Claudio Daniel Coto, detenido el pasado martes por estar sospechado de liderar una banda dedicada a secuestros extorsivos de empresarios o familiares de empresarios, se negó a declarar este jueves cuando brindó declaración indagatoria ante la Justicia federal de San Nicolás. De 62 años, con domicilio registrado en la localidad de Béccar, en el partido de San Isidro, la División Antisecuestros de la Policía lo encontró en un inmueble de alquiler temporario de Martínez, Buenos Aires. Es que allí se resguardaba ante el temor de un arresto como consecuencia de la confirmación de una condena en su contra y por un reciente asalto cometido en Gualeguaychú, donde robó 40 mil dólares.
Fue tarea compleja para los fiscales federales Javier Arzubi Calvo (Rosario), Matías Di Lello (San Nicolás) y Santiago Marquevich de la Ufeco, llegar a Coto. Su voz fue detectada en uno de los secuestros extorsivos, siendo quien daba instrucciones a la víctima pasiva del hecho –quien recibía las comunicaciones para negociar un pago por el rescate–. También es quien, según escuchas telefónicas, gestionaba alquileres temporarios en casas donde después las víctimas eran mantenidas cautivas.
En las intervenciones telefónicas, el presunto cabecilla de la banda solía presentarse como Juan Carlos S. e incluso tenía un DNI trucho con esa identidad. En algunos casos hasta decía ser trabajador portuario. Sin embargo, dejó algunas migas en sus dos cuentas de Facebook que sirvieron a los investigadores.
Otro descuido, poco frecuente en él, fue el haber repetido una misma línea telefónica en el secuestro extorsivo perpetrado el 23 de enero pasado en Villa Ramallo y en el cometido el 10 de octubre de este año en barrio Martin, en Rosario.
Las víctimas que seleccionó para llevar adelante los secuestros no fueron elegidas al azar. En junio de 2021 fueron contra Jorge O., imputado en la megacausa inmobiliaria de Rosario, por quien un grupo de empresarios hizo una “vaquita” para pagar 80 mil dólares y 1.200.000 para su liberación. El segundo –por quien se abonó 600 mil dólares para su rescate– era el hijo de uno de los ocupantes del helicóptero que protagonizó un accidente fatal en el río Paraná a finales de noviembre. Un familiar suyo había quedado involucrado en una presunta denuncia por robo de combustible a YPF. El último, a quien le secuestraron a su pareja y a su hijo de 13 años tuvo una investigación –que no avanzó– en su contra por presunto contrabando de suero. El patrón parecía repetirse al menos en los tres casos: buscaban a personas que tal vez no quieran tener a la Policía en el living de su casa.
Coto tenía antecedentes. Según publicó el sitio web del Centro de Información Judicial, el 4 de mayo del año pasado, fue condenado a 1 año de prisión por el Tribunal Oral Federal Nº 3 de San Martín por haber falsificado un 08. Como tenía una pena previa a 3 años de prisión condicional por la causa de un robo en Concordia, Entre Ríos, la Justicia de San Martín unifico el monto total en 3 años y 6 meses de cárcel, cuyo cumplimiento es efectivo, tras las rejas.
En la antesala de la confirmación de la resolución que lo llevaría nuevamente a prisión, Coto se fue de su casa de San Isidro a otra de Martínez, en Buenos Aires. El objetivo era no ser encontrado en caso de quedar firme el fallo, pero también porque se escondía debido a que semanas atrás había robado 40 mil dólares en un golpe comando en Gualeguaychú.
