Después de la exposición de la defensa, el fiscal provincial Rodrigo Urritocoechea pidió que la causa pase al fuero federal y el juez hizo lugar al declarar la incompetencia del fuero ordinario.
Días después, el juez federal Marcelo Bailaque declaró la nulidad del procedimiento de la PAT al considerar que no habían sido documentadas las maniobras de comercialización por parte de los narcos, que luego devinieron víctimas. Y el procedimiento ilegal regresó como un búmeran sobre los agentes.
